Sus tuits pueden violar la ley anti blasfemia de Pakistán

Ensaf Haidar se quedó de piedra cuando hace unos días recibió un correo electrónico de Twitter advirtiéndole de que sus tuits podían violar la ley de blasfemia de Pakistán. Haidar no es paquistaní ni vive en ese país. La activista saudí refugiada en Canadá no ha sido la única en recibir el controvertido mensaje de la red social. Al menos otros dos comentaristas críticos con el extremismo islámico han denunciado ...

Ensaf Haidar se quedó de piedra cuando hace unos días recibió un correo electrónico de Twitter advirtiéndole de que sus tuits podían violar la ley de blasfemia de Pakistán. Haidar no es paquistaní ni vive en ese país. La activista saudí refugiada en Canadá no ha sido la única en recibir el controvertido mensaje de la red social. Al menos otros dos comentaristas críticos con el extremismo islámico han denunciado el intento de restringir su libertad de expresión con mensajes similares. La campaña coincide además con el lanzamiento en Google de una app para que los musulmanes puedan denunciar a potenciales blasfemos.

“Querido Twitter, no tengo miedo de expresar mis opiniones y no puedes silenciarme bajo ningún concepto. ¿Queda claro?”, tuiteó como respuesta Haidar. La activista es la mujer de Raif Badawi, el bloguero saudí encarcelado desde 2012 y condenado a mil latigazos por “faltar al respeto al islam”. A partir de entonces ella se refugió con sus hijos en Canadá, desde donde lucha por la liberación de su marido y la libertad de expresión.

Lo que ha puesto en el punto de mira a Haidar es un tuit del pasado agosto en el que mostraba a una mujer con el velo integral y pedía: “Retuitea si estás contra el niqab”. Twitter le dice que ese mensaje podría violar la ley paquistaní y le sugiere que “tal vez quiera pedir asistencia legal sobre el asunto”. Ella ha sido también una de las primeras en dar la alerta sobre la app antiblasfemia de Google.

Además de Haidar, los otros dos afectados son el columnista canadiense Anthony Furey, y Mohammad Tawhidi, un clérigo chií australiano de origen iraní. En el caso de Furey, la supuesta ofensa son unas viñetas de Mahoma que colgó hace cuatro años, según explicó en su columna del pasado sábado. Tawhidi pidió en un tuit a la policía australiana que investigara el extremismo en las mezquitas tras un asesinato con arma blanca ocurrido en Melbourne el pasado noviembre.

El nexo que les une es su actitud crítica ante el extremismo religioso y la acusación a Twitter de contribuir a silenciar las ideas progresistas dentro del islam. La red social rechaza esa acusación. “Si recibimos una solicitud válida de una entidad autorizada, de vez en cuando puede ser necesario retirar el acceso a ciertos contenidos en un país concreto”, ha asegurado un portavoz de la compañía citado por la agencia France Presse.

Los afectados coinciden en que la medida avala la controvertida ley de blasfemia paquistaní que permite que cualquier acusado de insultar al islam, su profeta o su libro sagrado pueda ser condenado a muerte con el simple testimonio de un musulmán. A menudo, el recurso a esa acusación esconde disputas personales y afecta de forma desproporcionada a las minorías religiosas. Además, como se ha visto en el caso de la cristiana Asia Bibi, incluso tras la absolución del Supremo su vida corre peligro. Aunque no hay constancia de que nadie haya sido ejecutado legalmente por esa causa, al menos 70 acusados han muerto linchados por turbas enardecidas desde 1990.

El pasado verano Pakistán amenazó con bloquear Twitter si no eliminaba contenido que el Gobierno consideraba “ofensivo”. Entre 2012 y 2016, las autoridades ya impidieron el acceso a YouTube a causa de un cortometraje amateur sobre Mahoma que generó protestas de los extremistas. También prohibió Facebook durante dos semanas en 2010 por alojar contenido supuestamente blasfemo.

La app de Google para denunciar a quienes insulten al islam no proviene sin embargo de Pakistán sino de Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo. Smart Pakem, que es como se llama el invento, fue lanzada el mes pasado a petición del Gobierno de Yakarta para facilitar que se denuncie a quienes tengan “creencias erróneas” en violación de la ley islámica (Sharía). El código penal indonesio prohíbe la blasfemia que define como “acto u ofensa de hablar de forma sacrílega sobre Dios o las cosas sagradas”. Un total de 148 personas han sido condenadas por esa causa desde 2004, según el recuento de Human Rights Watch.