El Defensor del Pueblo insta a la Generalitat a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos

El Defensor del Pueblo ha contestado con urgencia a la petición de amparo presentada por Ciudadanos el pasado jueves sobre la presencia de lazos amarillos y otros símbolos ideológicos en instituciones y el espacio público de Cataluña. Y lo ha hecho dando la razón al partido de Albert Rivera en que los edificios públicos no pueden exhibir este tipo de símbolos. “Los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista”, concluye el Defensor, “y ello es incompatible con la presencia en los edificios públicos (máxime teniendo en cuenta que es pe...

El Defensor del Pueblo ha contestado con urgencia a la petición de amparo presentada por Ciudadanos el pasado jueves sobre la presencia de lazos amarillos y otros símbolos ideológicos en instituciones y el espacio público de Cataluña. Y lo ha hecho dando la razón al partido de Albert Rivera en que los edificios públicos no pueden exhibir este tipo de símbolos. “Los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista”, concluye el Defensor, “y ello es incompatible con la presencia en los edificios públicos (máxime teniendo en cuenta que es permanente) de símbolos propios de una ideología”. La institución insta por tanto a retirarlos y a que su retirada se estudie en la Junta de Seguridad que se celebra este jueves en la que se reunirá el Estado y la Generalitat de Cataluña.

“La libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos”, afirma el Defensor en una declaración institucional hecha pública este lunes. Este límite se fundamenta en que los ciudadanos que acudan a ellas (ya sean hospitales, instituciones policiales, delegaciones de Hacienda o un largo etcétera, ejemplifica) “tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales deben ser respetadas sin que nadie pueda sentirse molesto o ajeno a la institución pública de que se trate, que es de todos y para todos”. El organismo tiene claro que los lazos amarillos y las cruces son símbolos políticos.

La institución que dirige Francisco Fernández Marugán ha instado ya a una administración en concreto a la retirada de unos lazos amarillos tras la denuncia de un ciudadano. Lo ha hecho el pasado 7 de agosto con un escrito dirigido a la consejera del departamento de salud de la Generalitat de Cataluña requiriéndole que retire los lazos amarillos de la fachada principal del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Si esta Administración no contestara a la petición, el Defensor le enviaría un requerimiento. En caso de tres requerimientos sin contestar, podría acudir directamente a la Fiscalía.

El organismo se pronuncia también sobre la presencia de los lazos amarillos en el espacio público (calles, plazas, playas), y considera que este no puede ocuparse de forma ilimitada, pero no llega a instar a la retirada de símbolos como sí hace en el caso de los edificios. "El espacio público, en un Estado de Derecho, está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea un espacio compartido", dice el Defensor, que recuerda que también existen esos límites al uso del espacio público cuando se celebran manifestaciones.

El Defensor alerta del deterioro de la convivencia en Cataluña y afirma que “el Derecho debe prevalecer”. Por eso insta a la Junta de Seguridad a abordar la “retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos”. La tesis de la institución se resume en “neutralidad ideológica en los edificios y pluralidad ideológica en las calles”, trasladan fuentes del organismo.

Ciudadanos recopiló fotografías y pruebas de la presencia de simbología independentista en las instituciones —no del resto de los espacios públicos, aunque el partido también lidera una batalla política contra los lazos amarillos en las calles— y los llevó la semana pasada al Defensor del Pueblo, al que reclamó por medio de un escrito de amparo que abra una investigación por la vulneración de derechos fundamentales de los catalanes. Esta investigación no ha concluido pero la declaración institucional de este lunes es una primera toma de posición sobre el asunto, explican en la institución.