El Gobierno se compromete a revertir los recortes en dependencia en los próximos Presupuestos

El plan de choque que el Gobierno ultima en dependencia se conocerá “en las próximas semanas", ha asegurado este martes Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, durante su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados. Álvarez se ha comprometido a que los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo está negociando reviertan los recortes de 2012 y 2013, ...

El plan de choque que el Gobierno ultima en dependencia se conocerá “en las próximas semanas", ha asegurado este martes Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, durante su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados. Álvarez se ha comprometido a que los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo está negociando reviertan los recortes de 2012 y 2013, que aún merman el sistema. “Contamos con 450 millones menos que en 2010 y medio millón más de usuarios. Esto obliga a hacer malabares”, ha dicho el secretario de Estado. La ley debe sufragarse a partes iguales entre la Administración General del Estado y las comunidades. Sin embargo, estas últimas soportan el 80% del peso. Aparte de prometer más dinero, aunque sin concretar ninguna cifra, Álvarez ha desgranado las principales líneas de actuación de su departamento y se ha comprometido a acometer cambios en la aplicación de la ley de la dependencia, así como a aumentar las partidas destinadas a los servicios sociales y a impulsar un cambio en el modelo de cuidados, con un "sistema residencial” que tiene “importantes debilidades”.

El secretario de Estado, cuya comparecencia estaba prevista para el pasado marzo pero hubo de ser pospuesta debido a la pandemia, ha asegurado que su principal objetivo es reforzar el "cuarto pilar del Estado de bienestar”, lo cual pasa por disponer de unos Presupuestos que “superen” en dependencia la aportación que se hacía en 2012; por aumentar la financiación para el Plan Concertado, con el que el Gobierno financia los servicios sociales básicos en los Ayuntamientos y “que acumula importantes recortes”; y por que el “eje de los cuidados” resulte prioritario en la distribución de fondos europeos para la reconstrucción.

Álvarez ha explicado que su intención es potenciar el sistema de la dependencia, con un “plan de choque” que presentará a las autonomías el próximo 2 de octubre en un Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, que “recupere compatibilidades entre prestaciones y servicios” y “aumente horas de atención domiciliaria”, además de con medidas que permitan agilizar el sistema o desarrollar la figura del asistente personal. En este encuentro se creará un grupo de trabajo para “repensar el modelo de cuidados de larga duración", ha dicho. Entre otros objetivos, se ha comprometido a elaborar una ley estatal de servicios sociales que fije un marco común en la cartera que se ofrece en las distintas comunidades, a reforzar los “servicios sociales públicos” y a reforzar los derechos de los jóvenes, afectados por un mercado laboral e inmobiliario que “dificulta enormemente su inserción y emancipación”.

Residencias

El secretario de Estado, que ha enumerado las medidas tomadas por el Ejecutivo para elaborar un “escudo social” con el que hacer frente a la pandemia (un fondo social extraordinario de 300 millones de euros, los ERTES o la aprobación del ingreso mínimo vital, por ejemplo), ha recordado que la competencia en servicios sociales es de las comunidades autónomas. Así que ha enumerado las medidas encaminadas a apoyar a las autonomías durante esta crisis. Como la flexibilización de la contratación de trabajadores de residencias durante el estado de alarma, cuando era difícil remplazar las bajas y se permitió emplear a quienes aún no tuvieran el título (algo que, según ha dicho, se está volviendo a estudiar) o la declaración de los servicios sociales como esenciales. También ha recordado que se ha creado un grupo de trabajo con las autonomías sobre covid, para establecer los mínimos con los que debían contar los planes de contingencia de cada residencia y un plan de respuesta temprana en estos centros. El Ejecutivo se había comprometido a tener listo en septiembre un sistema de información en tiempo real en estos centros del que el secretario de Estado no ha informado este martes.

Álvarez ha asegurado que ya se ha realizado parte importante del trabajo con las autonomías para prevenir rebrotes en las residencias, donde la pandemia ha evidenciado “importantes carencias y debilidades”. Aun así, ha reconocido que la situación sigue siendo de “enorme tensión”, debido a la vulnerabilidad de los residentes en estos centros. La portavoz del PP, Alicia García, ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno y ha recordado al secretario de Estado que todavía se desconoce la cifra oficial de fallecidos en residencias durante la pandemia. “La cifra no baja de 20.000”, ha criticado la portavoz de Vox, Reyes Romero, que lo ha tildado de “hecatombe”.

Sara Giménez, de Ciudadanos, ha recalcado que los geriátricos son hogares, y no centros sanitarios, por lo que ha exigido que se garantice la coordinación sociosanitaria, algo que falló durante la primera ola, y ha manifestado que han “echado de menos liderazgo y coordinación” por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ha reclamado medidas de conciliación, algo que también han recalcado otros diputados. El secretario de Estado ha asegurado que el Ministerio de Seguridad Social está “ultimando” con Trabajo una baja que estará lista en los “próximos días” y que permita que los padres y madres puedan cuidar de sus hijos si su clase se ve afectada por un brote.

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