Interior gasta casi 900.000 euros en sanidad privada para presos por falta de médicos penitenciarios

El Ministerio del Interior ha gastado, entre enero de 2022 y el pasado abril, 868.466 euros en contratar los servicios de empresas de sanidad privada para cubrir la atención de los presos ante la falta de médicos penitenciarios, según se recoge en una reciente respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En total, en ese periodo fueron 20 los centros penitenciarios que pagaron por servicios sanitarios. A ellos se sumará en breve otra cárcel, ...

El Ministerio del Interior ha gastado, entre enero de 2022 y el pasado abril, 868.466 euros en contratar los servicios de empresas de sanidad privada para cubrir la atención de los presos ante la falta de médicos penitenciarios, según se recoge en una reciente respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En total, en ese periodo fueron 20 los centros penitenciarios que pagaron por servicios sanitarios. A ellos se sumará en breve otra cárcel, la de Zuera, en la provincia de Zaragoza, cuyo director licitó en abril un concurso para reforzar, durante un año, la atención médica de sus 1.100 presos con un coste inicial de 53.800 euros.

La documentación del expediente de este último concurso recoge un argumento que se repite, con otras palabras, en la mayoría de las licitaciones de los otros centros penitenciarios que ha optado por la sanidad privada: “La Administración Penitenciaria carece de personal suficiente para satisfacer dicho servicio a toda la población reclusa”. Las cifras oficiales le dan la razón. Según las estadísticas de abril, de las 481 plazas de médicos que recoge el catálogo de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, solo están cubiertas 210 (el 43,6%). Y de ellas, 51 por interinos. En la última oferta de empleo público, Interior ofertó 80 plazas de médicos penitenciarios para intentar paliar la situación, pero tan solo se presentaron 17 candidatos, de los que finalmente aprobaron siete.

Por cárceles, la prisión de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, es la que ha gastado más dinero en sanidad privada (113.987 euros), seguida de la prisión de mujeres de Ávila (110.790) y la de Cáceres (99.777 euros). También superan los 50.000 euros dos cárceles gallegas, la coruñesa de Teixeiro (73.004 euros) y A Lama, en Pontevedra (61.513 euros). Cerca se han quedado la otra prisión malagueña, la de Archidona (49.265 euros), la palentina de Dueñas (42.112 euros) y la cántabra de El Dueso (41.009). De los centros penitenciarios que se han visto obligados a contratar asistencia sanitaria privada, la que menos ha gastado ha sido la de Soria, con 4.720 euros.

La respuesta detalla que cada centro tienen autonomía para licitar estos contratos y, de hecho, cada prisión utiliza baremos económicos distintos y los precios que paga son dispares. Así, la prisión de Archidona abona a la empresa sanitaria que se hizo con su concurso 53,54 euros por interno, mientras que la de Cáceres rebaja esa cantidad a 8,35 euros. En otros casos, como en Teixeiro, se calcula la cantidad a pagar por tiempo y estipula el abono de 38 euros por hora de médico, mientras que en la cercana de A Lama rebaja esa cantidad a poco más de 36 euros y la prisión de Alicante II tiene fijado 25 euros por el mismo concepto. Por su parte, el centro penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera, abona 25 euros por consulta y otras varían los precios entre los 10 y los 46 euros, como la de El Dueso, según detalla Interior en su respuesta al portal de Transparencia.

Las prisiones en las que más se está tirando de sanidad privada son aquellas con la plantilla de médicos penitenciarios más diezmada por jubilaciones, salidas voluntarias o bajas médicas. Pero los médicos advierten que la sanidad privada que se está contratando no cubre las necesidades de las prisiones. “Es un parche para cubrir necesidades mínimas, pero no sustituye a la pública”, explica José Joaquín Antón, médico de la cárcel de Albolote, que explica que las tareas que hacen estos médicos contratados por la vía privada suelen ser más burocráticas: “Hacen muchas labores administrativas que tienen que hacer los médicos, pero en la parte sanitaria no llega en muchos casos ni a ser una atención de urgencias. Y, por supuesto, no hacen nada parecido a la atención primaria. La atención primaria ha desaparecido de las prisiones”, señala el médico.

Sueldos más bajos

Instituciones Penitenciarias admite desde hace tiempo que estas contrataciones están provocadas por la carencia de médicos. En un documento interno de hace un año, Interior ya reconocía que “la cada vez más flagrante falta de profesionales sanitarios, fundamentalmente médicas y médicos, que, a pesar de las continuas convocatorias de plazas de nueva creación, no generan en las personas graduadas en Medicina el interés preciso para cubrir las necesidades de personal que surgen, tanto por la apertura de nuevos centros como por las jubilaciones de las médicas y médicos”. El principal motivo de esta falta de candidatos es que los sueldos que ofrece Interior son más bajos que en el conjunto de la sanidad pública. Una brecha salarial que los sindicatos penitenciarios cifran en 600 euros mensuales.

Fuentes de Interior insisten en que la solución pasa por que se cumpla la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, que estableció hace 20 años la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y que hasta ahora solo han cumplido Cataluña, País Vasco (ambas con las competencias penitenciarias asumidas) y Navarra. En los últimos años, los intentos de Instituciones Penitenciarias para negociar con el resto de comunidades estas transferencias no han dado resultado. Un grupo de médicos y enfermeros penitenciarios han llevado esta situación al Tribunal Constitucional, donde han presentado un recurso de amparo después de que el Tribunal Supremo cerrara la puerta a la petición de los sanitarios para que se instara a la transferencia que impone la ley de 2003. “No se puede hablar de que en España hay sanidad pública universal cuando a una parte de la población, que es de las más desfavorecidas, no le está llegando”, señala el médico Antón en referencia a los presos.

Como medida de refuerzo a la atención sanitaria en las prisiones, Instituciones Penitenciarias puso en marcha en noviembre de 2021 un sistema de guardias telemáticas para que aquellos médicos que habían terminado sus turnos en sus prisiones atendieran por videoconferencia las consultas que no pueden esperar en otras en las que no hubiera facultativo. Según la respuesta al Portal de Transparencia, en febrero eran 14 centros los que utilizaban este sistema, cifra que en la actualidad se ha elevado a 19, según añade Interior. Estas mismas fuentes detallan que desde el inicio del sistema, 23 centros lo han utilizado, aunque algunos se han dado posteriormente de baja, por lo que la cifra fluctúa cada mes. El Defensor del Pueblo calificó en su último informe como “positiva” esta medida, pero señaló que “no parece que dé solución al problema estructural de la falta de personal facultativo” de las cárceles.