Las grietas del sistema que falló a Maialen, la mujer asesinada en Vitoria

Jaime Roca huyó de Vitoria en un taxi. En un peaje de la AP-68, cuando el coche atravesaba la provincia de Zaragoza, la Guardia Civil dio el alto al vehículo y detuvo al pasajero. Eran las 20.35 del domingo 28 de mayo. Ese hombre de 34 años, valenciano, acababa de asesinar a su expareja en la habitación de un apartahotel. Lo hizo delante de la hija de ambos, de tres años, y se marchó dejando allí a la pequeña, con el cadáver de su madre, de 32, emb...

Jaime Roca huyó de Vitoria en un taxi. En un peaje de la AP-68, cuando el coche atravesaba la provincia de Zaragoza, la Guardia Civil dio el alto al vehículo y detuvo al pasajero. Eran las 20.35 del domingo 28 de mayo. Ese hombre de 34 años, valenciano, acababa de asesinar a su expareja en la habitación de un apartahotel. Lo hizo delante de la hija de ambos, de tres años, y se marchó dejando allí a la pequeña, con el cadáver de su madre, de 32, embarazada de algo más de tres meses de gemelos, también de su presunto asesino. Sobre él había, vigente y desde hace meses, una orden de alejamiento que le impedía acercarse a ella a menos de 500 metros. Aun así, se veían. Convivían por temporadas, iban a ser padres de nuevo. Y las autoridades lo sabían. Maialen estaba registrada en el sistema del Ministerio del Interior como un caso de violencia machista de riesgo alto. Su expediente constaba a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza.

Cómo pudieron darse las circunstancias para que ocurriera es algo que la investigación que ha abierto la Ertzaintza debería poder explicar. Por el momento, lo que se conoce es una cronología salpicada de cambios de residencia y viajes de ambos —Málaga, Valencia, Vitoria—, de ideas sobre el amor que impiden percibir la violencia, y de grietas institucionales por las que esa violencia acabó colándose.

No se sabe cuándo comenzó la relación, pero hace al menos tres años y medio. El 22 de diciembre de 2021 se casaron y ese mismo día bautizaron a su hija. Tampoco se conoce cuándo comenzó la violencia, pero la primera vez que Maialen entró al sistema policial tuvo que ser hace al menos seis meses, y en Málaga, porque la orden de alejamiento fue ordenada por un juzgado de Torremolinos. Por eso, a principios de este año, la Ertzaintza tuvo conocimiento por primera vez de la existencia de Maialen como víctima de violencia de género, y de la imposición judicial que pesaba sobre Roca. Fue el domingo 29 de enero.

Ambos estaban en un hotel en Vitoria, de donde era ella, y la policía autonómica supo de este caso por “una comunicación que se recibió por parte de los responsables y trabajadores del hotel donde se alojaba la pareja, con nombre falso”, contó el lunes 29 de mayo el vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. “Llamó la atención de la persona que se ocupaba de la recepción del hotel que el nombre con el que oficialmente se habían registrado fuera uno y, sin embargo, en su relación coloquial y directa, se llamaran con nombres diferentes”.

Se efectuaron entonces las “primeras investigaciones” y la primera “recogida de información”. La Ertzaintza contactó con ella. “Se mantiene una entrevista y la mujer confirma los extremos que constan en el expediente, pero dice que ella no se sentía agredida ni se sentía en peligro. Que tenían una relación de afectividad que ella quería mantener, que estaba trabajando por la retirada de esa orden de alejamiento, y que su quebrantamiento era consentido por ambas partes. La relación la mantenían consciente y deliberadamente ambas partes”, dijo Erkoreka. Los agentes hacen un primer atestado y lo ponen en conocimiento del juzgado correspondiente en el que se incluye “el quebrantamiento de la orden, que es el delito del que se tiene constancia en ese momento”.

Maialen y Roca desaparecen de Vitoria. Porque esa ciudad, como confirmó el vicelehendakari, “no era su residencia habitual”. Y vuelven a la Comunidad Valenciana, de donde era él.

Se fueron a Castellón y, en esos meses, él publicó mensajes en sus redes sociales desde El Puerto de Sagunto y Valencia. En abril, ambos llegaron a Burriana, una localidad de 35.000 habitantes al sur de la provincia de Castellón. Allí, Maialen acudió varias veces a las autoridades para intentar dejar sin efecto la orden judicial que le otorgaba protección y que, en principio, debería haberla mantenido al menos a medio kilómetro de distancia de él. La última vez que fue a las autoridades, fue para contarles que quería marcharse. El 18 de mayo, “la Guardia Civil de Burriana entra en contacto con la Ertzaintza para comunicar que Maialen les había transmitido su voluntad de trasladar su residencia de Burriana a Euskadi, y ese día se traslada a Euskadi”, explicó Erkoreka.

Víctima de riesgo

Ella constaba como víctima de riesgo alto en la Comunidad Valenciana, uno de los más altos en la clasificación con el que se siguen los casos de violencia machista, y la Guardia Civil era consciente del peligro que corría. En ese contexto, los agentes valencianos decidieron acompañarla hasta allí. Así, la seguridad de Maialen pasó a manos de la Ertzaintza, cuyos procedimientos para los casos de violencia machista son autónomos, como también lo son los de Cataluña. Ninguno de los dos territorios está dentro del Sistema VioGén, el procedimiento previsto para seguir a estas víctimas en el territorio español.

Cuando llegó a Vitoria, “la Ertzaintza entra inmediatamente en contacto con ella para evaluar el nivel de riesgo que se pueda producir o en el que se pueda encontrar”. Al día siguiente, el 19 de mayo, “se tuvo una larga conversación con ella” y, en esa primera entrevista, “la víctima ratifica el testimonio que había prestado en enero”, siguió el lunes narrando Erkoreka. Y repitió: “Vuelvo a insistir en que el quebrantamiento de la orden es voluntario y consentido por ambas partes, que la relación no generaba miedo en ella, y que su deseo era poder establecer una relación de afectividad con plena normalidad y sin ninguna incidencia de expedientes policiales o judiciales”.

De nuevo en su ciudad, Maialen volvió a alojarse en un apartahotel —también con nombre falso—, el Líbere, antiguo hotel Barceló, ubicado en el número 45 de la avenida de Gasteiz. Mientras, la Ertzaintza había procedido a investigar de nuevo el caso y a hacer su propia evaluación del riesgo a través de su sistema, el EBA. El vicelehendakari no dio muchos más detalles: “Las primeras diligencias son policiales y la evaluación del riesgo en primer lugar requiere intervención policial y la aplicación de los criterios establecidos por la propia policía para evaluar el riesgo, sobre todo a partir de la información que da la mujer. Ella es la principal suministradora de la información de su situación, e indagaciones alternativas, en contraste con la información de Policía Nacional y Guardia Civil”.

Afirmó que también “se habló con él”, con Roca, al menos la primera vez que estuvieron en Vitoria, en enero. E insistió a lo largo de toda la comparecencia en el relato de Maialen: “En mayo, la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”. Nueve días después, ella no llegó a la comida que tenía con su familia.

“Cuando detectan que no se presenta, se acercan al apartahotel y descubren el cuerpo de Maialen y a la criatura”, explicó Erkoreka. La niña quedó bajo custodia médica y “aparentemente en buena situación de salud”. Se atendió a los familiares y la investigación se abrió de inmediato. El primer visionado de las cámaras de seguridad apuntó hacia Roca y hacia su posible huida a la Comunidad Valenciana. La Ertzaintza avisó a la Policía Nacional y la Guardia Civil y, en unas horas, uno de los controles del instituto armado en Zaragoza lo detuvo en el taxi en el que intentaba escapar.

El viernes, 2 de junio, al comité de crisis sobre violencia machista en el Ministerio de Igualdad, en Madrid —que reúne a los ministerios de Interior, Igualdad, Justicia y las autonomías donde se producen los asesinatos—, faltó País Vasco. Estaban teniendo la reunión de su propia comisión en la capital alavesa, en la sede de Emakunde —el Instituto Vasco de la Mujer—. Tras ella, en rueda de prensa, comunicaron que la Ertzaintza estaba haciendo “un análisis profundo” de lo que había sucedido en el asesinato de Maialen, con el objetivo de “revisar los protocolos que sean necesarios y mejorar la coordinación con el resto de [las] instituciones y [los] agentes implicados en la protección de las mujeres: fiscalía, judicatura, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Las grietas del sistema

En este caso, toda esa cadena “falló”, dice Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género y médico forense, quien ve “dos principales errores”. Uno es no haberle puesto un dispositivo a un hombre en un caso de riesgo extremo. El otro, incidir en que no se tomaron medidas por la percepción del riesgo de la propia víctima, “cuando se conoce que las mujeres víctimas de violencia machista minimizan el riesgo hasta el punto de que entre un 70% y un 80% no denuncian”; de media, tardan ocho años en hacerlo. Así, alega Lorente, “no se puede consensuar con la víctima las medidas más adecuadas. Primero, porque son disposiciones judiciales y una medida judicial no es opinable, y, segundo, [porque eso] demuestra que el sistema se preocupa mucho más de minimizar las medidas, contando incluso con el argumento de que ella no percibía riesgo: victimizándola aún más, haciéndola responsable”.

El médico explica que una mujer que ha convivido con un maltratador necesita, de base, una red profesional de apoyo y terapia para recuperarla de las consecuencias de ese maltrato: “Sabemos lo que produce la violencia en el plano cognitivo y emocional. Si no rompes con eso que se ha construido en el círculo de la violencia ―la culpabilización, la normalización de esa violencia, la idea de que a pesar de todo te quiere y todos los mitos del amor romántico que se conocen― la opinión de la víctima va a ir en contra de la propia víctima, y el Estado tiene que saberlo. Que la víctima no vea peligro es normal. Que no lo vean las instituciones es para asumir responsabilidades”.

En uno de los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas, aparecen algunas de las medidas posibles, que pueden ser vigilancia electrónica del imputado, vigilancia policial no continuada o protección permanente durante las 24 horas del día. “A estos efectos”, se lee en ese protocolo, “deberá tenerse en cuenta lo siguiente: en ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre albedrío de la víctima. Siempre que sea posible se hará recaer en el agresor el control policial del cumplimiento de la orden de protección o medida de alejamiento”.

Ninguna de esas cuestiones se aplicaron en el caso de Maialen. Roca, además, se saltaba esa orden de forma continua. “En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento, se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que se procederá a la inmediata detención del infractor”, fija también ese protocolo. Y aquí recuerda Lorente que la alusión de Erkoreka a que “el quebrantamiento de la orden es voluntario y consentido por ambas partes” es “totalmente errónea”.

El Tribunal Supremo ya fijó criterio sobre esta cuestión en 2008 —en el acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, del 25 de noviembre de 2008—: “El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468 del Código Penal”. Lorente ahonda sobre esto: “El quebrantamiento voluntario es manipular la realidad, la víctima no tiene ninguna restricción, es él quien tiene la orden y él quien se la salta. No se puede perder de vista nunca la dependencia emocional, el enganche, que las víctimas tienen de sus maltratadores”.

El exdelegado, que lleva décadas conociendo y analizando los entresijos de la violencia machista, recuerda que “hay infinidad de casos en los que ellos las llaman, les dicen que necesitan hablar, que vayan a verlos, que solo quieren aclarar las cosas. Si ellas van voluntariamente, no están quebrantando nada, pero ellos tienen que salir disparados. Lo contrario es volver a poner la responsabilidad en la víctima”. Insiste en dos cuestiones: en que “ella no quebranta nada, no es un quebrantamiento, es un acercamiento, y la responsabilidad es de él”. Y en una grieta institucional: “Si te has saltado, como Estado, la parte de asistir a la víctima para recuperarla de ese círculo de la violencia, lo que ocurra después es parte de haberte saltado esa parte, porque si se hubiera hecho, seguramente esa mujer ya no querría hacer ese acercamiento voluntario”.

Según la OMS, “la violencia se puede predecir y prevenir” y “la predicción debe estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento violento”. En España, para eso, los sistemas de predicción de riesgo tienen indicadores. Otro protocolo, el de valoración de riesgo, dice que “para los casos en los que la potencial víctima de la violencia está identificada, como ocurre en la violencia de pareja, la investigación indica que resulta de interés atender a los factores de riesgo de victimización”. Y señala que, en violencia machista, “se ha comprobado que la autopercepción subjetiva de riesgo por parte de la víctima es un factor con gran fuerza de asociación con la predicción de la reincidencia y, como tal, es incluido en muchas de las guías de valoración del riesgo de violencia de pareja”.

Indicadores de riesgo: embarazo, menores a cargo, reanudar la convivencia

En el formulario del sistema VioGén hay un apartado dirigido a conocer la percepción que tiene la víctima de su propio riesgo, “si bien, después de registrar la respuesta de la víctima, el profesional que realiza la valoración tiene que responder a una respuesta de control para establecer en qué medida la víctima puede estar infravalorando su riesgo”, se lee en el protocolo. Entre los indicadores de riesgo de la víctima están: haber “reanudado la convivencia con el agresor”; “se niega a declarar o se retracta”; “realiza otras actividades que van en contra de su propia seguridad”; “se encuentra en periodo de gestación” o “la víctima tiene menores o familiares a su cargo”. En el apartado del agresor, están, entre otros: “el agresor muestra una actitud pacífica” o “se ha llegado a poner en contacto con la víctima cuando pesaba sobre él, en vigor, una medida de alejamiento o una prohibición para comunicarse con ella”.

En todos ellos está la historia de violencia de Maialen y Roca. A través de todo este caso, según Lorente, se percibe cómo “al final se le da mucha más credibilidad al relato de la violencia que al delito”. El relato es lo que creemos y el delito es la respuesta a la agresión, y “el relato no es una construcción individual, sino social y cultural”.

¿Por qué una víctima cree que no hay peligro? “Porque social y culturalmente se parte de una idea de que le puede pasar a cualquiera, que no está bien, pero que estas cosas pasan en las relaciones de pareja. En esa construcción de la violencia, esta se normaliza, y luego se fragmenta para explicarla. Es la idea de que hay una relación con agresiones puntuales, pero no una relación violenta. Entienden que tienen algo de culpa, y eso se une a la idea de miedo: da más miedo no quedarse en la relación que gestionar la relación, porque se piensa en el compromiso, en que se ha adquirido ese compromiso y no se puede romper: que hay que intentarlo, más cuando se tienen hijos”. Así, si las mujeres en estas espirales de violencia, psicológica o física o ambas, no pueden ver la violencia para cuestionar la propia relación, “mucho menos pueden verla como riesgo”.

La pasada semana, la familia de Maialen, en un comunicado, pedía “que no se busquen más culpables que quien decidió cometer este atroz acto, porque no sería justo ni ético”. La responsabilidad del asesinato es de quien lo comete, sí, dice Lorente, pero “la protección de las mujeres es del Estado”.

En lo que va de año, 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas —un número que ascendería a 23 si se confirma la motivación machista de los últimos crímenes de Torremolinos y Cornellà. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.205. Los menores huérfanos por violencia de género en España ascienden a 22 en 2023 y a 399 desde 2013.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 52 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.