Un juzgado investiga a una residencia que se quedó con dos auxiliares para 31 ancianos

El Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero ha abierto una investigación sobre la residencia Valle del Cuco, en Adrada de Haza, un pueblo burgalés de unos 200 habitantes. El Tribunal Superior de Justicia ha informado este viernes de que se toma esta determinación tras haber recibido información de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León sobre la situación en que se encuentra este centro, el primero y único que ha intervenido por el momento el Gobierno regional. Tomó la decisión ante la falta de personal. Solo quedaban dos auxiliares para atender a 31 personas. Otro ...

El Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero ha abierto una investigación sobre la residencia Valle del Cuco, en Adrada de Haza, un pueblo burgalés de unos 200 habitantes. El Tribunal Superior de Justicia ha informado este viernes de que se toma esta determinación tras haber recibido información de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León sobre la situación en que se encuentra este centro, el primero y único que ha intervenido por el momento el Gobierno regional. Tomó la decisión ante la falta de personal. Solo quedaban dos auxiliares para atender a 31 personas. Otro empleado preparaba la comida. Ahora, el juzgado inicia la instrucción del caso para determinar la existencia de posibles responsabilidades penales

De los 31 ancianos, 18 tenían fiebre o síntomas compatibles con el coronavirus. Otros 13 no presentaban síntomas, pero habían estado en contacto estrecho con los anteriores, explica la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en una nota. Fuentes conocedoras de la situación en el centro, que piden anonimato, explican que hasta el miércoles no se había separado a los ancianos, que estaban todos juntos. Los usuarios están siendo trasladados en furgonetas y ambulancias. Dos de ellos al hospital, el resto a cuatro residencias públicas.

Estos centros son uno de los grandes focos de la pandemia. Aunque el Gobierno sigue sin dar una cifra oficial de fallecimientos y afectados en estos lugares, cada día se conocen nuevos casos. La Fiscalía ya ha abierto diligencias para aclarar las circunstancias de las muertes de ancianos en dos residencias en Cataluña y en otra en Madrid. Además, tras las declaraciones de la ministra de Defensa, quien afirmó a principios de semana que el Ejército había hallado cadáveres en “algunas visitas” a estos centros, la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones para que se investigue en todas las provincias. Este viernes se ha conocido además la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero sobre la residencia Valle del Cuco.

El martes, el Ministerio de Sanidad publicó una orden por la que se habilitaba a las autonomías a intervenir las residencias que estuvieran colapsadas por el coronavirus. La Junta decidió intervenir este centro el miércoles —algo que notificó tanto al Ministerio de Derechos Sociales como a la Subdelegación del Gobierno—. Cambió a la hasta entonces directora, que estaba en su casa en cuarentena, como gran parte del personal, y nombró como nueva responsable a la directora del centro de día de Aranda de Duero, un municipio cercano, que elaboró un informe que fue comunicado a la Fiscalía.

El Gobierno regional también movilizó a cinco auxiliares de enfermería. Cuando el jueves por la mañana llegó a trabajar el nuevo equipo, en el centro solo había una empleada, convencida de que estaba contagiada. Las fuentes consultadas afirman que los ancianos, la mayoría muy desorientados, no eran conscientes de la situación de alarma que se vive en el país.

El estado de la residencia era muy preocupante, explican estas fuentes. Aseguran que antes del refuerzo de personal, solo dos trabajadores atendían, turnándose, a los residentes; ambos ya de baja. Además, otra persona trabajaba en la cocina.

Lucía Adrados, directora de la asociación Valle del Cuco, un colectivo sin ánimo de lucro que impulsó el geriátrico con el apoyo de 11 pequeños municipios de la comarca y con financiación del Gobierno autónomo, insiste este viernes en que oficialmente no hay ningún infectado porque “no se les han hecho las pruebas”. Sí admite que algunos tienen síntomas, como fiebre. Ella lleva 12 días aislada en su casa y asegura que su marido se encuentra grave. Cuenta que la situación se recrudeció en la última semana y que, ante la sucesión de bajas, solicitaron ayuda al departamento de Servicios Sociales de la Junta. “Los trabajadores iban cayendo”, afirma Adrados, que dice desconocer el contenido de los informes oficiales que ha elaborado el Gobierno regional acerca del estado de este centro de dos plantas, próximo al cauce del río Riaza.

Adrados subraya que los ancianos “han estado bien atendidos en todo momento”. Otras fuentes aseguran que los dos trabajadores que quedaban en el centro se esforzaban todo lo que podían, incluso convencidos de que estaban también infectados, pero que no podían llegar a todo. Los equipos de protección individual han escaseado estos días, aseguran dichas fuentes, por lo que este viernes los trabajadores tuvieron que utilizar incluso bolsas de basura para protegerse. Afirman que en la residencia sí hay comida, pero no esponjas, ni toallas. Que los ancianos no entienden por qué se les confinó en las habitaciones. Esta noche no había personal disponible para atender el centro. Así que ya hoy nadie dormirá allí.

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