Macarena Sáez: “Hay riesgo de que el fallo sobre el aborto tenga un efecto dominó de retrocesos de otros derechos”

El Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el pasado 24 de junio el derecho al aborto. El máximo tribunal del país tumbó el precedente de ‘Roe contra Wade’, un fallo que en 1973 convirtió en constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tras casi 50 años de tener el acceso garantizado, la decisión abre un nuevo escenario plagado de incógnitas sobre lo que traerá el futuro. Ahora serán los Estados los encargados de definir sus propias legislaciones...

El Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el pasado 24 de junio el derecho al aborto. El máximo tribunal del país tumbó el precedente de ‘Roe contra Wade’, un fallo que en 1973 convirtió en constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tras casi 50 años de tener el acceso garantizado, la decisión abre un nuevo escenario plagado de incógnitas sobre lo que traerá el futuro. Ahora serán los Estados los encargados de definir sus propias legislaciones sobre el tema. Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de Mujeres de Human Rights Watch, analiza las posibilidades de un efecto dominó sobre otros derechos ya conquistados, los desafíos que se vienen y las consecuencias que podrá tener en las mujeres estadounidenses y en la región.

Pregunta. ¿Qué implicaciones tiene el fallo del Tribunal Supremo?

Respuesta. La primera es que revierte a los Estados el derecho de regular el aborto sin ningún control constitucional alguno. No hay ninguna garantía específica para las personas con capacidad de gestar, ni ningún impedimento a los Estados para que pongan obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo. Una cantidad importante de Estados ya han prohibido el aborto, sin excepciones. La situación se va a volver tan draconiana como la que viven países donde hay prohibición incluso cuando está en peligro la vida de la persona embarazada.

P. ¿Esto qué significa para las mujeres estadounidenses?

R. El derecho al acceso al aborto ya estaba bastante erosionado en Estados Unidos. Lo que va a ocurrir ahora es que esta situación que ya afectaba a mujeres de la ruralidad o que pertenecen a poblaciones discriminadas como afrodescendientes, latinas o indígenas, se va a amplificar. Además va a tener un profundo impacto en las decisiones sobre movilidad. Las personas con capacidades de gestar van a tener que pensar mejor dónde van a estar o dónde van a vivir. Otra de las grandes consecuencias tiene que ver con el efecto que pueda tener en el personal de salud de poder entregar el servicio médico que mejor corresponde a una embarazada por temor a poder ser acusados de estar contribuyendo o proveyendo el aborto.

P. ¿Ha pasado en algún otro país que un fallo así quite un derecho que ha estado garantizado por tantos años?

R. En Chile había excepciones a la penalización del aborto que estuvieron vigentes desde los sesenta hasta los ochenta, y uno de los últimos regalos que le dejó Pinochet al país fue el cambio de la legislación para prohibirlo en todo evento, incluso cuando la vida de la mujer estaba en peligro. Los derechos sexuales y reproductivos nunca están completamente garantizados, siempre están en riesgo. Esa es una de las grandes lecciones que nos da esta sentencia. Incluso después de 50 años, se revierte en una pasada por un grupo de jueces que han tomado una decisión que no toma en cuenta a las mujeres.

P. El prohibicionismo nunca detuvo al aborto, solo perjudicó a quienes menos recursos tenían. ¿Qué consecuencias sanitarias puede tener esta decisión?

R. Estados Unidos es un país donde no está garantizado el acceso a la salud pública. Entonces la lucha por el aborto debe estar basada no solamente en el derecho a decidir, sino en un acceso legal y seguro. Cuando tú lo penalizas no hay solamente un problema de aborto inseguro, sino un problema médico. Hemos documentado en otros países que hay mujeres penalizadas por abortos espontáneos porque el personal de salud denuncia para no tener problemas. También hay mujeres que se mueren o que tienen problemas de salud a largo plazo porque el personal sanitario se niega a hacer un tratamiento que pueda comprometer al feto. Los problemas sanitarios que vienen están por verse, pero no hay razón para pensar que Estados Unidos no vaya a tener el mismo destino que Nicaragua o El Salvador.

P. Hemos visto en el último año y medio la legalización o despenalización del aborto en países como Argentina, México y Colombia. ¿Qué lectura política le da a un fallo como este en medio de una ola verde en el continente?

R. Es un signo de erosión de la democracia, porque la falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es una violación a los derechos humanos. Bajo la idea de que no está tomando partido, el Tribunal Superior ha tomado partido contra el sentido mayoritario de Estados Unidos. Las estadísticas muestran que la mayoría de la gente en el país no cree que quienes interrumpen voluntariamente su embarazo tengan que ir a la cárcel. Entonces es una Corte tomando decisiones contra lo que piensa la mayoría.

P. ¿Qué desafíos plantea esto para la región?

R. Las generaciones jóvenes tienen conciencia política de los derechos de las mujeres. Esa es una gran diferencia. Creo que va a haber una gran solidaridad respecto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Latinoamérica es tal vez el gran ejemplo de una movilización muy exitosa que puede servir, no solamente para aprender lecciones, sino para generar un movimiento solidario entre mujeres a través de la región. Es tan brutal el retroceso que yo espero que se entienda que no es solamente un problema de las mujeres, es un problema de democracia. No es posible separar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía.

P. Tras el fallo, un grupo de empresas ha comunicado que se harán cargo de los costos de los viajes para que sus empleadas puedan abortar en otros Estados. ¿No es dejar que el rol del Estado lo ocupen otros jugadores?

R. Los jugadores externos no pueden cumplir el rol que debe cumplir el Estado. Desde el punto de vista de la solidaridad, es sumamente bienvenido, pero esa no es la solución. La solución pasa por tener una legislación que protege la igualdad de la mujer, pasa porque los Estados empiecen a comprender que las mujeres no pueden ser vistas como instrumentos de procreación.

P. ¿Puede esta sentencia abrir el debate sobre otros derechos conquistados, como el matrimonio igualitario o el acceso a la anticoncepción?

R. Absolutamente. La idea de que esta decisión solo impacta en el aborto es absolutamente ingenua y engañosa. No hay un límite a que se revivan otras discusiones. De hecho, la opinión concurrente de uno de los ministros, [Clarence] Thomas, señala que hay que revisar todas las decisiones que se han tomado respecto al mismo tipo de derecho sustantivo que no está expresamente establecido en la Constitución de Estados Unidos, como el matrimonio igualitario. Sin duda que hay un riesgo amplio a que esto tenga un efecto dominó de retrocesos de derechos. Pero no sabemos todavía. Hoy el problema es que hay un montón de Estados que ya han prohibido el acceso al aborto y, de un día para otro, las mujeres dejaron de tener derechos que ya tenían.