La Universidad que pasa frío
La deuda de las Administraciones obliga a los campus a recortar en papel, calefacción, fotocopias, luz Los proveedores pagan los platos rotos y algunos amagan con cortar el suministro La reposición de profesores está limitada
La Universidad remata el curso como lo empezó: atrapada por los problemas económicos. Salarios y plantillas congelados, recortes sobre recortes, deudas y facturas acumuladas en los cajones. Los problemas económicos no son homogéneos, como tampoco lo ha sido la subida de las tasas para los alumnos. Cada campus sangra por una herida. En las universidades más antiguas se hace complicado sustituir a los profesores que se van jubilando; algunas combaten las deudas con los proveedores cortando la calefacción, otras limi...
La Universidad remata el curso como lo empezó: atrapada por los problemas económicos. Salarios y plantillas congelados, recortes sobre recortes, deudas y facturas acumuladas en los cajones. Los problemas económicos no son homogéneos, como tampoco lo ha sido la subida de las tasas para los alumnos. Cada campus sangra por una herida. En las universidades más antiguas se hace complicado sustituir a los profesores que se van jubilando; algunas combaten las deudas con los proveedores cortando la calefacción, otras limitan el papel para fotocopias; con la disminución de las titulaciones que se imparten tratarán de aliviar el presupuesto. Pero todas son acreedoras de la Administración en mayor o menor medida. Ese es origen del derrumbe de las piezas de dominó.
La rectora de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, habla sin ambages: “Es un momento malo”, que divide en dos problemas bien definidos: la reposición del personal y la financiación. La falta de dinero lo ahoga todo, pero una universidad sin calefacción pasa frío, sin profesores está a la intemperie.
“Hemos pedido insistentemente que se cambie la tasa de reposición”, cuenta De la Calle. Hoy se permite que se cubran 10 de cada 100 bajas de docentes. “Estamos dispuestos a disminuir los gastos de personal, pero queremos tener capacidad para redistribuir los fondos”, sostiene la presidenta de la CRUE. “Entre 1975 y 1985 fue el gran auge de alumnos y se contrataron de golpe muchísimos profesores. ¡Éramos más malos que la tos!”, recuerda con sorna José Ginés Mora, profesor de la Universidad de Londres y especialista en la gestión de la enseñanza superior. “La edad media de los profesores funcionarios es de 55 años. Así que en los próximos 10 años se van a jubilar muchísimos, pero puede que nos encontremos con un hueco generacional, sin recambio”, lamenta.
Los alumnos repiten más que en Europa y ello encarece el sistema
Solo en Cataluña se han perdido en las siete universidades públicas 1.500 docentes en dos años. La Politécnica catalana no renovará a 250 asociados y el resto hablan de estabilidad. Desde el Gobierno central no se facilitan datos totales. “No existen desde el curso 2010-2011. Debían darlos, igual que sabemos que se han perdido 22.600 profesores de la educación no universitaria en dos años”, se lamenta Julio Serrano, responsable de Universidad de Comisiones Obreras. “Quienes están sufriendo más son las universidades históricas —la Complutense de Madrid, Santiago o Salamanca...— con unas plantillas consolidadas muy envejecidas. Es insostenible”, añade. El rector de Salamanca, Daniel Hernández, asegura que peligran departamentos de Medicina, Enfermería o Fisioterapia.
“Los rectores que modernizaron la Universidad de Santiago y que durante 40 años formaron a gente muy buena se van ahora. Dejamos que se vayan todos: los que forman y los formados; no nos queda nada”, preconiza Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea. “El frenazo de ahora tardará en notarse aún, porque la universidad funcionará un tiempo por inercia —las patentes y artículos tienen tres años de vida—, pero una vez frenado el buque será muy difícil ponerlo en marcha. En tres años, estaremos como en 2003”, prosigue Antonio Pérez, portavoz del personal de este campus.
El de personal es el mejor capítulo para ahorrar, pero, antes de eso, los rectores hacen un esfuerzo en otros gastos. En buena medida son los proveedores los que pagan el pato. “La media de pago de las Administraciones públicas es de 151 días, pero con grandes diferencias”, explica Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Las pequeñas empresas y los autónomos copan el 75% de los servicios a los campus: limpieza, transporte, provisión de materiales o personal que trabaja allí. Recuerda que 150.000 negocios que surtían a la Administración han cerrado.
Las grandes empresas, con mayor margen de maniobra para hacer frente a impagos, también aguardan el abono. Endesa amagó con cortar la luz a la Universidad de Zaragoza por una factura de 2,5 millones. No son tiempos para el dispendio energético. El rector de la de Oviedo, Vicente Gotor, ha llegado a reconocer que pasan frío. Un día menos de calefacción supone un ahorro de 10.000 euros.
La excelencia, para más tarde
Para que alguna universidad española entre, al fin, en la élite de los 200 mejores campus del mundo es necesario internacionalizarse y encontrar la especialización para competir en un mercado, el educativo, cada vez más globalizado. En esa tarea pretendían concentrar todos sus esfuerzos las universidades de Valladolid, León y Burgos (todas las públicas de Castilla y León salvo Salamanca) junto a una veintena de empresas e instituciones, creando un campus de excelencia común. Sin embargo, su sueño parece relegado a mejores tiempos.
Ya habían conseguido lo más complicado: que su proyecto Triangular E3 fuese reconocido en 2011 como excelente por el Ministerio de Educación, que iba a prestar a la Junta cinco millones para ese cometido. La asfixia económica de la comunidad no ha permitido que el dinero llegase a sus manos y en septiembre recibirán la visita de una comité internacional que supervisará sus avances. “Vamos a luchar por mantener la mención de excelencia para el campus”, cuenta Alberto Villena, vicerrector de Investigación de la Universidad de León.
Su idea era fundar una escuela de posgrado interuniversitaria e internacional (empleando recursos comunes y docencia bilingüe), crear centros abiertos multidisciplinares de I+D+i compartida con el usuario (Living Labs) y generar conocimientos de alto impacto socioeconómico. Siempre relacionados con tres ejes de interés: la evolución humana, el envejecimiento y la ecomovilidad.
“Queremos formar investigadores, colaborar con empresas y ensayar con los usuarios finales. Por ejemplo, con soluciones robóticas para discapacidad”, explica Villena. “Traer científicos reconocidos un tiempo para que sean el germen de grupos de investigación. Pero, para eso, se necesitan laboratorios y más dinero para alimentar esos grupos”. Por ahora Triangular E3 ha podido echar mano de 800.000 euros destinados a actividades paralelas, como un programa para potenciar la compra pública de tecnología innovadora que presentan estos días.
Castilla y León no es un caso único. El programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), en el que el Estado ha invertido más de 700 millones desde 2008, ha entrado en vía muerta. Educación anunció a principios de 2012 que no autorizaría créditos para desarrollar los proyectos. Solo se han hecho efectivos en Madrid y La Rioja. En Andalucía su Gobierno se hace cargo.
Una práctica extendida es la de clausurar las instalaciones durante las festividades. Se las ingenian también para reestructurar su organización. En Alcalá de Henares han pasado de tener 18 facultades y 43 departamentos a 9 centros y 23 departamentos; producen parte de su energía o han reducido los gastos protocolarios, de publicidad o dietas.
Hay también un acuerdo común en que existe demasiada oferta de titulaciones —la CRUE calculó en 2008 que el 13% de los títulos sobraba—, pero cerrar universidades divide a los expertos. “Es verdad que está sobredimensionada, pero hay que gestionar con cabeza. Si cierras, por ejemplo, una titulación en Extremadura tendrás que dar más becas para que esos alumnos puedan estudiar en Madrid”, piensa Ramón Sans, de FETE-UGT. También coinciden en que el rendimiento estudiantil es bajo. La tasa de aprobados en la pública se situaba en el 63,81%, en 2011 y en la privada en 83,78% (pero comparar esto sería otro debate). Y las repeticiones —por mucho que en cada convocatoria el alumno pague un poco más— encarecen mucho.
En una época de fondos tan escasos, el polémico plan Bolonia exige invertir más dinero en grupos menos numerosos. “No hay infraestructura para estas clases reducidas. Las aulas son muy grandes y el profesorado muchas veces no está suficientemente preparado. No han impartido nunca la asignatura y no hay fondos para que se reciclen”, explica Inés Sánchez, secretaria general de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades (CREUP). “Como se está echando a profesores, los hay impartiendo una materia que no dominan y se sienten inseguros. El ambiente es triste. Todo el mundo está preocupado”. En su universidad, la Politécnica de Valencia, los 25.000 euros del presupuesto de los alumnos se han gastado en cubrir tasas de compañeros morosos. Es un parche, cree que se necesita una estrategia.
El origen de todos estos parches, que no pueden contener las múltiples vías de agua que amenazan los estudios superiores en España, es el dinero: la financiación.
Un dinero que, como no entra, no sale. Y eso repercute en los proveedores. Hacienda calcula que las universidades deben 1.061 millones a quienes les suministran material y servicios, aunque las comunidades dicen que es menos. En cualquier caso, la CRUE ha denunciado que hasta ahora las universidades no han podido beneficiarse de los planes de pagos a proveedores aprobados por el Gobierno, como sí han hecho los hospitales. Parece que eso va a cambiar. Un decreto permitirá por primera vez que los suministradores de las universidades reclamen y cobren. “Se pondrá el contador a cero”, afirma un portavoz del departamento de Cristóbal Montoro. Para ello, se concederán créditos a 10 años con dos de carencia. A cambio, las autonomías presentarán planes de ajuste. Claro que para ello habrá que aclarar las cuentas.
Los datos que hay “son estimaciones a partir de los datos que han ido aportando las comunidades”, reconoce el ministerio.
Gracias a un plan en septiembre los proveedores por fin cobrarán
Mientras llega una solución, cada comunidad, responsable de las competencias educativas, ha metido la tijera como ha podido y querido. En Andalucía, por ejemplo, se ha recortado poco, pero a costa de mantener una elevadísima deuda con las universidades. “En otros casos”, añade la presidenta de la CRUE, “se han producido reducciones muy significativas en la financiación general, por ejemplo, en Madrid”. En 2010, los campus de la capital recibieron 1.085 millones, mientras que este año no superaban los 863 millones.
En Baleares, el presupuesto se ha reducido un 25% en cuatro años mientras subían los alumnos un 10%. Y en Castilla-La Mancha las arcas son un 40% menores que en 2010.
“Es un problema tremendo”, apunta Antonio Ramírez de Arellano, rector de la de Sevilla que ha reducido sus gastos este año en 18 millones, con lo que no cubre los 70 millones que debe. “Las comunidades están tomando prestado el dinero de los proveedores”, apunta el rector.
Los impagos también se dan en Cataluña —las universidades hablan de 250 millones— poniendo al borde del abismo a los grandes campus, que arrastran los mayores números rojos. La falta de liquidez llevó a la Politécnica a retrasar el pago de las nóminas en junio del año pasado. La de Lleida (más saneada) pidió un crédito para poder abonar los salarios y en la Autónoma pagar más tarde las becas Séneca.
“Si no invertimos en ciencia y educación. No hay futuro”, piensa el catedrático José Ginés Mora. Y pone el ejemplo de Finlandia, con una tasa de paro del 18% en los ochenta. Invirtió en educación, ciencia y tecnología aumentando el gasto hasta el 3% del PIB. “Ahora son un espejo en el que mirarse. Es de Perogrullo”. Pero hasta ahora, piensa Mora, la gente no le daba la importancia que merece a la educación. “La crisis ha servido para tener sentido común y eso ha cambiado”, se alegra. “Hace 20 años un consejero me dijo: ‘Tienes razón, habría que invertir más en educación. Pero los políticos tenemos prioridades y las encuestas que manejamos nos dicen que eso no interesa”, rememora. Desde entonces, piensa, se ha hecho mucho “pero a este paso lo vamos a perder. Para salir de la crisis necesitamos un nuevo modelo económico y tiene que basarse en el conocimiento. Es casi más importante que comer”.
Con información de Ivanna Vallespín (Barcelona), Cristina Huete (Santiago), Ezequiel Moltó (Alicante) y Pilar Álvarez (Madrid).