20 años para que la teleasistencia llegue a todos los dependientes: 760.000 están sin ella

El escaso desarrollo en la última década de los servicios sociales domiciliarios, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, y complementarios, en el caso de los centros de día, requiere un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, que la gente pueda ser atendida en su casa, o de la manera más parecida posible a un hogar cuando deban ir a una residencia. Así lo ha concluido el Índice DEC 2023, un informe que ha presentado este jueves la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El servicio de teleasistencia es el único que muestra una cierta evolución en los últimos 12 años, al pasar de beneficiar al 8,1% de los mayores de 65 en 2010 a alcanzar al 10,2% en 2022. Si no solo se tiene en cuenta a las personas que superan esta edad, sino también a todas las atendidas a través de la ley de dependencia, el año pasado hubo 37.825 servicios más de este tipo. Pero aún quedan 760.000 ciudadanos en sus casas sin él, si se contabilizan, además, los que están en lista de espera para recibir una prestación o servicio, y que previsiblemente serán atendidos en su domicilio. A este ritmo, se necesitarían 20 años para que la teleasistencia llegue a todos los dependientes.

El informe, basado en datos de 2012 hasta 2023, también revela cómo es el desempeño de las autonomías en servicios sociales: alto, medio, medio bajo, débil o irrelevante. Tras analizar 30 indicadores, alerta de grandes diferencias territoriales: País Vasco, Navarra y Castilla y León ocupan los mejores puestos. A la cola están Madrid, Cantabria y Murcia.

El pasado mayo, había en España 479.492 personas que recibían teleasistencia gracias a la ley de dependencia, apenas un 40% de las 1.169.777 que son beneficiarias de servicios o prestaciones en su domicilio. Las cifras son desalentadoras, según la asociación.

Con el fin de reflotar el sistema de dependencia, fuertemente lastrado por los recortes del PP durante la crisis por la gran recesión económica, el Gobierno puso en marcha un plan de choque para la dependencia entre 2021 y 2023. Se inyectaron 600 millones de euros cada año. Uno de los propósitos era alcanzar el 100% de la cobertura de teleasistencia en diciembre de 2022. Un objetivo aún muy alejado de la realidad para la asociación.

La teleasistencia domiciliaria es un servicio por el cual la persona presiona un dispositivo que lleva constantemente puesto y conecta con una línea telefónica que le permite entrar en contacto verbal, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con un centro que cuenta con profesionales capacitados para dar una respuesta adecuada a la necesidad presentada.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, asegura que “el ministerio contaba con una gran cantidad de dinero, había presupuesto para ofrecer una cobertura total de la teleasistencia, pero también desidia, burocracia excesiva, falta de transparencia y pericia. Este servicio solo cuesta unos 15 euros mensuales por persona”.

Garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven solos ante cualquier tipo de riesgo y acompañar en la soledad es el objetivo del sistema: “Muchas veces aprietan el botón y dicen que se han equivocado, pero, en realidad, necesitan decirle a alguien que todavía viven”.

Ramírez explica que “el 94% de los residentes en España, según datos del Imserso, quiere vivir en su hogar hasta el fin de su existencia”. Por ello, la desinstitucionalización es el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales. Con ella pretende lograr que las personas puedan ser atendidas en su casa y mantengan su proyecto vital en su entorno habitual, aunque precisen apoyo para las actividades básicas de la vida diaria. “Ese es el propósito, pero los datos dicen lo contrario”, reprocha el presidente de la asociación.

Para él, vertebrar y descentralizar los servicios sociales en las entidades locales, como los ayuntamientos y las diputaciones, son medidas esenciales para lograr la eficiencia del sistema. “Gastar más no significa necesariamente hacerlo mejor. El éxito está en realizar las cosas desde la cercanía”, asegura.

El servicio asistencial más importante es la ayuda a domicilio, pero su cobertura apenas ha variado: solo 8 décimas, del 4,7% en 2010 al 5,5% en 2022 para las personas mayores de 65 años. Es muy baja, según denuncia la entidad. “Esta ayuda no es compatible con la prestación de cuidados familiares y con la prestación del centro de día, mientras la teleasistencia no llega a la mayoría de personas. Todo ello deriva en que los ciudadanos acaban yendo a una residencia porque no pueden vivir en su casa”, lamenta Ramírez.

Los datos también son malos para la cobertura de los centros de día, donde se muestra una nula evolución desde 2010, cuando solo un 0,7% de los mayores de 65 años utilizaban estos recursos. Otro de los objetivos del plan de choque era la mejora de las ayudas y los servicios. Pero lejos de incrementarse, la prestación por cuidados en el entorno familiar ha reducido su cuantía un 1,05%, pasando de 239 euros mensuales de media en 2022 a 236,49 en 2023. Si no hay una “apuesta económica fuerte”, advierte la asociación, “se generarán expectativas irreales que quedan muy lejos de cumplirse”.

Pero el informe no solo evalúa datos a nivel nacional. Desde 2014 aumenta el gasto de las administraciones autonómicas y las entidades públicas en servicios sociales. En 2022 este incremento fue de 49,3 euros por persona y año respecto al 2021, alcanzando los 512,03 euros. También crece casi un punto el porcentaje del presupuesto que los gobiernos destinan a servicios sociales, pasando del 9,27% al 10,24%. No obstante, la proporción del PIB que supone este gasto se reduce por segundo año consecutivo. “Cada vez en España somos más ricos, pero el aumento de la inversión en servicios sociales no es acorde con el incremento del nivel de vida. Habría que destinar más dinero”, explica Ramírez.