Poner el foco en el agresor y otras reflexiones tras seis asesinatos machistas

Lucía Dotto lleva en la foto una chaqueta gris, cadena de oro, los labios discretamente pintados. “Lujo es que regreses a un hotel y te reconozcan”, le dijo al redactor esta mujer, directora de una cadena de hoteles de lujo para España y Portugal nacida en Santos (Brasil). Fue el titular de la entrevista. En una imagen de la publicación de Cinco Días en 2017, sonríe en un sofá, mirando a cámara. Parecía satisfecha. El pasado martes 18 de mayo su hijo mayor, de 13 años, encontr...

Lucía Dotto lleva en la foto una chaqueta gris, cadena de oro, los labios discretamente pintados. “Lujo es que regreses a un hotel y te reconozcan”, le dijo al redactor esta mujer, directora de una cadena de hoteles de lujo para España y Portugal nacida en Santos (Brasil). Fue el titular de la entrevista. En una imagen de la publicación de Cinco Días en 2017, sonríe en un sofá, mirando a cámara. Parecía satisfecha. El pasado martes 18 de mayo su hijo mayor, de 13 años, encontró su cadáver en la casa al volver del instituto. Su marido la mató y después se suicidó. Dotto, de 42 años, es una de las cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la semana del 17 al 23 de mayo. Uno de los agresores, que fue detenido, mató también al pequeño Mohamed, de solo siete años. Y se encendieron las alarmas. El Ministerio de Igualdad ha prometido hacer un diagnóstico de urgencia para ver qué está fallando: “Aunque nuestro país cuenta con herramientas muy potentes y muy útiles, no hemos llegado a tiempo”, admitió el jueves la ministra Irene Montero. Buscan detectar cuáles son las lagunas que impiden frenar la lista de asesinadas en un país con una de las leyes contra la violencia de género más avanzadas del mundo, aprobada hace ya 17 años. Lanzar un mensaje para que ellas confíen en el sistema aunque todavía muchas ni siquiera dan la voz de alarma.

Dotto, la directora de hoteles de lujo, nunca había denunciado. Tampoco Betty Arteaga, dependienta de 52 años, a la que encontraron en un piso en Creixell (Tarragona) donde su pareja la mató para después suicidarse. Ni María Teresa Aladro, de 48, que trabajaba en una residencia y se acababa de separar de su marido en Asturias. Ni, según los primeros indicios, lo había hecho la mujer asesinada este sábado en Alovera (Guadalajara), un nuevo caso que se está investigando como crimen machista. Puede sorprender que ninguna de ellas acudiera a la policía o al juzgado, pero es algo ya conocido. El 80% de las asesinadas contabilizadas desde 2003 ―1092 mujeres― nunca lo hizo. Algunas lo evitan porque temen por ellas o por sus hijos, otras sienten que no tienen a donde ir, a veces no ven el riesgo. “La clave sigue estando en la necesidad de detectar casos sin que la denuncia sea la primera opción”, dice el forense Miguel Lorente. Para evitarlo existen alternativas que ya preveía la ley contra la violencia de género de 2004 y que no siempre se usan, como que sea el médico quien detecte el peligro.

Hay pacientes de Rosa González que la consideran como su confesora, las conoce desde hace décadas. Es más fácil que le cuenten a ella, en la soledad de la consulta, lo que muchas no dirían nunca en una comisaría. González es médica de familia en un centro de salud de Valencia. Allí, en la Comunidad Valenciana, el llamado cribado sanitario se aplica desde hace más de un lustro. A toda mujer que entra en la consulta se le pregunta si ha sido o es víctima de malos tratos y se hace un seguimiento específico sobre este asunto. Ya han analizado a más de 100.000 mujeres. En marzo detectaron 32 casos entre 4.320 pacientes. “El cribado funciona”, asegura al teléfono la doctora González. “Llegas antes de que la mujer tenga secuelas, una agresión que le cueste la vida o un suicidio. El objetivo no es denunciar, lo importante es llegar a ellas, que vean que pueden salir y ayudarles a encontrar sus recursos”. El Ministerio de Sanidad corrobora en una respuesta parlamentaria de febrero de 2020, publicada en el portal Consalud.es, que el cribado mejora la detección de casos y que el ejemplo de la Comunidad Valenciana demuestra que es factible y eficaz. Eso ha llevado a que empiece “a ser replicado a nivel piloto en otras comunidades autónomas”.

Solo la mitad de los adolescentes lo han tratado en clase

En una de las imágenes del entierro de María Teresa Aladro, junto a más de una docena de centros y ramos de flores, se ve a su hijo abrazado al abuelo. Su exmarido la mató la madrugada del 20 de mayo con una escopeta de caza. Tere, como la llamaban en Pola de Laviana (Asturias), se separó y se marchó de casa en noviembre. Casi 20 años de análisis de casos y sentencias muestran que la separación es uno de los momentos de más riesgo. El exmarido, Senén Fernández, había advertido públicamente que no se libraría de él tan fácilmente, según fuentes del caso. Pero nadie denunció. El porcentaje de denuncias del entorno sigue siendo muy bajo: apenas ocurre en el 2% de los casos.

El bajo porcentaje de denuncias del entorno muestra que aún falta mucho recorrido de concienciación, alertan distintos especialistas. La clave, añaden, es educar para prevenir. Los asesinatos son solo la punta más visible y dolorosa de un iceberg enorme que empieza con conductas machistas de baja intensidad. La ley contra la violencia machista de 2004 recoge que hay que atajarlo desde edades tempranas y en la escuela: prevé incorporar la educación contra la violencia de género como contenido curricular desde el instituto, algo que refleja la última ley de educación aprobada el pasado noviembre. ¿Cómo es la situación ahora?

Casi la mitad de los adolescentes han abordado temas relacionados con la violencia machista en el aula, según el informe La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, dirigido por la catedrática de Psicología de la Educación María José Díaz-Aguado. El trabajo, con encuestas a más de 12.000 jóvenes de 14 a 20 años en 2020, constata que tratar este asunto en la escuela reduce el riesgo de ejercer y sufrir violencia de género. “Nos debe alegrar llegar a la mitad de los alumnos pero no tenemos perdón si no accedemos a todos con algo que está al alcance del sistema educativo”, señala Díaz-Aguado a este periódico. “¿Cómo vamos a privar a esos adolescentes de algo que funciona como una vacuna y que sabemos que reduce el riesgo aunque no baste por sí sola?”.

El agresor, el ángulo ciego

Warda Ouchene estaba embarazada de tres meses: su segundo hijo tenía que haber nacido después del verano. Su pareja, Ali, mató a esta mujer de 28 años y a su niño, el pequeño Mohamed, de siete años, en Sa Pobla (Mallorca) el 17 de mayo. Ella le había denunciado dos veces, en 2012 y en 2018. Llegó a tener una orden de alejamiento que ya no estaba en vigor. “Dejó de recibir amenazas y no constaban indicios de que estas continuasen”, explicó la delegada del Gobierno en las islas, Aina Calvo.

Todos los asesinatos suponen un fracaso del sistema pero los que más encienden las alarmas son justo estos: los pocos en los que ellas sí se atrevieron a denunciar. Es el caso de Katia Carolina, de 35 años y asesinada en la madrugada del 23 de mayo en Zaragoza. La orden de alejamiento estaba en vigor cuando su expareja la mató. Había acudido al piso de él para ayudarle a dejar las drogas. El Periódico de Aragón recoge que lo hizo pese a las advertencias del suegro, al que Katia le dijo en un mensaje antes de morir: “No creo que me haga daño, hace mucho que no me lastima”.

Las mujeres no siempre son conscientes del riesgo que corren, eso está constatado. Por eso también se sabe a estas alturas que su protección no debe depender solo de ellas. La dificultad con las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces es que el sistema no se puede permitir poner un policía detrás de cada mujer. Pero existe una alternativa que también prevé la ley de 2004: las pulseras telemáticas. Es un dispositivo que ellos se colocan en el tobillo conectado a otro aparato que se entrega a las mujeres. Si se acercan a menos de la distancia fijada por el juzgado, se activa la alerta. No ha habido ni un solo asesinato en el que un agresor llevara la pulsera puesta, confirman desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Es una de las herramientas “más eficaces que existen”, subraya Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial: “Estoy segura de que se han salvado un montón de vidas”.

A pesar de ser un éxito copiado por otros países, su uso aún no está generalizado. En estos momentos, hay 2.266 pulseras activas, según los datos oficiales. Pero existen más de 3.000, confirma Ángeles Carmona. Eso significa que quedan sin usar más de 700. El sistema de alerta policial Viogen establece que hay casi 7.000 casos considerados de riesgo medio, alto o extremo. La previsión del Ministerio de Igualdad es llegar a 8.000 dispositivos en 2023, con un aumento de 2.000 unidades más ya este año. “Muchas veces no se usan por falta de formación de los jueces, que son quienes dictan las medidas, o de los fiscales y abogados, que son quienes las piden”, admite Carmona.

Los maltratadores con pulsera están vigilados 24 horas al día. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha reclamado justo poner el foco sobre ellos tras seis asesinatos en una sola semana ―más una mujer que se suicidó en León tras separarse de su pareja que tenía una orden de alejamiento en vigor y el nuevo caso de este sábado, que está en investigación―. “Es el momento de controlar más a los agresores”, ha dicho Rosell.

Los maltratadores son el gran ángulo ciego para el sistema. Una de las herramientas para arrojar luz y poder detectar la intensidad del riesgo que suponen son las unidades de valoración forense de los juzgados que, también en este caso, recoge la ley de 2004 y se pidió reforzar en el pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017. En ellas trabajan forenses, psicólogos o trabajadores sociales para reforzar la labor de los jueces y fiscales. Entre otras misiones, pueden ayudar a valorar el riesgo analizando a los agresores que normalmente no declaran ante los policías cuando son detenidos y piden hablar solo ante el juez. Carmona explica que, ya en un protocolo de 2011, se incluyó esa opción de hacer valoraciones urgentes de riesgo que los revisen también a ellos. “No se ha puesto en marcha en muchos sitios por falta de medios”, asegura. El Ministerio de Justicia reconoce en un informe reciente, el Plan de mejora para las UVFI, publicado en 2020 , que España cuenta solo con 24 de estas unidades, que dan cobertura a 8,3 millones de habitantes.

El Ministerio de Igualdad prepara de urgencia con comunidades y organizaciones un diagnóstico para ver las lagunas del sistema que espera tener listo en los próximos días. Existen herramientas “muy potentes y muy útiles”, dijo el jueves la ministra Montero. Algunas, sin embargo, tan potentes como infrautilizadas.