Siete opositores discapacitados intelectuales impugnan un examen por no estar adaptado
La Universidad de Sevilla alega que adecuó la prueba a las condiciones especiales de los 31 aspirantes a auxiliar administrativo
Siete de los 31 opositores con discapacidad intelectual que el pasado 30 de junio se examinaron para optar a las plazas de auxiliar administrativo de la Universidad de Sevilla impugnarán el examen por su complejidad y por no adaptarse a la normativa vigente para este colectivo. La institución, por el contrario, asegura que se procedió a la adaptación cognitiva del examen y que incluso formó un grupo de trabajo específico. De las 233 plazas ofertadas por la universidad, 17 son para discapacitados y 5 de estas para discapacitados intelec...
Siete de los 31 opositores con discapacidad intelectual que el pasado 30 de junio se examinaron para optar a las plazas de auxiliar administrativo de la Universidad de Sevilla impugnarán el examen por su complejidad y por no adaptarse a la normativa vigente para este colectivo. La institución, por el contrario, asegura que se procedió a la adaptación cognitiva del examen y que incluso formó un grupo de trabajo específico. De las 233 plazas ofertadas por la universidad, 17 son para discapacitados y 5 de estas para discapacitados intelectuales.
María José Ruiz, que representa a los denunciantes, tilda de “injusto” y “extremadamente difícil” el examen, y denuncia que la prueba fue elaborada para personas sin discapacidad alguna.
Este grupo también ha denunciado una serie de irregularidades que ocurrieron durante las pruebas: desde un primer momento, la universidad no les facilitó los temarios adaptados con lectura fácil, a pesar de reclamarlo por escrito e incluso pedirlo al Defensor del Pueblo Andaluz para que forzara a la institución a hacerlo. La Universidad de Sevilla alega que era “un recurso que estaba fuera de los plazos establecidos” y que “se rige por sus estatutos, donde este asunto no figura como obligación”.
Como muestra de su dificultad, los opositores lamentan que sufrieron un “enorme desconcierto” puesto que pasaron gran parte del tiempo del examen –hasta cuatro horas- preguntando el significado de algunas de las palabras y el sentido de algunas de las frases. El cuadernillo de preguntas estaba aparte del de respuestas, con la dificultad que ello conlleva. Asimismo, el examen comenzó una hora más tarde, una espera que les desconcertó y que incrementó sus niveles de nerviosismo.
La Universidad rebate las quejas
La Universidad de Sevilla asevera que “sí adaptó el examen y las condiciones para su celebración”, para lo que constituyó un grupo de trabajo específico, cuyo trabajo se centró en “reformular y simplificar las 80 preguntas y las opciones de respuesta”, “eliminando”, siempre que ello fuera posible, “legislación, artículos, formulaciones negativas”, o bien facilitando sinónimos o breves explicaciones que facilitasen la comprensión.
La universidad hispalense ha indicado también que el llamamiento de los opositores se realizó, como en el resto de las aulas, a las nueve de la mañana, “comenzando como estaba previsto una hora más tarde”. El acceso a esa aula, precisamente, estuvo también autorizado para los familiares y acompañantes de los opositores con discapacidad.
La duración del examen, por su parte, se estableció en cuatro horas para los discapacitados intelectuales, el doble de tiempo que para el resto de opositores. Este tiempo considera la universidad que debió ser “suficiente” dado que el último opositor abandonó el aula a las 13.40, es decir, 20 minutos antes de lo señalado para el fin del examen.
Por último, la institución subraya que, una vez finalizó el examen, un colaborador acompañó a cada opositor a la Secretaría de la facultad, sin perder de vista la prueba en ningún momento, para que una funcionaria les hiciera una fotocopia de la misma y pudieran llevársela a casa. Asimismo, “se les dispuso en el aula de agua y diversas piezas de fruta para favorecer su rendimiento”.
Los opositores con discapacidad intelectual temen que las plazas para el cupo de reserva queden desiertas y pasen al cupo general, una posibilidad que contempla la norma. Por ello, exigen que se rectifique y la universidad convoque una nueva prueba para el cupo de discapacitados intelectuales.