Condenado un cura a siete años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros por abusar de un menor en el seminario de Toledo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Audiencia Provincial de León ha condenado ...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Audiencia Provincial de León ha condenado a siete años de cárcel y al pago de una indemnización de 40.000 euros al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor del seminario menor de Toledo entre 2005 y 2007. Es un caso destapado por este diario en 2021 y que el entonces obispo de la capital toledana, Braulio Rodríguez, conoció durante al menos 12 años sin tomar medidas ni atender a la víctima, antes de apartar al cura en 2021. El joven, que ha tenido que soportar una espera de siete años hasta el juicio y la sentencia desde que denunció los hechos, también ha presentado una denuncia en el Vaticano para que investigue las negligencias y el posible encubrimiento del caso por parte de la archidiócesis de Toledo.

Toda la actuación del arzobispado de Toledo está bajo sospecha. El actual portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Francisco César García Magán, que es obispo auxiliar de la archidiócesis, se negó a dar explicaciones del caso a preguntas de este diario en su primera rueda de prensa, en noviembre de 2022, y solo aseguró que la diócesis “ha hecho los deberes”, si bien aún hoy el arzobispado nunca ha aclarado cuándo abrió un proceso canónico al sacerdote ni su resultado. La archidiócesis de Toledo, consultada por este diario, no ha querido hacer por el momento ninguna valoración de la decisión judicial.

El joven seminarista y su madre declararon que comunicaron el caso a algunos sacerdotes y al arzobispo a partir de 2008. El sacerdote lo confirmó en el juicio, como señala el texto de la sentencia: “A través del rector —en 2009— le dijeron que se había puesto la denuncia. No sabe qué es lo que dijo D. Braulio —el arzobispo—”. Según indicó el fiscal, la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”. La archidiócesis nunca llamó a la víctima para escucharla ni atenderla, ni siquiera para tomarle la obligatoria declaración que debe hacerse en el proceso canónico que asegura haber abierto. La primera llamada a la víctima se produjo precisamente en noviembre de 2022, al día siguiente de que este diario preguntara por el caso en rueda de prensa a García Magán, obispo auxiliar de Toledo, en su estreno como secretario general de la CEE.

Desde las primeras denuncias de la familia, pasaron cinco años hasta que el sacerdote fue sacado del seminario en 2015, un internado de educación secundaria y bachillerato, y enviado como rector de la iglesia de San Ildefonso y santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. La archidiócesis sostiene que la primera noticia que tuvo del caso fue con la denuncia presentada en un juzgado en junio de 2016. Aun así, tardó cinco años más en tomar medidas cautelares con el acusado. Y en 2020, con la investigación abierta en los tribunales y ya con Francisco Cerro como arzobispo, el cura incluso pasó temporadas en Perú, en el seminario de Moyobamba, donde también hay menores y que es un centro que mantiene lazos con la archidiócesis toledana. Permaneció allí al menos entre enero y mayo, según la información del centro latinoamericano. Ese año, Cerro también nombró al procesado miembro de la vicaría para el clero. Finalmente, Rodríguez Ramos fue apartado de sus cargos en 2021, solo con el anuncio del procesamiento.

El tribunal recoge como hechos probados las acusaciones del relato de la víctima. En 2004, cuando tenía 12 años, Rodríguez Ramos se convirtió en su director espiritual, confesor y persona de confianza, “como consecuencia del rechazo y acoso que sufría por parte de varios de sus compañeros”. “La conducta del acusado fue de seducción mantenida, aprovechándose de la edad y vulnerabilidad del menor y aumentando la intensidad de los abusos”, describe la sentencia, que subraya la “posición de prevalimiento, de superioridad dada la situación” del menor, y cómo se aprovechó “de manera clara a inapelable de esa superioridad más si se quiere cuando no solo era un menor, sino persona vulnerable por la situación de acoso o rechazo por parte de otros muchos de sus compañeros”.

A partir de 2005 y hasta 2007, los encuentros con el menor “fueron constantes y, en ellos, Pedro Francisco Rodríguez Ramos, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, cometió abusos en diversos momentos. En 2005 los encuentros “se producían de noche, cuando sus compañeros estaban acostados”, lo sentaba en sus piernas, lo abrazaba y le daba besos en la cara. En 2006 le dio un primer beso en la boca, pasó a las caricias, durmieron juntos una noche y en julio, en el Encuentro de las Familias que se celebró en Valencia con motivo de la visita del Papa, durmieron en la playa, donde el cura comenzó a “abrazarle, besarle y acariciar sus nalgas”.

Una semana después fueron juntos a unos ejercicios espirituales en una residencia de monjas en La Bañeza (León), donde se produjo el episodio más grave hasta ese momento, y razón de que la denuncia se presentara en León. Se produjeron tocamientos de genitales y “en un momento dado, cuando estaban tumbados, dirigió la cabeza del menor hacia su pene y se lo introdujo en la boca, viéndose obligado a realizarle una felación”. Ante el descontento de la víctima por lo ocurrido, “el acusado le dijo que eso no era pecado y que no se lo contara a nadie”, señala el tribunal. En los meses siguientes hubo otras escenas de tocamientos y masturbación. “Los actos consistentes en besos, caricias y tocamientos se produjeron hasta el verano de 2007″, concluye la resolución, que indica que estos actos han ocasionado a la víctima “un trastorno ansioso depresivo por el que ha tenido que ser atendido médicamente en numerosas ocasiones y que persiste a pesar de los tratamientos”.

El tribunal considera que la versión de los hechos del denunciante “es totalmente creíble y no hay rastros de invención o simulación”. “Durante todo el periplo procedimental, el querellante ha mantenido, en lo sustancial, la misma versión de los hechos denunciados. Su declaración ha sido rica en detalles y, al menos, desde la inmediación totalmente creíble. En su relato en el acto del juicio, no hemos apreciado dudas, contradicciones, inestabilidad o evidencias de actuar por móviles de resentimiento o venganza”, concluye.

En el pasado, el sacerdote condenado ejerció como vicario parroquial en Villacañas, Toledo, en los años noventa. También pasó por el seminario menor de Mora, en la misma provincia. Después fue trasladado a Granada, donde fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Guadix. Luego regresó a Toledo y fue nombrado director espiritual del seminario menor en 2004.

Rodríguez Ramos no es el único acusado de abusos que ha pasado por el seminario menor de Toledo. Otro cura, José Luis Galán Muñoz, condenado a ocho años de cárcel en 2021 por abuso de menores en Talavera de la Reina, era profesor del centro en los mismos años y fue secretario de estudios. En este caso, una joven le acusó de abusos cuando era director espiritual de su colegio, Hijas de María Nuestra Señora, de Talavera, entre 2010 y 2014. Tras presentar una denuncia, escribió al papa Francisco y al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y solo después el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, abrió un proceso canónico y lo trasladó como capellán a un convento en 2018. La actuación de Braulio Rodríguez también está bajo sospecha en Salamanca, su anterior destino como obispo de 1995 a 2002, donde desoyó los abusos de un sacerdote condenado finalmente en 2014 por un tribunal canónico. En este caso, no obstante, las tres víctimas conocidas hasta ahora aún esperan, casi una década después, una reparación de la diócesis de Salamanca.