La reforma de la ‘ley del solo sí es sí’ abre una nueva brecha en el movimiento feminista

Lo que dio pie a la mayor revolución feminista de la historia de España amenaza ahora con desgajar al movimiento más de lo que ya lo han hecho las posiciones encontradas sobre la llamada ley trans. La ley del solo sí es sí tuvo su origen e...

Lo que dio pie a la mayor revolución feminista de la historia de España amenaza ahora con desgajar al movimiento más de lo que ya lo han hecho las posiciones encontradas sobre la llamada ley trans. La ley del solo sí es sí tuvo su origen en el tsunami social que provocaron las primeras resoluciones judiciales en el caso de La Manada, con la petición de cientos de miles de mujeres de una reforma que impidiera castigar como abuso lo que en la calle se entiende como violación. Pero ahora está ahondando en la división que ya provocaron las primeras rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales en noviembre, tras entrar en vigor la norma, ya que los reos tienen derecho a que se les aplique la ley penal más favorable.

Entonces hubo cruce de acusaciones y posicionamientos relacionados con cuestiones técnicas de la ley, pero también políticas que coincidían, en parte, con la división creada alrededor de la ley trans. Ahora, el choque es entre quienes consideran que la propuesta socialista de volver a introducir la violencia o la intimidación en cada artículo de la norma supone desplazar el foco del consentimiento —el corazón de la ley, y la razón por la que se puso en marcha—, y las que creen que el modelo no cambia con esta proposición registrada el lunes en el Congreso, puesto que se mantiene intacto el artículo referido a él.

Esos dos bloques —los visibles, porque no todo el movimiento feminista tiene posiciones igual de rígidas—, son bastante similares a los que ya se atisbaron en otoño: la parte del movimiento en contra de la ley trans está a favor de la propuesta del PSOE, y la que está a favor de la norma para las personas trans y el colectivo LGTBIQ+ se posicionan contra esa propuesta y se alinean con el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), que insiste en que lo que proponen los socialistas es volver al modelo anterior, puesto que se vuelve a introducir “un subtipo agravado” de agresión si concurren violencia o intimidación.

En las últimas 24 horas, la fragmentación ha vuelto a hacerse manifiesta. Por un lado, organizaciones como Contra el Borrado de las Mujeres —que nació a raíz de la ley trans y que se posiciona contraria a ella—, han publicado un hilo de Twitter la noche del lunes en el que repasaban los cambios penales que supone la reforma que propone el PSOE y que cerraban con una alusión a que si esta ley “contenía errores”, la ley trans “no es nada comparado” con ella. Y en declaraciones a Europa Press, Sonia Gómez, portavoz de Confluencia Movimiento Feminista —que integra a 70 organizaciones feministas—, se ha posicionado también a favor de la subida de penas. A su juicio, “a la vista está que esa ley está mal hecha” porque “han salido a la calle violadores” y “debe ser modificada, diga lo que diga la ministra Montero”, ha añadido.

Por otro lado, diversos colectivos feministas han salido en defensa de la ley de libertad sexual y decenas de asociaciones han firmado un manifiesto en el que expresan que la norma “es el reflejo de años de reivindicaciones del movimiento feminista para alcanzar la libertad sexual de las mujeres y enfrentar las violencias sexuales”, y que no permitirán “ni un paso atrás en esta ley”.

En el comunicado, alrededor de medio centenar de organizaciones —comisiones y asambleas del 8-M, entre ellas la de Granada o Madrid y a las que se ha adherido Amnistía Internacional— han achacado la ofensiva hacia la ley del solo sí es sí al “cambio de mirada” que supone colocar el foco principal en el consentimiento de las mujeres, que constituye el eje principal de la norma. “El consentimiento es una expresión afirmativa, consciente, voluntaria y reversible, cuya inexistencia implica un delito de agresión sexual”, han declarado las asociaciones.

Alrededor de la figura del consentimiento se han estancado precisamente las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Ambos grupos, de acuerdo en subir las penas, no han logrado consensuar cómo argumentar jurídicamente esa subida. Para las 47 asociaciones y asambleas firmantes, el punitivismo que supone ese aumento de penas no es la respuesta única y adecuada para la violencia machista: “Aumentar las penas no nos protege, ni nos ha protegido nunca. La protección efectiva de las mujeres se procura, por el contrario, con las medidas que establece esta ley”.