El Congreso rechaza vetar la venta de armas a Arabia Saudí

PP y PSOE votan en contra del embargo propuesto por los independentistas y Podemos

Manifestación de trabajadores de Navantia en demanda de carga de trabajo para el astillero público. Román Ríos (EFE). En vídeo, El Congreso rechaza suspender la venta de armas a Arabia Saudí (ATLAS).

La Comisión de Defensa del Congreso ha rechazado este martes, con los votos del PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos, la imposición de un embargo en la venta de armas a Arabia Saudí que habría supuesto la cancelación del contrato para construir cinco corbetas en los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz) por 1.800 millones de euros. 

El PDeCAT y Esquerra Republicana de Cata...

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La Comisión de Defensa del Congreso ha rechazado este martes, con los votos del PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos, la imposición de un embargo en la venta de armas a Arabia Saudí que habría supuesto la cancelación del contrato para construir cinco corbetas en los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz) por 1.800 millones de euros. 

El PDeCAT y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) habían propuesto "suspender los contratos actuales con Arabia Saudí" y denegar futuras autorizaciones; mientras que Podemos, en cuyas filas milita el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, defensor del contrato con Riad porque  "garantiza puestos de trabajo" en su provincia, ha pedido que el embargo se complemente con "la búsqueda de un comprador alternativo" para las corbetas. En el caso de que no se encontrara, según Podemos, el Gobierno debería "invertir en la industria afectada [Navantia] por la carga de trabajo equivalente, orientando la fabricación a suplir carencias del ámbito civil o militar". Además, Compromís presentó una proposición no de ley en la misma línea.

Todas las propuestas de embargo han sido derrotadas con los votos del PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos. Mikel Legarda, portavoz del PNV, partido que no participó en la votación, alegó que la imposición de sanciones a países concretos no debe hacerse de forma unilateral sino en el marco de la Unión Europea y recordó que Alemania, que ha anunciado la suspensión de nuevas licencias de venta de armamento a Riad, ha condicionado su actitud en el futuro a lo que hagan los socios europeos.

Aunque las propuestas de embargo se presentaron a raíz de la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, a principios de septiembre, para dar cuenta de las exportaciones de armas durante el año pasado, el debate se ha reavivado tras conocerse el asesinato del periodista saudí, Jamal Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía).

El portavoz socialista, Antonio Gutiérrez Limones, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a no prejuzgar el resultado de la investigación sobre la muerte del periodista, rechazando la adopción de medidas unilaterales, como ha hecho Alemania, y remitiéndose a las que pueda adoptar en su momento la UE. A los independentistas catalanes y a Compromís les ha preguntado sí actuarían de la misma forma en el caso de que el astillero de Navantia estuviera en Cataluña o Valencia; y a Podemos le ha reclamado "responsabilidad", tras asegurar que su propuesta de que el Estado se haga cargo del coste de la suspensión del contrato de las corbetas es "rizar el rizo".

El portavoz de Ciudadanos, Javier Cano, alegó que, además de respetar los derechos humanos, deben "respetarse los contratos firmados por seguridad jurídica"; y la del PP, María José García Pelayo, acusó a los grupos que defendían el embargo de "jugar con el pan de la gente de manera irresponsable". Tanto Cano como García-Pelayo son diputados por Cádiz.

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El debate sobre la venta de armas a Arabia Saudí se inició cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció la suspensión de la entrega de 400 bombas de guiado láser vendidas en 2015 por el Gobierno del PP para ser empleadas en la guerra de Yemen, una decisión que tuvo que rectificar después de que Riad amenazara con cancelar la compra de las corbetas. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el pleno del Congreso para dar cuenta, a petición de Podemos, de este cambio de posición.

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