Marruecos pugna contra la ley del silencio impuesta a diario sobre centenares de abortos clandestinos

Marruecos se dispone a reformar la Mudawana o Código de Familia de 2004, en un lento proceso de reconocimiento de derechos de las mujeres, mientras el Código Penal de 1962, que tipifica como delito de interrupción voluntaria del embarazo tras una violación con hasta dos años de cárcel, sigue vigente. A pesar de la aparente ley del silencio impuesta sobre el aborto ―solo autorizado ahora si existe peligro...

Marruecos se dispone a reformar la Mudawana o Código de Familia de 2004, en un lento proceso de reconocimiento de derechos de las mujeres, mientras el Código Penal de 1962, que tipifica como delito de interrupción voluntaria del embarazo tras una violación con hasta dos años de cárcel, sigue vigente. A pesar de la aparente ley del silencio impuesta sobre el aborto ―solo autorizado ahora si existe peligro para la vida de la madre―, el debate sobre su despenalización agita la sociedad del país magrebí. En un informe que acaba de presentarse en Rabat, Amnistía Internacional alerta de los devastadores efectos que su criminalización produce sobre las marroquíes que se someten a prácticas abortivas de riesgo sin supervisión médica.

“El aborto clandestino es un asunto muy sensible”, reconocía el pasado enero ante el Parlamento el ministro de Sanidad, Jalid Ait Taleb, quien aseguró que una mayoría social se inclina por “exonerar de responsabilidad penal los casos de fuerza mayor, como los embarazos de alto riesgo, los derivados de violación o incesto y los que impliquen malformaciones congénitas del feto”. El propio rey Mohamed VI abrió en 2015 el debate para su despenalización y el Gobierno llegó a presentar un proyecto de ley sobre la materia, pero desde 2016 el proceso legislativo sigue paralizado, a la espera de una amplia reforma del Código Penal que no acaba de plasmarse en un texto.

Las asociaciones marroquíes de defensa de los derechos humanos estiman que cada día se practican hasta 800 abortos clandestinos frente a los 200 autorizados en centros médicos. Con la legislación penal vigente, las mujeres que aborten voluntariamente pueden ser condenadas a una pena de entre seis meses y dos años de cárcel, y las personas que practiquen las intervenciones, a entre uno y dos años de cárcel.

“En 2015 presentamos un memorando para reformar el Código Penal sobre la penalización del aborto, pero desafortunadamente nuestras alegaciones no fueron escuchadas”, recuerda Jadiya Ryadi, expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “Rechazamos que las mujeres sigan siendo detenidas y juzgadas por haber decidido no tener un hijo, ya que son su salud física y psíquica las que están en juego”, sostiene la veterana militante de izquierda, quien considera que la revisión del Código Penal debería haberse producido antes que la de la del Código de Familia.

“Mientras las reivindicaciones de lucha contra la corrupción y de mayor transparencia y libertades políticas unen a la mayoría de la sociedad civil, la cuestión del aborto o de las relaciones sexuales consentidas entre adultos la dividen [entre religiosos y laicos]”, advierte Ryadi. El mismo Código Penal de 1962 castiga en su artículo 490 con hasta un año de cárcel las relaciones extramatrimoniales, y hasta con dos años si son adúlteras. Estas condenas se suman en muchos casos a las impuestas por interrupción voluntaria del embarazo y quedan también reflejadas en sus antecedentes penales.

Farah (nombre ficticio para preservar su identidad) declaró a los investigadores de campo de Amnistía Internacional que había sido violada por un colega de trabajado cuando se encontraba inconsciente a causa de un choque insulínico. Cuando comprobó que estaba embarazada intentó abortar en el sistema sanitario, pero los ginecólogos rechazaron su petición. Fue despedida para que su situación no afectara a la “reputación de su empresa”. “Probé con toda clase de plantas de un herborista y bebí todo tipo de preparados, que me causaron dolores insoportables. Me introduje un palo por la vagina, lo que me produjo una infección. Lo intenté todo, pero el embarazo continuó hasta el final. Llegué a pensar en el suicidio”, detalla Farah en el informe Mi vida está rota, presentado la semana pasada en la capital marroquí, sobre la urgencia de despenalizar el aborto.

Delitos sexuales

La feminista Jadiya Ryadi destaca que tras el bloqueo a la reforma del Código Penal se ocultan tácticas, como las denunciadas por la ONG Human Rights Watch en un informe, de las autoridades marroquíes para acallar a los disidentes políticos con condenas de cárcel por supuestos delitos sexuales. La periodista Hajar Raissuni fue detenida en 2019 tras ser acusada de someterse a un aborto ilegal, y de los cargos de mantener relaciones sexuales sin estar casada. Trabajaba para Ajbar al Yaum, cuyo director, Taufic Buachrín, había sido condenado el año anterior a 12 años de cárcel por varios delitos de índole sexual. La línea editorial de este diario proislamista, que dejó de publicarse en 2021, era crítica con la política estatal. Raissuni fue sentenciada a un año de cárcel antes de ser indultada por el rey Mohamed VI.

Amnistía Internacional considera que la falta de medidas para garantizar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo y cuidados posteriores tras una intervención “sin riesgos y de calidad” da lugar a violaciones del derecho a la vida, la salud, la dignidad, la autonomía corporal, la igualdad y la no discriminación de mujeres y niñas, y de su derecho a no sufrir malos tratos. “La legislación y las prácticas discriminatorias marroquíes privan a las mujeres del derecho a decidir de forma autónoma y las fuerzan a llevar a término sus embarazos, independientemente de sus consecuencias, lo que favorece la violencia, la discriminación y la pobreza vinculadas al género”, advierte Amjad Yamin, director regional adjunto para el Norte de África de la organización.

Los hijos no reconocidos de madres solteras forzadas a llevar su embarazo hasta el final carecen de filiación paternal, derecho de alimentos y derechos sucesorios, aunque existan pruebas biológicas de ADN que confirmen la paternidad. Las madres no casadas tampoco tienen garantizado el derecho a recibir el libro de familia, indispensable para obtener documentos oficiales que dan acceso a los servicios sociales, sanitarios o educativos.

Además de los debates públicos, la ley del silencio sobre el aborto se rompe en Marruecos con obras como la novela gráfica Des femmes guettant l’annonce (Mujeres esperando el anuncio), con guion de la marroquí Fedwa Misk e ilustraciones de la francesa Aude Massot. El libro narra la historia de varias mujeres que viajan desde Casablanca a Agadir (en el sur de Marruecos) para intentar abortar. “Es un viaje burlesco, pero también grave, en el que ellas pasan por consultas médicas, curanderas y herboristas, con muchos encuentros que les llevan a situaciones tragicómicas”, resume Misk en declaraciones recogidas por la agencia Efe en el Salón Internacional del Libro y la Edición celebrado la semana pasada en Rabat, donde se presentó su obra en formato cómic.