La secretaria judicial del registro del 20-S: “Mi declaración en el Supremo cambió mi vida”

Montserrat Del Toro, que cuenta con protección policial, testifica en la Audiencia Nacional en el juicio contra la antigua cúpula de los Mossos

Los manifestantes se congregan a las puertas de la Conselleria de Economía de la Generalitat, en Barcelona, el pasado 20 de septiembre de 2017.Vídeo: EFE | EPV
San Fernando de Henares -

Montserrat del Toro se convirtió en protagonista inesperada del procés. Esta secretaria judicial encabezaba la comitiva que el 20 de septiembre de 2017, en pleno desafío secesionista, irrumpió en la Conselleria de Economía para registrarla. Una intervención que acabó con el cerco del edificio por parte de 40.000 manifestantes, con coches de la Guardia Civil destrozados y con la trabajadora saltando por la azotea al inmueble contiguo para poder abandonar la zona... “Llegamos a las 7.58 de la mañana. Me acuerdo porque miré el reloj”, ha comenzado este lunes al repasar aquella jornada cl...

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Montserrat del Toro se convirtió en protagonista inesperada del procés. Esta secretaria judicial encabezaba la comitiva que el 20 de septiembre de 2017, en pleno desafío secesionista, irrumpió en la Conselleria de Economía para registrarla. Una intervención que acabó con el cerco del edificio por parte de 40.000 manifestantes, con coches de la Guardia Civil destrozados y con la trabajadora saltando por la azotea al inmueble contiguo para poder abandonar la zona... “Llegamos a las 7.58 de la mañana. Me acuerdo porque miré el reloj”, ha comenzado este lunes al repasar aquella jornada clave, donde “el miedo” y los “nervios” le condujeron a la “desesperación” cuando no sabía si iban a poder salir de allí. Desde entonces, su vida ha cambiado: lleva escolta policial, ha recibido amenazas y la Fiscalía abrió una investigación para identificar a quienes difundieron su fotografía por las redes sociales. Una presión que aumentó exponencialmente tras testificar en el juicio contra los líderes políticos del procés: “Mi declaración en el Tribunal Supremo cambió mi vida”.

El 20 de septiembre se ha convertido en un episodio fundamental en la vista oral que sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional a la antigua cúpula de los Mossos por un delito de rebelión. El ministerio público considera que aquel día se evidenció la connivencia de Josep Lluís Trapero, exjefe de la policía catalana, con los dirigentes secesionistas. Según la Fiscalía, con el objetivo de presionar al Estado en el marco de la estrategia independentista, dio órdenes para que una “insuficiente dotación policial” vigilara la operación de la Guardia Civil en la conselleria, lo que facilitó el asedio al edificio por miles de concentrados. Un problema que, según ha relatado Del Toro esta mañana, detectaron nada más comenzar la jornada. Desde primera hora, cientos de personas empezaron a apostarse a las puertas.

“Como responsable del operativo policial, le pedí al teniente de la Guardia Civil que pidiera ayuda a quien fuera para alejar a quienes se estaban concentrando. Se estaba poniendo muy tensa la situación y había mucha gente. Vi cómo a un guardia civil uniformado que había en la puerta se le acercaba un ciudadano, le pasaba por delante de la cara una bandera, lo increpaba y creo que le llegó a escupir”, ha detallado la secretaria judicial, que ha calificado de “agresiva” algunas actitudes de los manifestantes. También ha explicado que tuvieron problemas para que los detenidos pudieran acceder al edificio y que ni siquiera se arriesgaron a salir fuera a comer porque no podían garantizarles su seguridad. “Muy serio, el teniente me dijo que no había obtenido ninguna respuesta a la petición de ayuda [a los Mossos]”, ha apostillado la testigo.

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Aunque sus mayores problemas comenzaron al acabar el registro. Pasadas las nueve y media de la noche avisó a los agentes de que se prepararan para salir. “Pero tenían caras de que no iba a poder ser”, ha afirmado, antes de contar cómo se dio cuenta de la complejidad de la situación. En ese momento, subió a una azotea en busca de un guardia civil para que le firmara un documento y vio cómo estaba la calle. “Comprendí que estábamos perdidos. O salíamos por el aire o no salíamos”.

Los Mossos le ofrecieron entonces una primera opción. “Salir con los agentes entre la multitud —valiéndose de un pasillo que harían voluntarios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)— hasta la primera boca de metro y que allí ya me buscara yo la vida. Pero era inadmisible desde el punto de vista personal y profesional”. Tras negarse, le pusieron sobre la mesa una segunda: “Cambiar los voluntarios de la ANC por agentes antidisturbios. Aunque calibré que podía ser más seguro, ni 100 ni 200 efectivos podían contra 40.000 personas. Y menos si iba a salir yo sola, abandonando a los agentes de la guardia civil a su suerte”. Tampoco existía la opción de salir en helicóptero: “Lo pedí, pero con las antenas del tejado entendí después que no era viable”.

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“Yo estaba muy nerviosa y muy desesperada. Uno es un ser humano y tiene miedo”, ha añadido. Finalmente, Del Toro decidió llamar al magistrado que había ordenado la operación y este contactó con Trapero. “Le dieron media hora para que me sacara de allí. Pero dijo que era imposible en ese tiempo”, ha especificado. Sobre las diez y media, llegaron dos mossos no uniformados, que le comunicaron que el major les había ordenado preparar un plan de salida. Este se concretó en, tras saltar un muro, cruzar al edificio contiguo, el Teatro Coliseum de Barcelona. “[Arriba], los mossos me decían que me pegara a la pared para que no me vieran desde los edificios de enfrente. Tuve que ir pegada para ocultar mi presencia”. El reloj marcaba más de la medianoche cuando logró salir.

Con su interrogatorio como testigo, la Audiencia Nacional se ha adentrado este lunes en la cuarta semana de este segundo juicio al procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos: al major Josep Lluís Trapero, exjefe de la policía catalana; a Pere Soler, exdirector del Cuerpo autonómico; a Cèsar Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat; y a la intendente Teresa Laplana, responsable del operativo de seguridad durante el registro de la conselleria. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para los tres primeros por un delito de rebelión, y cuatro para la última por otro de sedición.

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