La justicia holandesa rechaza la demanda de las supervivientes de las Hermanas del Buen Pastor

La justicia holandesa ha rechazado este miércoles la demanda civil de un grupo de 19 mujeres entre 62 y 91 años supervivientes del duro régimen de trabajo impuesto en los conventos de la orden religiosa Hermanas del Buen Pastor. Los hechos ocurrieron entre 1951 y 1979, y los jueces han concluido que el caso ha prescrito y no cabe una compensación económica por lo ocurrido. El tribunal admite que las afectadas pudieron ...

La justicia holandesa ha rechazado este miércoles la demanda civil de un grupo de 19 mujeres entre 62 y 91 años supervivientes del duro régimen de trabajo impuesto en los conventos de la orden religiosa Hermanas del Buen Pastor. Los hechos ocurrieron entre 1951 y 1979, y los jueces han concluido que el caso ha prescrito y no cabe una compensación económica por lo ocurrido. El tribunal admite que las afectadas pudieron sufrir un trauma, pero no está convencido de que las monjas las dañaran emocionalmente a propósito. Por otra parte, tendrían que haber demostrado una por una, y no en grupo, las secuelas que arrastran. Las demandantes estudian apelar el fallo.

“Es un momento triste, pero estamos decididas a recurrir porque el trabajo forzado infantil no puede prescribir. Es así de claro”, explica, al teléfono, Lies Vissers, poco después de conocer la decisión de los jueces. Tiene 70 años y estuvo interna entre 1966 y 1969 en un convento en Almelo (al este del país). Tenía 12 años cuando la sacaron de casa tras la muerte de su padre. Su madre no podía mantener a sus cuatro hijos. En una conversación este febrero con EL PAÍS, recordó que el lugar era como “una fábrica, con nuestro trabajo como fuente de ingresos para las monjas”. Con el fallo en la mano, dice esto: “Trabajamos para empresas conocidas, para el Gobierno y hasta la Casa Real holandesa, que no nos digan que eso no puede reconocerse”. Las monjas recibían pedidos de lavandería y costura también por parte de hospitales y el ejército, y las “chicas”, como eran llamadas, debían trabajar en silencio. Perdían su identidad puesto que su nombre era sustituido por un número, y solo descansaban los domingos. “La mañana del sábado seguía siendo de trabajo regular. La tarde se reservaba a la limpieza de suelos, de rodillas”, recuerda Vissers. Cuando llegaba la hora de reintegrarse en la sociedad, se les conminaba a no contar lo que habían vivido en el centro.

Las chicas eran internadas en su adolescencia o juventud, y podían ser enviadas por sus familias, el juez, el equivalente a lo que hoy serían los servicios sociales o la policía. Los motivos eran variados: un embarazo estando solteras, una familia desestructurada o en la pobreza, problemas de adaptación o bien tener antecedentes penales. La orden religiosa no rendía cuentas y el Estado no supervisó lo que ocurría de puertas adentro. Una vez libres, cargaban con el estigma de haber estado encerradas. Por los cinco conventos implantados en Países Bajos desde 1876, pasaron en total 15.000 muchachas entre 11 y 21 años. Quedan tres religiosas holandesas, de 94, 96 y 103 años.

El cariz del trato recibido ha sido matizado por el tribunal. Los jueces señalan que no era el mismo en todos los conventos, “según se desprende de los informes elaborados a petición del Gobierno, que muestran cambios entre 1951 y 1979”. Por otro lado, “las declaraciones de las afectadas indican diferentes situaciones para cada una”. El grupo de 19 mujeres rechaza la interpretación judicial, y aseguran que “la realidad era igual de mala en todos los conventos a lo largo del tiempo”. Liesbeth Zegveld, su abogada, lamenta que el tribunal “no haya reconocido el trabajo forzado como un hecho institucional, un delito de naturaleza colectiva, y pretenda que estas mujeres demuestren de una en una el daño emocional sufrido”. Se pregunta si sería concebible que “las víctimas de algo así, o bien de esclavitud, que es otro de los delitos contra los derechos humanos, tuvieran que probar cada una sus traumas para ser reconocidas”. Y añade: “Este es un caso de negación de la identidad. Ellas no sabían que lo que padecían era delictivo y han necesitado años para poder demandar. Desconocían el nombre de las demás y les costó encontrarse. Era preciso hacer público su padecer, algo que costó décadas, y que fuese reconocido como trabajos forzados”. Durante el proceso, la jurista explicó que tanto la Convención Internacional del Trabajo, como la Convención Europea de Derechos Humanos eran aplicables.

La versión de la congregación

En 2019, un informe elaborado por dos expertos en derecho social y laboral, señaló que la situación en los conventos de las Hermanas del Buen Pastor encajaba “en la definición de trabajos forzados según las normas internacionales”. En 2020, la congregación se disculpó por lo ocurrido, aunque calificó de “terapia”, las labores de lavandería y costura. Ese mismo año, el Gobierno las consideró víctimas de violencia y presentó sus excusas. La abogada admite que han pasado más de 30 años y el caso ha prescrito, pero los jueces no se han puesto de acuerdo sobre si algunas mujeres sufrieron trabajos forzados y otras no. “La sentencia deja abierta esa posibilidad, que desarrollaremos en la demanda para reclamar la excepcionalidad de lo ocurrido. También presentaremos cada caso con sus sufrimientos personales”. Los letrados de la orden alegaron que el caso había prescrito y lo ocurrido no se podía juzgar con las perspectiva actual

La orden existe también en Francia. En Irlanda, formaron parte de las comunidades religiosas a cargo de las llamadas Lavanderías de la Magdalena, que aplicaron unas normas similares de trabajo hasta mediados del siglo XX. En 2013, el Gobierno irlandés acordó compensaciones de entre 11.500 y 100.000 euros para las mujeres que fueron encerradas en los años sesenta y setenta. El caso holandés figuró en 2011 en un apartado del informe oficial sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica holandesa desde 1945. Ese trabajo, encargado por el Ejecutivo, cifró entre 10.000 y 20.000 las víctimas de abusos sexuales. Las muchachas del Buen Pastor no han denunciado ese tipo de agresiones íntimas, sino explotación laboral y maltrato. En 2018, su caso llegó a un público más amplio a través de una investigación publicada por el rotativo NRC Handelsblad. Otro grupo de supervivientes, formado por unas 250 mujeres, han preferido no acudir a los tribunales. Consideran suficientes las disculpas de la orden y del Ejecutivo, así como el monumento que recuerda su dolor. Instalado en el terreno de uno de los antiguos conventos, tiene una placa que dice lo siguiente: “Nómbrame, reconoce que existo”.