El 15% de los residentes de centros de servicios sociales han muerto en Madrid durante la pandemia

Las residencias son uno de los epicentros de esta pandemia y las de la Comunidad de Madrid han sido duramente golpeadas. El 15,31% de las personas que vivían en centros de servicios sociales de la región murieron entre el 8 de marzo y el pasado 15 de mayo, según los datos remitidos por las comunidades autónomas al Gobierno y a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Son fallecimientos por cualquier causa, no solo por covid-19, en residencias de mayores, de discapacidad o salud mental. El porcentaje, un cálculo de este diario en base a las cifras facilitadas, ...

Las residencias son uno de los epicentros de esta pandemia y las de la Comunidad de Madrid han sido duramente golpeadas. El 15,31% de las personas que vivían en centros de servicios sociales de la región murieron entre el 8 de marzo y el pasado 15 de mayo, según los datos remitidos por las comunidades autónomas al Gobierno y a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Son fallecimientos por cualquier causa, no solo por covid-19, en residencias de mayores, de discapacidad o salud mental. El porcentaje, un cálculo de este diario en base a las cifras facilitadas, da una idea del impacto del virus: Madrid es la comunidad más golpeada, en términos absolutos y relativos. De los 7.690 fallecidos, solo a 1.203 se les realizó el test. Muchos ancianos murieron con síntomas compatibles, sin que una prueba confirmara el diagnóstico. En este tiempo, el Gobierno regional ha intervenido 14 centros. El número contrasta, por ejemplo, con los 112 de Asturias.

El goteo era incesante durante los días más duros. Se sucedían las noticias de fallecimientos y centros desbordados. Las residencias han sido uno de los grandes focos de contagio y su gestión y la de las comunidades, competentes en servicios sociales, ha estado en el punto de mira. Aún no se ha publicado la cifra oficial de fallecidos. Según los datos a los que ha accedido este diario, solo nueve comunidades han remitido al Gobierno la información solicitada, que están obligadas a enviar desde el 8 de abril.

Se trata de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía, Murcia, Navarra, Galicia y Baleares. En ellas, entre el 8 de marzo y el 15 de mayo murieron 5.346 personas a quienes se había realizado un test. Pero la cifra de decesos por cualquier causa asciende a 19.243. Muchos murieron sin que una prueba confirmara el diagnóstico. Según el último recuento de este diario con información de las 17 autonomías, son más de 19.000 muertes, bien con coronavirus confirmado o con síntomas compatibles. A al menos la mitad no se les realizó el test.

La falta de pruebas fue uno de los grandes problemas durante la época más dura de la pandemia, y aun hoy las patronales y sindicatos critican que no en todas las comunidades ha habido test para todos los residentes y trabajadores. De hecho, hay una gran diferencia entre el número total de muertes en las residencias, por cualquier causa, y de quienes tuvieron un diagnóstico gracias a un test. En Cataluña murieron 4.702 personas, 2.387 de ellas con covid-19 confirmada; en Andalucía, 2.150 por cualquier causa, 524 con coronavirus confirmado.

La comparación de los datos entre las comunidades es compleja, dado que no son homogéneos. Madrid, por ejemplo, solo informa de fallecimientos en los propios centros. Galicia incluye también los decesos de los residentes en el hospital. El porcentaje de fallecidos es un cálculo de este diario en base a los datos remitidos por las autonomías al Gobierno sobre los residentes en los centros y el número total de decesos. En Madrid, donde ahora viven 42.523 personas, han muerto 7.690 en las residencias (no solo por covid-19). Sin contar variables como quienes hayan fallecido en hospitales o se hayan marchado a casa, los fallecidos suponen el 15,31% de quienes vivían en residencias. En Galicia, con 23.862 residentes y 759 decesos, son el 3,08%. En Asturias, según las cifras facilitadas, con 13.632 residentes y 864 decesos, son el 5,96%.

Madrid ha copado el centro del debate político. El Gobierno regional vive una guerra interna, con los dos socios del Gobierno, PP y Ciudadanos, enfrentados por la gestión en estos centros. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), advirtió al inicio de la crisis al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), del riesgo de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y de las posibles “graves consecuencias legales” de los protocolos que restringían la derivación de dependientes a los hospitales. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, asegura que uno de esos polémicos protocolos fue un borrador y culpa de la gestión de las residencias al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien a su vez ha acusado al Gobierno regional de “un posible crimen”.

El pasado domingo, Pedro Sánchez recordó durante su intervención en La Moncloa que la gestión es competencia de las comunidades, y que del 18 de marzo y el 17 de mayo se había enviado al Ejército a realizar 5.200 actuaciones de desinfección en geriátricos por toda España dentro del marco de la operación Balmis. “El Gobierno no ha mirado para otro lado en esta crisis, y no solamente porque hemos aprobado órdenes sino porque hemos enviado al Ejército. Mayor compromiso con la seguridad de nuestros mayores que ha mostrado este Gobierno a mí me parece imposible”, aseguró Sánchez.

En ello ha insistido también Iglesias, que coordina la actuación en servicios sociales. Ha reiterado que las competencias en residencias han sido de las comunidades y que durante la pandemia desde su departamento han impulsado que los trabajadores de estos centros fueran considerados esenciales y la orden ministerial, aprobada por el Ministerio de Sanidad, que obligaba a separar a los usuarios de las residencias en grupos, para tratar de frenar la expansión del virus. También la orden por la que, a final de marzo, se facultaba a las comunidades a intervenir los centros que se vieran desbordados. Esto quiere decir que podían ordenar la reubicación o el traslado de residentes, la creación de nuevos centros o modificación de su capacidad, e incluso nombrar a un funcionario público para que dirigiera la actividad asistencial.

En este tiempo, las nueve comunidades mencionadas han abierto 428 expedientes de intervención en residencias de servicios sociales, es decir, que los Gobiernos regionales han emprendido algún tipo de actuación en las mismas. Pero para todas las comunidades “intervención” no significa lo mismo. En Madrid, por ejemplo, implica cambiar la dirección. En la región, los 14 expedientes coinciden con el número de residencias intervenidas por la comunidad en este tiempo (lo que puede significar que otras actuaciones más leves no se hayan comunicado). Suponen el 2% de los 710 centros de servicios sociales. En Asturias son 112 intervenciones en centros, incluso en algunos que estaban libres de covid pero en los que se actuó con carácter preventivo. Es decir, que se actuó en el 38,8% de las 289 residencias. En Cataluña han sido 209 actuaciones, lo cual supone el 19,1% de los 1.092 centros. La Generalitat precisa que, de ellas, 13 son las residencias propiamente intervenidas.

300 millones para servicios sociales

EL PAÍS también ha podido acceder al destino detallado del fondo social extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprobó el 19 de marzo para paliar los efectos de la covid-19. Las comunidades lo han distribuido para reforzar las plantillas de las residencias de mayores y los centros de servicios sociales, la asistencia al domicilio de las personas mayores dependientes o personas con discapacidad, así como para asistir a las personas sin hogar.

Un tercio de los 300 millones —100,6 millones (33,5%)— se han dedicado a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias y la cobertura de sus necesidades básicas. Otros 60,1 millones (20,3%) son para el refuerzo de las plantillas de centros sociales y residenciales. 58,2 millones (19,4%) servirán para los servicios de proximidad de carácter domiciliario. Para la compra de equipos de protección individual (EPI) se reservan 37 millones (12,3%). 24 millones (8%) son para medidas que las comunidades, en colaboración con los Ayuntamientos, consideren para personas especialmente vulnerables.

Andalucía es la comunidad que recibe más fondos con 51,7 millones. Le siguen Cataluña (45,5 millones), Madrid (38,7 millones) y la Comunidad Valenciana (30 millones). Castilla y León cuenta con 17,6 millones, una cifra ligeramente superior a Castilla-La Mancha (14,6 millones). Entre medias se sitúa Galicia (17 millones). Canarias cuenta con 14 millones, en la línea de País Vasco (13,4 millones). Para Murcia son 9,3 millones y Aragón 9,9 millones. En el caso de Extremadura la partida es de 7,8 millones. Semejante a la de Baleares (7,4 millones). Asturias consigue 6,6 millones, La Rioja y Navarra 4,5 millones, y Cantabria 4 millones. Ceuta y Melilla tienen 1,6 millones cada una.

El sector de los servicios sociales se ha mostrado molesto por que el Gobierno eliminara los 1.000 millones con carácter finalista para esta materia del fondo de 16.000 millones no reembolsables recién aprobado. Aunque hay comunidades que esgrimen que esta cantidad se compensa con el ingreso mínimo vital.

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