Justicia destina 544.982 euros a la defensa del juez Llarena en Bélgica

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los promotores del procés, ya tiene quien lo defienda en Bélgica. El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación legal del Estado español y del juez ante el tribunal de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos. A través de un comunicado, el equipo de la ministra Dolores Delgado detalló que el contrato firmado con este despacho de abogados contempla una provisión de fond...

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los promotores del procés, ya tiene quien lo defienda en Bélgica. El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación legal del Estado español y del juez ante el tribunal de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos. A través de un comunicado, el equipo de la ministra Dolores Delgado detalló que el contrato firmado con este despacho de abogados contempla una provisión de fondos de 450.413,22 euros, más otros 94.568,78 en concepto de impuestos. En total, 544.982 euros.

Este es el desembolso máximo que el Gobierno realizará para ejercer la defensa de España y el magistrado del Supremo en Bélgica. Fuentes jurídicas apuntan que con dicha cantidad se puede afrontar un pleito de varios meses. Si la demanda es finalmente inadmitida por el tribunal belga, la factura se reducirá considerablemente, añaden. Justicia explicó que la elección del bufete Liederkeke se ha producido tras un trámite de selección y que el contrato se firmó ayer en la Embajada de España en Bruselas.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que será Hakim Boularbah, especialista en derecho privado internacional, quien lleve el peso del pleito que tendrá el 4 de septiembre su primer capítulo, con una vista en la que se fijará la agenda para la tramitación del proceso.Justicia recalcó ayer que la dirección técnica de la defensa será ejercida en todo momento por la Abogacía del Estado, que encabeza Consuelo Castro. En su comunicado, el ministerio señalaba que el objetivo final es “defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo”.

El pleito que ha obligado a Justicia a contratar un despacho de abogados belga arrancó el pasado mes de junio. Entonces, Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica y Escocia anunciaron la presentación de la demanda civil contra Llarena al considerar que este había vulnerado su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia por manifestar opiniones públicamente. Los abogados de los excargos de la Generalitat apoyaban su demanda en las declaraciones que realizó Llarena a los medios de comunicación en Oviedo el pasado 22 de febrero. En las mismas recalcaba que los políticos encarcelados "no son presos políticos". Los cinco demandantes afirman que Bélgica tiene competencias para tratar el asunto porque es el país en el que residían cuando Llarena hizo dichas afirmaciones.

La defensa de los políticos catalanes consideran que emitir opiniones fuera de los tribunales supone prejuzgar. "Pedimos al juez belga que constate la falta civil del juez Llarena al haber violado la presunción de inocencia, y que constate que se generó un daño", explicó entonces uno de los miembros del equipo legal del expresidente de la Generalitat. En la demanda reclaman que se condene al magistrado del Tribunal Supremo a pagar la cantidad simbólica de un euro. Sin embargo, la principal consecuencia no sería económica, sino judicial, ya que podría forzar al juez a apartarse de la causa.