Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León no flexibilizarán los criterios para pasar de curso y obtener el título

Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía -gobernadas por el PP y, en el último caso, en coalición con Ciudadanos- mantendrán los criterios de promoción y titulación que marca la ley educativa (Lomce), a diferencia del resto de autonomías que tras haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Educación, flexibilizarán los requisitos para no frenar la trayectoria académica de 8,2 millones de estudiantes afectados por el cierre de los centros por la pandemia de covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ...

Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía -gobernadas por el PP y, en el último caso, en coalición con Ciudadanos- mantendrán los criterios de promoción y titulación que marca la ley educativa (Lomce), a diferencia del resto de autonomías que tras haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Educación, flexibilizarán los requisitos para no frenar la trayectoria académica de 8,2 millones de estudiantes afectados por el cierre de los centros por la pandemia de covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden del Ministerio de Educación que recoge el acuerdo educativo para la finalización del curso escolar consensuado con la mayoría de comunidades autónomas, que establece que todos los alumnos podrán pasar de curso y obtener los títulos de su correspondiente etapa educativa salvo casos “muy excepcionales”. La norma contiene la lista de las 12 autonomías que han mostrado su “conformidad” con el contenido del acuerdo, entre las que finalmente figura Cataluña.

Las cinco comunidades que han rechazado suscribir el acuerdo también aparecen mencionadas en la orden. Se trata de Castilla y León, Andalucía, Murcia, Madrid y Euskadi. Pero de ellas, País Vasco y Madrid ya han decidido qué harán. Euskadi ha publicado sus propias instrucciones para el fin de curso, que encajan con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y las otras 12 comunidades, al limitar al máximo la repetición y dejar la decisión final sobre qué sucederá con cada estudiante en manos de los centros y equipos docentes. El Gobierno vasco se mostró en sintonía con el texto consensuado la semana pasada en la conferencia sectorial de educación, pero dijo que el diseño del fin de curso entraba dentro de sus competencias. Madrid, por su parte, ha decidido seguir utilizando la actual ley educativa, la Lomce, mucho más restrictiva a la hora de promocionar y titularse.

Las otras cuatro comunidades descolgadas del acuerdo educativo, Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP, reclamaron al ministerio que fijara un número máximo de asignaturas a partir del cual los alumnos no pudieran pasar de curso o titularse. La publicación de la orden se ha demorado una semana desde la celebración de la conferencia sectorial por las negociaciones mantenidas a varias bandas. Finalmente, ni el ministerio ni las comunidades que ya se habían sumado al pacto han aceptado la exigencia de incorporar un límite numérico de asignaturas que decidan la repetición, y la norma publicada mantiene el principio de que serán los equipos docentes quienes decidan de forma global qué debe suceder con el alumno, “sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes”. La repetición solo deberá imponerse a aquellos casos en que los profesores consideren que resultará lo más útil para los alumnos.

Las cuatro comunidades que se han acogido a la Lomce funcionarán bajo condiciones mucho más rígidas para pasar de curso y titular —como norma general no se puede pasar de curso con más de dos suspensos en ESO y bachillerato, ni titularse y hacer la selectividad con una materia pendiente—. Seguir aplicando la Lomce puede provocar un mayor número de repeticiones, especialmente entre quienes tienen peores condiciones para seguir la docencia a distancia y por ello menos opciones de aprovechar la recta final del curso para recuperar los suspensos de los dos primeros trimestres.

Mientras el Gobierno y las comunidades autónomas que han suscrito el acuerdo consideran que el decreto del estado de alarma faculta a las Administraciones a adoptar una flexibilización extraordinaria del curso, el PP insiste en que es competencia del ministerio fijar un límite máximo de asignaturas suspendidas y que la orden vulnera la Lomce, una opinión compartida por los sindicatos ANPE, Csif y USO, que se han unido a las críticas. “Esta orden va a crear aún más inseguridad jurídica y confusión en la comunidad educativa”, ha declarado el presidente de ANPE, Nicolás Fernández.

“Estamos ante un escenario nuevo y es muy difícil poder prever las consecuencias. Por un lado, al ministerio le ha faltado liderazgo para aunar a las autonomías, y a las comunidades que se han descolgado del acuerdo les ha faltado lealtad institucional”, opina Carles López, expresidente de la confederación de estudiantes Canae y miembro del Consejo Escolar del Estado. “La repetición frustra la carrera de un estudiante y este curso tendría que haber primado el consenso. Esto va a causar inestabilidad entre las comunidades”.

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