Multas de hasta 60.000 euros por organizar y participar en fiestas ilegales en Baleares

El Gobierno de Baleares ha aprobado este viernes un decreto ley que contempla un abanico de sanciones para castigar los incumplimientos de las normas de seguridad sanitaria impuestas en el archipiélago tras la finalización del estado de alarma. Los organizadores y asistentes a fiestas o eventos que superen las 70 personas en espacios al aire libre y los 30 asistentes en interiores se enfrentan a multas de entre 3.001 euros y 60.000 euros por exceder los aforos permitidos. Una cuantía mayor, entre los 6.001 euros y los 600.000 euros, se impondrá a quienes comercialicen fiestas ilegales y ...

El Gobierno de Baleares ha aprobado este viernes un decreto ley que contempla un abanico de sanciones para castigar los incumplimientos de las normas de seguridad sanitaria impuestas en el archipiélago tras la finalización del estado de alarma. Los organizadores y asistentes a fiestas o eventos que superen las 70 personas en espacios al aire libre y los 30 asistentes en interiores se enfrentan a multas de entre 3.001 euros y 60.000 euros por exceder los aforos permitidos. Una cuantía mayor, entre los 6.001 euros y los 600.000 euros, se impondrá a quienes comercialicen fiestas ilegales y party boats en cualquiera de las islas y a quienes incumplan los aforos permitidos en los establecimientos permitiendo aglomeraciones de más de 150 personas.

La decisión se tomó después de las imágenes que en los últimos días han proliferado por las redes sociales en las que aparecen fiestas en fincas privadas con multitud de asistentes. El fin de semana pasado la Policía Local de Calviá (Mallorca) desmanteló una pool party en un chalet de Costa de la Calma con más de un centenar de asistentes que habían pagado entre 35 y 100 euros por la entrada. Los organizadores vendían alcohol sin licencia y contaban con más de un centenar de asistentes que no usaban mascarillas ni guardaban la distancia de seguridad mientras bailaban al ritmo de la música de un DJ. La noche del pasado sábado otro evento en Sa Pobla (Mallorca) reunió a más de 200 personas en un terreno rústico, en una fiesta a la que se le había denegado el permiso y que duró hasta el amanecer desatando la ira de los vecinos.

“Por la imprudencia de unos pocos no podemos poner en riesgo la salud de todos” ha dicho la consejera de Administraciones Públicas Isabel Castro, que ha insistido en que las medidas no tienen un objetivo recaudatorio “sino disuasorio”. En el extremo más laxo de las sanciones, el no utilizar la mascarilla en los lugares públicos se considerará una falta leve y será castigado con una multa de 100 euros mientras que para los incumplimientos más graves se contempla el cierre de los locales que hayan acogido los eventos ilegales y la prohibición de realizar la actividad durante tres años. Si la fiesta o reunión masiva se ha organizado en una vivienda turística, la normativa abre la puerta a prohibir su comercialización durante tres años.

Para atajar los eventos en el interior de las viviendas la Comisión de Emergencias de las islas ha acordado la creación de una unidad de análisis conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y la dirección general de Emergencias para investigar las fiestas que se publicitan con antelación a través de las redes sociales. Las fuerzas de seguridad pretenden conocer la ubicación de estos eventos y solicitar con antelación las órdenes judiciales que les permitan entrar en los domicilios y fincas, así como establecer controles en los accesos a las fiestas como medida disuasoria. Muchos de los organizadores de estos eventos, que se suelen celebrar en casas o chalets aislados, no avisan a los asistentes de la ubicación hasta unas horas antes de su celebración.

Las fiestas multitudinarias en estas villas comenzaron a organizarse tras la finalización del estado de alarma y la prohibición por parte del Gobierno de la socialista Francina Armengol de abrir las discotecas y salas de fiesta con aforos de más de 300 personas. Las salas más pequeñas han podido abrir, pero con su capacidad reducida a dos tercios, la pista de baile convertida en una zona de mesas y un horario de apertura limitado hasta las dos de la madrugada. Sin embargo, en las zonas turísticas de Magaluf y Playa de Palma en Mallorca y en el West End de San Antonio en Ibiza las discotecas y pubs tienen orden de permanecer cerradas independientemente de su capacidad. Con la mayor parte del sector con la persiana bajada la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento ha convocado una movilización el próximo día 15 frente a la sede del Gobierno regional y no descarta tomar medidas legales contra la decisión del Ejecutivo autonómico de mantener sus negocios cerrados.

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