Teresa Peramato: “La asistencia a las víctimas no debe acabar con la sentencia condenatoria”

Teresa Peramato Martín (Salamanca, 58 años) recuerda cómo se llenaron los pasillos de mujeres cuando se abrieron los primeros juzgados especializados en violencia de género en 2005 en la madrileña plaza de Castilla. Peramato fue una de los fiscales que atendió a las primeras víctimas tras la aprobación de la ley. ”Lo que más nos sorprendió fue que no dábamos abasto. Acudieron en masa”, rememora. Tres lustros después, y con más de una década de experiencia en violencia machista, acaba de ser nombr...

Teresa Peramato Martín (Salamanca, 58 años) recuerda cómo se llenaron los pasillos de mujeres cuando se abrieron los primeros juzgados especializados en violencia de género en 2005 en la madrileña plaza de Castilla. Peramato fue una de los fiscales que atendió a las primeras víctimas tras la aprobación de la ley. ”Lo que más nos sorprendió fue que no dábamos abasto. Acudieron en masa”, rememora. Tres lustros después, y con más de una década de experiencia en violencia machista, acaba de ser nombrada Fiscal de Sala de la Violencia sobre la Mujer, es decir, jefa de la red de fiscales especializados en sustitución de Pilar Martín Nájera. El lugar no le es ajeno porque trabajó mano a mano con la que considera su maestra, Soledad Cazorla, la primera que ocupó el puesto en España, fallecida en 2015. Los últimos dos años y medio, Peramato ha sido fiscal ante el Tribunal Constitucional, lo que le ha proporcionado un bagaje aún más amplio en derechos fundamentales, explica. También preside la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La semana antes de su toma de posesión, el 25 de mayo, hubo seis asesinatos machistas en España. Desde que está en el cargo han sido asesinadas tres mujeres más y la muerte de otra se investiga como crimen machista. El pasado martes atendió a EL PAÍS en su despacho de la calle Ortega y Gasset de Madrid, con un enorme ventanal y vistas a la parte noble de la ciudad. Durante la entrevista, analiza tanto los fallos como los avances en la lucha contra la violencia machista y subraya la importancia de abordar los casos con perspectiva de género. Pide a las víctimas que, pese a todo, confíen en el sistema y denuncien: “La única manera de protegerlas de forma efectiva es limitando la actuación del maltratador y eso solo lo consigue el proceso penal”.

Pregunta. ¿Considera desde su experiencia que la justicia protege bien a las mujeres?

Respuesta. Empezamos desconociendo completamente cómo le afectaba la violencia vivida y un procedimiento extraño como es el proceso penal. Nos faltaba experiencia y formación en el tratamiento a las víctimas. Hemos mejorado muchísimo desde que entró en vigor la ley integral de violencia de género. La Fiscalía General está haciendo un esfuerzo muy grande en formación, no solo sobre aplicación de la norma, también en el tratamiento de la víctima para evitar la revictimización. Estamos avanzando pero queda mucho por hacer.

P. Acabamos de vivir una semana con seis asesinatos machistas –cinco mujeres y un menor– y sigue el goteo de asesinadas. ¿Qué está fallando?

R. Debemos distinguir ente las mujeres que sí denunciaron y obtuvieron respuesta de la Administración de justicia y aquellas, más del 74%, que no denunciaron, por lo que la justicia no pudo actuar. Quiero transmitir primero nuestra frustración por los casos en los que denunciaron y fueron asesinadas. El procedimiento penal tiene unos efectos limitados cuando se ha extinguido la responsabilidad criminal. Eso evidencia que la asistencia a las víctimas no debe acabar con la sentencia condenatoria. Tiene que mantenerse hasta que estén completamente empoderadas para no volver a caer en el ámbito del agresor. El riesgo de que el caso se archive o haya sentencia absolutoria sin su testimonio es muy alto. Y tenemos que hablar de las que no denuncian, convencerlas de que se apoyen en personas de su confianza para que las acompañen en un procedimiento que siempre va a ser largo y tortuoso.

El riesgo de que el caso se archive o haya sentencia absolutoria si las víctimas no prestan su testimonio es muy alto

P. ¿Por qué siempre largo y tortuoso?

R. Tienen que hablar de su vida privada. Muchas reconocen que ha fallado el amor, la protección que esperaban del agresor. Deben denunciar porque la única manera de protegerlas de forma efectiva es limitando la actuación del maltratador y eso solo lo consigue el proceso penal. Los familiares tenemos que implicarnos.

P. ¿Por qué las denuncias de los allegados no llegan ni al 2% de los casos?

R. Es difícil de entender. Sabemos que las víctimas cuentan lo que sufren a su entorno y a los profesionales sanitarios. Yo lanzaría un mensaje positivo a las víctimas: hemos acordado 25.000 órdenes protección. ¿Cuántas mujeres no han sido asesinadas porque fueron protegidas por el juzgado? Seguramente muchas. Tenemos que mejorar, seguro, pero que confíen. La mayoría de los hombres son buenos. Pero si reducimos la cifra oculta de víctimas, lanzaremos un mensaje los hombres maltratadores: ojo, estamos respondiendo. Le diría las víctimas que pidan hablar con el o la fiscal si tienen cualquier duda. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en acompañarlas. Ese es uno de mis objetivos: dar una atención directa a las víctimas para evitarles al máximo esos daños, ayudar a que se sientan seguras.

Es difícil entender por qué los familiares no denuncian. Sabemos que las víctimas cuentan lo que sufren a su entorno y a los profesionales sanitarios

P. Les pide que confíen en un sistema que no siempre funciona.

R. Tenemos que seguir avanzando en transmitir esa formación integral para evitar que sean revictimizadas y para dar una respuesta más efectiva con una investigación exhaustiva, agotar las diligencias de investigación antes de tomar la decisión de archivar un procedimiento. Y necesitamos estudios cualitativos. En un año se piden 40.000 órdenes de protección pero se rechazan 12.000. Necesitamos saber qué ocurre. Para conceder una orden tiene que haber indicios de delito, no puede ser automático. Pero sorprende que haya comunidades como Andalucía que den un 70% de órdenes y en la Comunidad de Madrid sea el 52%. En Barcelona no llega a un 40%, y en Salamanca se conceden el 100%. Las normas procesales son iguales en todas partes. ¿Puede ser falta de formación, de empatía, de tiempo o de herramientas? Nosotros no somos peritos y no tenemos las unidades valoración forense que nos auxilien en las guardias. Normalmente contamos solo con las declaraciones de la víctima y del investigado y, a veces, un parte de lesiones. Con eso es muy difícil detectar un riesgo. Si tuviéramos esas unidades en todos los juzgados sería una gran ayuda.

Si tuviéramos unidades de valoración forense en todos los juzgados sería una gran ayuda

P. Esas unidades ya estaban recogidas en la ley de 2004. Pero un informe de Justicia del año pasado admite que apenas cubren al 20% de la población.

R. Es una reclamación que viene haciendo la fiscalía, desde las primeras comparecencias de Soledad Cazorla, que las pidió para todas las provincias. Ya entonces detectamos que teníamos carencias para hacer las valoraciones de riesgo, que son un elemento esencial. Las necesitamos para poder probar también la violencia psicológica o la habitual.

P. Son violencias muy difíciles de demostrar en un juzgado. ¿Qué papel puede jugar ahí la fiscalía?

R. No podemos quedarnos solo con la declaración de la víctima y del agresor. Debemos tirar de prueba testifical del entorno de la víctima, de los centros de salud para ver si en su historia clínica hay algún elemento que pueda ser importante para acreditar que está teniendo consecuencias psicológicas. Recopilar todos los datos necesarios para construir esa vivencia. Si no agotamos las diligencias de investigación es muy difícil que podamos convencer a un tribunal. Hay que tener en cuenta la presunción de inocencia.

Todavía no se está dando una respuesta especializada a todas las formas de violencia contra la mujer

P. El Convenio de Estambul [acuerdo del Consejo de Europa para combatir la violencia contra las mujeres] exige tratar otras formas de violencia. ¿Se ha trasladado bien ese mandato a la justicia española?

R. El convenio nos obliga a dar una respuesta a diferentes manifestaciones de violencia como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia sexual o el aborto y las esterilizaciones forzadas. Pero no solo exige una respuesta penal sino una especializada, integral y multidisciplinar a todas estas víctimas en prevención, protección y punición. Si atendemos a eso, no se está dando todavía esa respuesta especializada a todas las formas de violencia contra la mujer. Podemos pensar que son poquitas, pero no es así. Por ejemplo, el mapa de mutilación genital femenina que publican la Universidad Autónoma de Barcelona y Wassu señala que en España más de 3500 niñas están en riesgo de ser mutiladas. Eso exige actuar con perspectiva de género.

Si no aplicamos la perspectiva de género estamos tratando de forma igual situaciones que son desiguales y no estamos siendo justos

P. ¿Por qué despierta recelos hablar de la justicia con perspectiva de género?

R. En algunos sectores se entiende como falta de objetividad. En realidad es esa herramienta que nos permite detectar situaciones de desigualdad, desequilibrio de poder, discriminación para avanzar en la investigación. Es conocer la realidad profundamente para que la respuesta sea ajustada a esa realidad. Si no aplicamos la perspectiva de género estamos tratando de forma igual situaciones que son desiguales y por lo tanto no estamos siendo justos. Además, cuando digo que tenemos que ser empáticos y sensibles, algunos me responden: ‘Yo no tengo que ser empático, tengo que ser objetivo’. No tiene nada que ver. Que dé trato empático a las víctimas no quiere decir que vaya a acusar sí o sí: si no tengo los elementos necesarios para formular una acusación no lo voy a hacer, pero voy a tratar de una manera empática a la víctima porque no quiero hacerle daño. Y eso también es perspectiva de género.