La enseñanza pública andaluza se lanza a la calle por un decreto de la Junta que favorece a la concertada
Los sindicatos calculan que ha participado el 70% de los docentes y personal laboral, mientras que la Junta rebaja la cifra al 15%
Los sindicatos estiman que el 70% de los 102.105 profesores y 12.700 miembros de personal laboral de la enseñanza pública andaluza ha secundado la huelga este miércoles convocada para protestar por el nuevo decreto de escolarización que beneficia a la educación concertada, un porcentaje que la Junta rebaja al 15%. Es la primera huelga de funcionarios a la que se enfrenta el Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) desde que accedió al poder hace 14 meses. A los cinco sindicatos de la pública se han s...
Los sindicatos estiman que el 70% de los 102.105 profesores y 12.700 miembros de personal laboral de la enseñanza pública andaluza ha secundado la huelga este miércoles convocada para protestar por el nuevo decreto de escolarización que beneficia a la educación concertada, un porcentaje que la Junta rebaja al 15%. Es la primera huelga de funcionarios a la que se enfrenta el Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) desde que accedió al poder hace 14 meses. A los cinco sindicatos de la pública se han sumado la federación de asociaciones de padres (Codapa), el Frente de estudiantes y movimientos como la Marea Verde. De momento, las dispares cifras son provisionales, ya que el paro afecta a toda la enseñanza pública no universitaria y dura toda la jornada de este miércoles.
El pronunciado descenso de la natalidad del 30% en la última década provoca que se cierren aulas, un recorte que puede afectar a la enseñanza pública o a la concertada, puesto que ambas pierden alumnado del total de 1,4 millones actual. El nuevo decreto permite a las familias elegir centros concertados aunque no estén en su demarcación escolar, siempre que haya alguno en su localidad, algo que no estaba permitido antes. Además, los concertados que no dispongan de Bachillerato pueden acceder a un centro público en igualdad de condiciones con los públicos, que antes tenían preferencia, lo que podría ocasionar falta de plazas. Los sindicatos ven en el nuevo decreto un pequeño paso que beneficia a la concertada, aunque la Junta asegura que ante la pérdida de alumnado y en igualdad de condiciones, primará los centros públicos sobre los concertados.
Los docentes se han manifestado en las ocho capitales y sindicatos como CC OO elevan a más de 60.000 personas los participantes. “La respuesta de la comunidad educativa ha sido contundente. El Gobierno está noqueado porque no se esperaba tal reacción, no sé lo que hará ahora”, ha afirmado Diego Molina, de CC OO. “Se ataca a la escuela pública haciendo peligrar el mantenimiento de unidades educativas (aulas)”, ha subrayado Elena García, de CSIF. Al respecto, Francisco Padilla, de ANPE, ha concretado que la norma “puede provocar más supresiones de unidades después de haberse cerrado más de 2.000 en los últimos cinco años”.
El consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), ha replicado que la huelga tiene un sesgo “ideológico” de “todos aquellos que han pretendido utilizar este decreto para armarse e ir contra el Gobierno y contra este consejero”. Imbroda asegura que no dará marcha atrás ante las críticas a su medida más política. “Quizás no hayan entendido bien el espíritu del decreto o se ha malinterpretado”, ha matizado. La Junta sostiene que entre Infantil y Bachillerato, en la última década la enseñanza pública ha aumentado sus clases en 326 aulas, mientras que la concertada ha crecido a mayor ritmo: 1.996 aulas.
Las manifestaciones han congregado a más de 10.000 personas en ciudades como Sevilla o Granada, según los sindicatos, cifra que la Delegación del Gobierno ha rebajado a 4.000 manifestantes en la capital andaluza. En la protesta de Sevilla, que ha finalizado ante el Palacio de San Telmo -sede de la Presidencia de la Junta- se han oído gritos como: “Imbroda, escucha, estamos en la lucha”. Los sindicatos sitúan el paro en toda la comunidad en el 80% de los docentes de Secundaria, el 60% en Primaria y el 50% en el caso del personal laboral (técnicos y ordenanzas, entre otros).
En Málaga, cerca de 3.000 personas, según la subdelegación del Gobierno, se han manifestado contra el decreto de escolarización. La Marea Verde ha entonado cánticos como: “Este decreto lo vamos a tumbar y a Imbroda lo vamos a echar”, mientras recorría la Avenida de Andalucía, una de las principales arterias de la capital en un ambiente festivo y reivindicativo, informa Nacho Sánchez.
En Cádiz, una marea de miles de camisetas verdes ha invadido sus calles. Unos 5.000 docentes –según estimaciones de los convocantes– se han sumado a una multitudinaria convocatoria que ha recorrido las calles del centro de la ciudad, desde la plaza del Ayuntamiento hasta las puertas de la Delegación de la Junta en Cádiz, donde los convocantes han entregado un escrito. “Imbroda, inepto, vuelve al baloncesto”, se ha oído en la marcha. “Ha sido una manifestación histórica en el sector de la enseñanza en la provincia”, ha asegurado José Corvino, secretario provincial de la Federación de Servicios de la UGT, informa Jesús Cañas.
En Granada, dos manifestaciones han concluido frente a la Delegación Territorial de Educación. En la primera, convocada por los sindicatos Ustea y CGT, han participado 600 personas según la Policía Local. En la segunda, con el resto de sindicatos y estudiantes, el recuento ha sido de 2.000 personas según fuentes oficiales y 10.000 según los convocantes. Rosa Funes, presidenta de FAMPA Alhambra, la federación de asociaciones de padres y madres de Granada, ha insistido en que el decreto es “un atentado contra la escuela pública, es un desmantelamiento de esa escuela”. Por su parte, desde el sindicato ANPE, su presidente provincial, Manuel Pérez, ha tildado el decreto de “discriminación positiva hacia la concertada frente a la pública, lo que no debe hacerse ya que es la pública la que vela por un servicio educativo que gracias a ella llega a todos los rincones de la provincia y de la comunidad”, informa Javier Arroyo.