La Fiscalía de EE UU pide la ilegalización de Greenpeace en un juicio por abordar un barco
El departamento de Ashcroft recurre a una ley de 1872 que sólo se ha aplicado dos veces para procesar a la ONG
La organización Greenpeace comparece desde hoy ante un tribunal federal de Miami, en el Estado de Florida, tras la denuncia presentada por la Fiscalía General del país por una protesta pacífica llevada a cabo en el año 2002, cuando sus activistas abordaron un barco que transportaba madera de caoba ilegalmente talada en la Amazonía brasileña. Greenpeace se arriesga a ser declarada una "organización criminal" y, en consecuencia, a ser ilegalizada.
El caso se remonta a abril de 2002, cuando seis activistas de la ONG ecologista abordaron frente a la costa de Florida un buque mercante que se...
La organización Greenpeace comparece desde hoy ante un tribunal federal de Miami, en el Estado de Florida, tras la denuncia presentada por la Fiscalía General del país por una protesta pacífica llevada a cabo en el año 2002, cuando sus activistas abordaron un barco que transportaba madera de caoba ilegalmente talada en la Amazonía brasileña. Greenpeace se arriesga a ser declarada una "organización criminal" y, en consecuencia, a ser ilegalizada.
El caso se remonta a abril de 2002, cuando seis activistas de la ONG ecologista abordaron frente a la costa de Florida un buque mercante que se dirigía a Miami y desplegaron una pancarta con el lema Presidente Bush, detenga la tala ilegal. Según recuerda Greenpeace España en un comunicado, en su momento los ecologistas fueron declarados culpables, pagaron una multa y pasaron un fin de semana en prisión. Sin embargo, la Justicia estadounidense no había cerrado totalmente el caso. En julio de 2003, el Departamento de Justicia, dirigido por John Ashcroft, decidió procesar a toda la organización en su conjunto, "en lugar de investigar y denunciar a los importadores estadounidenses de madera ilegal", según critica la ONG.
Para reabrir el caso, la Fiscalía recurrió a la una ley de 1872 contra el llamado sailormongering, una práctica por la cual las prostitutas de los puertos subían a los barcos o incitaban a los marineros desde tierra a acudir a las tabernas. Esta ley, calificada de "oscura" por Greenpeace, se ha utilizado sólo dos veces en 130 años, la última de ellas hace cien años. "La legislación de EE UU será utilizada para declarar a Greenpeace organización criminal, mientras los madereros, transportistas y comerciantes de caoba siguen impunes y se ríen de la ley", denuncia Greenpeace, que añade que "la madera ilegalmente talada sigue llegando a EE UU y Europa, España incluida, y los criminales siguen trabajando en el corazón de la Amazonía".
Una denuncia con tintes políticos
En su nota, Greenpeace define a Ashcroft como "el hombre que cree que Greenpeace EE UU debe ser declarada organización criminal por poner en conocimiento de las autoridades un crimen que estaba a punto de ocurrir en suelo estadounidense". "Es responsable de que nuestro derecho a la libertad de expresión corra peligro", añade.
"Desgraciadamente, él no está obligado a explicar por qué la Administración Bush cree necesario declarar ilegal a Greenpeace ni tampoco dará a conocer por qué permite que los verdaderos criminales sigan sin castigo y la Amazonía sea saqueada", apunta la ONG. La caoba es una de las maderas protegidas por el Convenio Internacional sobre el Comercio de especies de flora y fauna amenazadas (CITES).
El pasado 15 de abril, el juez federal encargado del caso, Adalberto Jordan, aceptó la petición de Greenpeace para celebrar un juicio con jurado. El magistrado también reconoció que la denuncia de la Fiscalía es "extraña y tal vez sin precedentes", que está relacionada con la libertad de expresión y que parece no estar exenta de ciertos tintes políticos. En el proceso, Greenpeace estará representada por David Halperin, antiguo ayudante de Bill Clinton en su etapa como presidente del país, quien defenderá ante el tribunal que esta demanda es "un peligroso precedente para el futuro de la libertad de expresión y el derecho a la protesta civil en EE UU".