“Derechos de papel”: prestaciones reconocidas que no llegan a las personas mayores y en riesgo de exclusión

El estancamiento de los servicios sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción propician un sistema de protección “de derechos de papel”, según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha explicado que muchas personas no reciben su prestación correspondiente. “Simple...

El estancamiento de los servicios sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción propician un sistema de protección “de derechos de papel”, según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha explicado que muchas personas no reciben su prestación correspondiente. “Simplemente, tienen anuncios y papeles publicados en boletines”. Así lo ha reivindicado este viernes en la presentación del Índice DEC 2022 (IDEC), un informe anual que valora la situación de la asistencia social en España.

Las plazas de residencias públicas apenas han aumentado desde 2019, pero el deterioro es más acusado en el servicio de teleasistencia, que no llega al 10% de la población mayor de 65 años. Los datos son también negativos para la prestación de ayuda al domicilio, pues solo mantiene una cobertura del 5% desde 2018. El único dato positivo se refleja en el aumento del tiempo de asistencia por beneficiarios. Las personas en situación de dependencia disponen ahora de 20 horas mensuales mínimas de atención.

Según los representantes de la asociación, la implantación del Ingreso Mínimo Vital —destinado a cubrir carencias económicas de personas y familias—, puede permitir a las autonomías destinar todos los recursos de sus Rentas Mínimas de Inserción para favorecer la inclusión social. Sin embargo, los profesionales de servicios sociales denuncian que los 1.500 millones de euros correspondientes a esas rentas mínimas no se hayan destinado a este tipo de partidas sociales. “Hay comunidades autónomas haciendo caja con el Ingreso Mínimo Vital y con la dependencia. No hay derecho, es inhumano”, ha reivindicado el coordinador del estudio, Gustavo García.

Las diferencias presupuestarias entre las autonomías españolas son importantes. El porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas del País Vasco y Canarias destinan a los servicios sociales triplica al de la Comunidad de Madrid. Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción, Murcia los ha reducido un 62%. El único aspecto donde todas las comunidades autónomas coinciden es en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales de nueva generación —solo faltaba por incorporarse la Comunidad de Madrid y ya lo ha hecho—.

El IDEC evalúa a todas las autonomías por igual. Puntúa la cobertura en una treintena de indicadores divididos en tres apartados: los derechos reconocidos, la inversión económica y la cobertura de servicios. Dos comunidades autónomas han sido premiadas, Castilla y León y Navarra, sin listas de espera para las personas dependientes. A la cola del ranking se sitúan la Comunidad de Madrid, Cantabria y Murcia.

La prestación en servicios sociales mejoró desde 2014 hasta 2021, cuando se estancó. Aun así, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha reconocido al Gobierno la importancia de la aprobación del incremento presupuestario en el sistema de atención a la dependencia este año. García desea mejores resultados para el siguiente estudio —que se publicará el próximo año— e insiste: “Hay que reducir la retórica y aumentar la práctica”.