Miles de mayores son inmovilizados con sujeciones en residencias

Durante tiempo inmemorial, los viejos manicomios y los asilos sujetaron a los internos con lo primero que tenían a mano. Utilizaban sábanas, cuerdas o correas de cuero para atar a sus pacientes a la cama o alrededor de una silla por los tobillos o las muñecas. Era un tormento que nadie cuestionaba: si los retenidos hacían fuerza para liberarse y acababan sangrando, se entendía como un efecto secundario de un tratamiento. Fue en los años ochenta cuando empezaron a usarse las sujeciones actuales. Las introdujo una empresa alemana, Segufix, y eran según su lema un sistema “más humano, más ético y...

Durante tiempo inmemorial, los viejos manicomios y los asilos sujetaron a los internos con lo primero que tenían a mano. Utilizaban sábanas, cuerdas o correas de cuero para atar a sus pacientes a la cama o alrededor de una silla por los tobillos o las muñecas. Era un tormento que nadie cuestionaba: si los retenidos hacían fuerza para liberarse y acababan sangrando, se entendía como un efecto secundario de un tratamiento. Fue en los años ochenta cuando empezaron a usarse las sujeciones actuales. Las introdujo una empresa alemana, Segufix, y eran según su lema un sistema “más humano, más ético y más práctico”. Consistían en unas cintas más anchas de algodón que hacían menos daño. Una ley cerró en 1986 los psiquiátricos, pero el negocio de las sujeciones sobrevivió porque encontró su nicho en el creciente sector de las residencias de mayores. Hoy son usadas en cientos de centros junto con sedantes, pero la sensibilidad ha cambiado y cada vez son más quienes las ven como una forma de tortura. Médicos, empresarios y familias están tomando conciencia de la necesidad de acabar con la “cultura de atar” y encontrar opciones más dignas. A diario, unas 55.000 personas son atadas o sedadas para reducir su agitación en las residencias españolas, el 17% de la población en estos hogares, según una estimación de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma, que asegura que España es el país desarrollado número uno en el uso de sujeciones. A esa cifra habría que sumar un número considerable ―pero difícil de determinar― de mayores que viven atados en sus domicilios particulares.

Las residencias que usan sujeciones defienden que son necesarias para evitar caídas de los mayores, pero los críticos denuncian que son una forma de maltrato a la que recurren por conveniencia o como castigo. El campo de la medicina lleva décadas produciendo estudios sobre los efectos adversos de las sujeciones. Cada vez hay más evidencia científica de los daños físicos y psicológicos (úlceras, atrofia muscular, traumas, aumento de la incontinencia, mayor probabilidad de infecciones urinarias, mayor agitación en personas con trastornos cognitivos). Cuando una persona con alzhéimer se ve atada a una silla puede sentir vergüenza, vulnerabilidad, angustia y terror. El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, afirma tajantemente su oposición a estos métodos: “Las sujeciones, tanto físicas como químicas, no son un método que deba emplearse en personas mayores”.

A veces, tratando de liberarse, las personas se caen de la silla o se estrangulan involuntariamente en la cama. EL PAÍS ha informado de dos fallecimientos recientes en residencias de Madrid, en 2019 y 2021. La Fiscalía General del Estado no dispone de datos oficiales de prevalencia de estos sucesos “porque en las estadísticas no se reflejan las circunstancias de las muertes”.

Voces más permisivas recomiendan que el uso de las sujeciones sea muy puntual, por ejemplo en casos de agitación de residentes que presentan riesgo de autolesión. El problema reside en las residencias que abusan de las ataduras para compensar sus plantillas reducidas, según múltiples fuentes consultadas. Como las leyes estatales y autonómicas exigen prescripción médica y consentimiento informado para atar a una persona, las residencias recurren a veces al “chantaje emocional” para que los familiares les den autorización, según denuncian asociaciones de defensa de la dignidad en residencias.

Miguel Fernández Arias, que trabajó hasta 2019 en varias residencias infradotadas de Torrejón de Ardoz (Madrid), recuerda que nunca tenían manos suficientes. En su último trabajo, otro compañero y él estaban a cargo de 20 personas en una planta. Para facilitarles las cosas, la dirección se encargaba de llamar a las familias para aconsejarles que les dejasen atar a sus padres, afirma él: “Les decían que lo hacían por su seguridad y tal, pero lo que pasaba detrás es que nunca había personal para atenderlos como Dios manda”. Sobre esta facilidad para prescribir sujeciones, García Navarro opina que muchas residencias no se han cuestionado su uso por desconocimiento: “Falta formación sobre métodos alternativos y concienciación”.

Los familiares que han dado su autorización a veces se arrepienten cuando sospechan que las residencias abusan de las ataduras. Es el caso de María Josefa Sánchez, hija de una mujer que vive en una residencia pública de Madrid. Ha pasado más de un mes sin verla a causa de las restricciones de entrada para contener la sexta ola. Teme que su madre se haya pasado las 24 horas atada. “Me decían que la ponían de pie para que anduviera y yo sé que es mentira. No hay trabajadores. Si ni siquiera han sido capaces de mostrármela por videoconferencia en todo este mes”, protesta ella, que pide omitir el nombre del centro por temor a represalias. Cuando la semana pasada se reanudaron las visitas, descubrió que su madre había perdido unos cuatro kilos y le había salido una escara en el tobillo por falta de movimiento.

Negocio vigoroso

El hombre que introdujo los productos de Segufix en España es Juan Ignacio Alcaraz, que cuenta al teléfono desde Barcelona que en 1981 era un distribuidor de productos médicos cuando conoció la innovación que venía de Alemania. Alcaraz tiene 71 años y ha cedido recientemente su negocio de distribución médica a su hijo para dedicarse en exclusiva a la abogacía. Al teléfono opina que hay algo de utópico en este creciente movimiento contra las sujeciones. Alude al problema endémico de las residencias en España: la escasez de personal. Lo más barato y cómodo para una residencia es atar a decenas de mayores, lamenta, consciente del abuso de los mecanismos que ha vendido durante décadas.

A su modo de ver, las ataduras son un mal necesario. “Cuando un paciente se agita, ¿puedes permitirte el lujo de tener a un auxiliar 24 horas a su lado? ¿Eso lo permite nuestro bolsillo? Queda muy bonito decir que una residencia es sujeciones cero, pero en la práctica el que conoce lo costoso que es contratar a más personal sabe que no es posible”.

Sin embargo, su empresa familiar ya nota las señales del cambio. Hace cinco o seis años algunas residencias del País Vasco dejaron de comprarles. “Se les había metido en la cabeza esta idea de cero sujeciones”, cuenta Alcaraz. En este ámbito, varias asociaciones promueven desde hace casi 20 años la tolerancia cero con estos métodos. La confederación de asociaciones Ceoma inició en 2004 su campaña Desatar gracias a la experiencia en Estados Unidos del doctor Antonio Burgueño Torijano; en 2006, la residencia Torrezuri, en Guernica (Vizcaya), suprimió ataduras y se proclamó como la primera de toda España en dar ese paso. Su directora, Ana Urrutia, fundó más tarde la Fundación Cuidados Dignos para difundir el modelo. Más de 300 residencias de toda España se han sumado a los programas de erradicación de Ceoma y Fundación Cuidados Dignos. Otras asociaciones más moderadas proponen reducir el uso de ataduras al mínimo, por ejemplo en casos en que la agresividad de la persona puede suponer un riesgo para sí mismo o para los demás. A pesar de esto, Alcaraz asegura que la demanda de sujeciones es vigorosa: la población envejece, abren nuevas residencias y siguen comprando Segufix o sucedáneos.

En España, donde había 5.556 hogares de mayores en 2020, el rechazo a las sujeciones ha cobrado fuerza durante la pandemia a causa de la atención que ha recibido el drama de los mayores en las residencias. Hay varias iniciativas en marcha para reformar las leyes. Una proposición de ley de salud mental de Unidas Podemos presentada en septiembre propone formar al personal de los centros y crear un registro de sujeciones. Por otro lado, el Imserso, organismo estatal dedicado a los mayores, promueve una reforma que obligaría a las residencias a redactar un plan de reducción/supresión de ataduras. Para que esa iniciativa llegue a buen término debería ser adoptada por las comunidades autónomas, las competentes para regular la dependencia.

Un reto para suprimir las sujeciones es que prohibirlas por ley puede dejar sin margen a un médico que las pueda requerir en estado de necesidad, según el doctor Burgueño Torijano. Por eso ningún país ha adoptado esa medida y por eso quizás la mejor estrategia es fomentar una cultura antisujeciones, como han hecho los países escandinavos, anglosajones o Japón. EE UU informa en una base de datos gubernamental de qué residencias son libres de ataduras. “Lo razonable es poner límites claros, controlar y estimular a que se prescinda de ellas”, propone él.

En el frente judicial, hay señales de menor permisividad. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, distribuyó hace dos semanas una instrucción que pide a los fiscales mayor celo durante sus inspecciones en residencias. El documento prescribe la “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso, debiendo aplicarse las contenciones con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario”. Delgado pide una actuación proactiva para retirar sujeciones cuando se compruebe que las residencias las usan por conveniencia o como castigo.

Algunas patronales ya hablan abiertamente contra las sujeciones. “Sin duda, el futuro de los cuidados debe pasar por la eliminación de las sujeciones”, dice Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste, que representa a los mayores grupos del sector. “Tan solo debería tener cabida aquella sujeción que fuera pautada temporalmente por un médico ante la ausencia de alternativas viables por las características de la persona mayor”. Pero otras asociaciones empresariales creen que no es realista imponer unos límites tan cercanos a la supresión total. Pilar Ramos, portavoz de las pymes madrileñas en Amade, afirma que algunas propuestas no consideran el día a día de una residencia: “A veces un señor o una señora se mete en la cama de otro. Son situaciones extremas que suceden”.

Cuidados amigables

¿Es realmente posible organizar una residencia sin ataduras? Los hogares de mayores que se han sumado a este experimento aseguran que sí, pero no es un proceso fácil ni rápido. Hace falta formar al personal, introducir cambios organizativos y hacer inversiones que a veces son costosas. Nuestra Señora de la Oliva, un centro de 200 plazas en Pantoja (Toledo), invirtió 100.000 euros para reformar en 2018 un ala de su complejo de edificios a la que ha rebautizado como Unidad Amigable. Perdieron 20 habitaciones, pero ganaron calidad.

En esa unidad se encuentran las habitaciones de 16 mayores que suelen ser de los más agitados por tener alzhéimer y en algunos casos esquizofrenia. Las cuidadoras pueden hacer que las camas bajen a ras de suelo pulsando un botón. Junto a las camas han tendido colchonetas que amortiguan las caídas en caso de que rueden fuera de la cama.

La Unidad Amigable dispone de comedor, salón de fisioterapia, gimnasio y una sala a la que conocen como taller de reminiscencia. Cuando algún residente sufre un episodio de alteración, las cuidadoras lo llevan al taller de reminiscencia para tranquilizarlo. La sala parece una minidiscoteca, con una bola de espejos, cortina de luces, un sillón que vibra al compás de la música. Con la ayuda de un proyector, las cuidadoras pueden mostrarle al mayor fotos de su infancia, juventud, hijos y nietos. Cuando la conducta remite, el residente vuelve al salón o a su habitación. “Es mano de santo”, dice el director, Ángel del Oro.

El director, que lleva media vida en residencias, recalca que el cambio de modelo ha sido posible sin contratar más personal ni subir precios, que oscilan entre los 1.600 y 1.800 euros.

Del Oro explica que su manera de ver las sujeciones ha cambiado radicalmente gracias a descubrir una alternativa. Experimentó en sus propias carnes lo que supone estar atado cuando se unieron al programa de Ceoma. Le ataron a una silla y no aguantó más de 20 minutos. Se le dormían los músculos, se angustió y pidió que le liberaran. No necesitaba más. “Es muy sencillo comprobar lo que se siente. Prueba a sentarte 10 minutos sobre tus manos y verás”. E incide: “Durante muchos años creí que las sujeciones eran imprescindibles por seguridad. Hoy pienso que son un maltrato”.

Nuestra Señora de la Oliva, que está gestionada por la asociación religiosa Mensajeros de la Paz, decidió eliminar las sujeciones al conocer el programa de asesoramiento y formación de Ceoma, la federación de asociaciones que ha hecho el cálculo de 55.000 personas atadas.

Ceoma ha hecho ese cálculo a partir de una muestra de 900 residencias que conocen tras casi dos décadas de experiencia. Su director general, Javier García, recuerda que algunos políticos les llamaban locos allá por 2004, cuando empezaron esta lucha. España no estaba madura. “Imagina que en el siglo XIX alguien hubiese propuesto eliminar las camisas de fuerza de los psiquiátricos. Pues igual nos pasó”, dice García. Hoy se sienten reivindicados por la creciente demanda social.

Una mañana reciente en el salón principal de la Unidad Amigable, las cuidadoras acompañaban de la mano a varios mayores mientras daban paseos. Otros escuchaban sentados las viejas coplas españolas que sonaban por los altavoces. Las puertas de la Unidad Amigable han sido camufladas con pinturas murales para que los residentes no sientan el impulso de abrirlas. Entra un torrente de luz por el ventanal del salón y más allá se ven los campos de Toledo.

En una pared de la Unidad Amigable, las trabajadoras de la residencia han colgado un cartel con un mensaje de amor a los mayores con alzhéimer: “La esencia de las personas va más allá de su memoria”.

¿Tienes información sobre este tema que debería conocerse? Contacta con el autor de este artículo fpeinado@elpais.es