La Guardia Civil se incauta de más de 28 toneladas de comida en mal estado en la Operación Potacar

La Guardia Civil se ha incautado de más de 28 toneladas de alimentos en mal estado. Según fuentes del cuerpo en Aragón, la investigación se inició en noviembre de 2021 y ha sido “muy laboriosa”, porque ha incluido registros a almacenes y establecimientos en diferentes provincias. En la denominada Operación Potacar se han realizado inspecciones a más de 90 empresas, se ha detenido a ocho personas y se investiga a otras 81 en Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia por presuntos delitos de estafa, contra la salud p...

La Guardia Civil se ha incautado de más de 28 toneladas de alimentos en mal estado. Según fuentes del cuerpo en Aragón, la investigación se inició en noviembre de 2021 y ha sido “muy laboriosa”, porque ha incluido registros a almacenes y establecimientos en diferentes provincias. En la denominada Operación Potacar se han realizado inspecciones a más de 90 empresas, se ha detenido a ocho personas y se investiga a otras 81 en Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Consumir alimentos caducados es peligroso para la salud, sobre todo para personas vulnerables.

Hace dos años, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Zaragoza recibió varias informaciones en las que se denunciaba que un establecimiento hostelero estaba ofreciendo a los clientes productos caducados. A partir de ahí, los agentes comenzaron a indagar la procedencia de los productos, que procedían de un almacén. Allí se realizó una inspección en la que se comprobó que había “una serie de irregularidades en el etiquetado, productos que habían superado la fecha de consumo, y otros que se tenían que vender frescos y en su lugar se congelaban para venderlos más tarde, lo que es un riesgo para la salud”, explican fuentes de la Guardia Civil en Aragón.

“La investigación ha durado dos años y ha sido muy laboriosa, porque los agentes del Seprona de Zaragoza se trasladaron a diferentes provincias para realizar más inspecciones”, señalan las mismas fuentes. El Seprona —en colaboración con los servicios veterinarios del Departamento Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía—, ha inspeccionado almacenes de distribución ubicados en las provincias de Zaragoza, Valencia y Almería.

La primera inspección tuvo lugar en las instalaciones de una empresa ubicada en Cuarte de Huerva (Zaragoza), donde se intervinieron 1.222 kilos de alimentos que presentaban irregularidades al haber sido reetiquetados con ampliación de la fecha de caducidad o consumo preferente. Tras el análisis de la trazabilidad, los investigadores confirman la comercialización de diversos lotes a otros establecimientos con fechas superadas.

En una segunda inspección a otra empresa en Zaragoza, la Guardia Civil ha incautado 1.708 kilos de productos en idénticas circunstancias: fechas de consumo caducadas, así como alimentos que debían haberse comercializado como producto fresco, y que fueron congelados antes de su fecha de caducidad y puestos a la venta posteriormente con la fecha rebasada.

Además de esta empresa, fueron inspeccionados otros 19 establecimientos en las localidades de Calatayud, Alagón, La Puebla de Alfindén, Cuarte de Huerva y los barrios de Monzalbarba y Santa Isabel, en los que el Seprona detectó irregularidades.

En otra inspección, los investigadores se trasladaron a la localidad valenciana de Xirivella y, junto con inspectores del Departamento de Sanidad de la Comunidad Valenciana, descubrieron una empresa que comercializaba productos con la fecha de caducidad vencida e irregularidades en el etiquetado, y cuyo género estaba pendiente de ser introducido.

Además, en esta tercera fase que se desarrolló durante meses, se inspeccionaron numerosos establecimientos en Zaragoza, Alfajarín, La Puebla de Alfindén, Casablanca, Villanueva de Gállego, Zuera; Almudévar (HU); Benicassim (Castellón); Xirivella, Godella y Liria (Valencia); Elda (Alicante); Huercal y Huercal Overa (Almería); Murcia, Puerto Lumbreras, Cartagena y Mazarrón (Murcia).

En total, los agentes han retirado 28.196 kilos de productos no aptos para consumo humano, es decir, 28 toneladas. “En todos los casos, se determinó que los productos no eran aptos para el consumo humano y se procedió a destruilos”, apuntan fuentes de la Guardia Civil en Aragón.

Durante la última fase, el Seprona e inspectores del Departamento de Sanidad de Aragón realizaron otras 45 inspecciones en distintos establecimientos de la provincia e intervinieron 6.993 kilos de productos irregulares. La mayoría de los alimentos se localizaron en una empresa de Zaragoza que suministraba productos cárnicos a otros establecimientos.

Pota y carne

La Guardia Civil no ofrece datos sobre el nombre de las empresas investigadas. En cualquier caso, señala que en el transcurso de la operación se inspeccionaron 96 establecimientos en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía y se detectaron 60 empresas involucradas. En total, han sido detenidas ocho personas y se investiga a otras 81 por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Los nombres de este tipo de operaciones suelen basarse en alguna referencia lejana a lo investigado. En este caso, fuentes de la investigación señalan que tiene que ver con pescado (pota, como se conoce al calamar en varios lugares del norte) y la carne (car); de ahí la mezcla de pota-car.

Consumir alimentos caducados es peligroso para la salud, puesto que puede causar intoxicaciones alimentarias, muy peligrosas para las personas vulnerables: mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos y aquellos que tengan un sistema inmunitario débil. Los productos con la fecha de caducidad vencida pueden tener patógenos como salmonella, listeria y escherichia coli, entre otros.