La novela del referéndum
El 1-O irá finalmente de lo que estaba destinado: la movilización ciudadana
El 26 de febrero de 1936, 10 días después de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de febrero, Manuel Chaves Nogales, director del periódico Ahora, escribió, bajo el titular ¿Qué pasa en Cataluña?: “Mi encuesta es, hasta ahora, bastante satisfactoria. En Cataluña no pasará nada. Es decir, no pasará nada de lo que el español no catalán recela”. ¿De qué recelaba, según las palabras del periodista sevillano, el español no catalán? De la revolución. Ya sabem...
El 26 de febrero de 1936, 10 días después de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de febrero, Manuel Chaves Nogales, director del periódico Ahora, escribió, bajo el titular ¿Qué pasa en Cataluña?: “Mi encuesta es, hasta ahora, bastante satisfactoria. En Cataluña no pasará nada. Es decir, no pasará nada de lo que el español no catalán recela”. ¿De qué recelaba, según las palabras del periodista sevillano, el español no catalán? De la revolución. Ya sabemos que en los meses siguientes se desarrollaron, precisamente, el levantamiento militar de Franco, la Guerra Civil y los acontecimientos revolucionarios en Cataluña.
Ahora, ante el 1-O, la pregunta de Chaves Nogales es pertinente, pero quizá formulada de otra manera: ¿Qué pasará en Cataluña que no haya ocurrido ya en estas semanas, meses y años?
La posibilidad de celebrar un referéndum con la arquitectura que contempla toda la parafernalia legalmente consagrada, nunca fue una posibilidad realista, porque no tenía cabida en la Constitución Española realmente existente y, por ello, sería rechazado sumariamente por el Gobierno de Rajoy.
Sin embargo, el Govern de la Generalitat decidió la estrategia del “como si”. Era necesario actuar “como si” hubiera otra, por así decir, constitución. Una paralela. Y para ello había que copiar la arquitectura o duplicar lo que era la organización original. La ley de referéndum, complementada con la de transitoriedad jurídica, base del nuevo Estado catalán, y otras leyes como la de Hacienda proyectarían el “como si” Cataluña fuera un Estado dentro del Estado español.
El 9-N, mira por dónde, se convertiría en el punto de referencia: el laboratorio del futuro 1-O. Merece la pena retrotraerse al anochecer de aquel agitado 9 de noviembre de 2014. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró: “El proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico preexistente; no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad, convertidos en juez y parte del proceso y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta. Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no haber podido convocar la consulta ilegal el pasado 12 de diciembre”.
La consulta del 9 de noviembre de 2014 es, en efecto, el sucedáneo que convocó Artur Mas tras acatar la orden del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum en regla. Por tanto, se requería una puesta en escena: la coalición de Junts pel Sí (PdeCat y ERC), por un lado, y la CUP, por el otro, tenían necesidad de promover/vender un referéndum en regla —con todas las de la ley, como suele decirse— porque repetir la experiencia del referéndum de facto, irregular, o acto de participación ciudadana, parecería un fracaso.
Ahora bien, hace largos meses advertí en la radio sobre una sospecha pertinente. El referéndum así formulado, con todas las apariencias, quizá fuera un recurso, o para ser más precisos, un McGuffin, como denominaba Alfred Hitchcock a aquellos trucos o ardides de los que se servía para hacer avanzar la trama de suspense en sus películas, sin que en rigor aportase una pista para resolver los enigmas.
Las fuerzas del independentismo necesitaban tejer las apariencias legales para superar el 9-N, sin ignorar, claro está, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible (Talleyrand).
La diputada Anna Gabriel, dirigente de la CUP, así lo dejaba entrever a primeros de agosto pasado: “Soy independentista porque identifico el proyecto de ruptura con el Estado español con una ruptura con el statu quo y porque me parece una oportunidad de transformación. Que quizás no llegue nunca, ¿eh? Hay muchos momentos que pensamos que vamos a perder de forma clara…¿La independencia de Cataluña necesariamente va a comportar un proceso revolucionario como a algunos nos gustaría? Pues quizá tampoco y algunos acabemos en las cunetas. Pero, aún sin tener asegurada ningún tipo de victoria, la alternativa es resignarse, ver el muro y no ver la grieta”.
Pero también para el Gobierno, según explicó el ministro Catalá el pasado 13 de septiembre, el 9-N era un “referente”. Nadie mejor que él para saberlo, porque esa consulta se había materializado, ya lo hemos citado, bajo su corta barba. Se había erigido en un referente porque, a diferencia de 2014, cuando gozaba de la mayoría absolutísima de 186 escaños, ahora, con un gobierno incomparablemente más frágil, no podía tolerar una reedición del referéndum, esta vez anunciado por todo lo alto como un desafío, un referéndum con todos los requisitos formales unilaterales, pero requisitos al fin, para el 1 de octubre. Era —y es— una cuestión de supervivencia política.
Pero esta vez Mariano Rajoy tenía, y tiene, una doble asignatura: desarticular formalmente —con el Tribunal Constitucional, las fiscalías, la Policía y la Guardia Civil— el referéndum formal y, acto seguido, también impedir un 9-N; o la sombra de un 9-N. En 2014 había logrado lo primero, pero había desdeñado lo segundo.
Una ficción con poderosos elementos de realidad
Hay quien piensa que el Govern de Puigdemont, pues, se dedicó a construir el edificio del referéndum desde la idea de que sería posible materializarlo. Y hay quien no se resiste a creer que se dedicó a construir una ficción, eso sí, desde la convicción de que debía llevarse hasta sus últimas consecuencias: la novela del referéndum o el referéndum como novela.
Pero es una novela histórica con poderosos elementos de realidad. Y hay millones de personas que, por unas u otras razones, ancladas antiguamente o más en la actualidad, están dispuestas a creer en su veracidad. Pierre Vilar, autor de la colosal Cataluña en la España moderna, solía decir que si un número masivo, dominante, de individuos participa de esa creencia, es que la nación existe. Y aunque los resultados electorales no han acreditado ese carácter “dominante” para la independencia, su carácter masivo no puede negarse.
La ficción del referéndum ha quedado al desnudo como tal cuando el Constitucional decidió aplicar el pasado 21 de septiembre multas llamadas “coercitivas” a 27 miembros de las sindicaturas Electoral y Territorial —vamos, elemento clave de la arquitectura del referéndum y de la proclamación de sus resultados—, lo que provocó que dichos miembros enviaran, desde el pasado viernes, antes del vencimiento del plazo concedido de 24 horas, sus renuncias al tribunal, al tiempo que comunicaron, en diversos ámbitos, que las decisiones adoptadas hasta entonces quedaban sin efecto.
Aunque el Govern presentó esas dimisiones como el resultado de una decisión política, es lo cierto que fue el TC, con sus multas, resueltas por unanimidad, el que hizo desmoronar el castillo de naipes, y acabó con la ficción.
La amenaza de ruina económica que los embargos proyectaban sobre los síndicosayudó a exponer la ficción del referéndum “perfectamente” organizado. Puso de relieve que eran las llamadas sindicaturas una mera copia, un sello, de las juntas electorales clásicas. El Govern no se resistió: el “como si” había llegado hasta donde había podido. Es lo que se advierte cuando se echa una ojeada al Boletín Oficial del Estado del miércoles pasado, día 27 de septiembre, se lee cada una de las veintisiete renuncias de los miembros y suplentes de las Sindicaturas Territoriales de Cataluña, las regionales. Allí confirman al TC que, al dimitir, dejan sin efecto todas las decisiones adoptadas, condición que ponía el tribunal.
El protagonismo del TC ha sido motivo de competencia torpe por parte del fiscal General del Estado, José Manuel Maza. Primero, con su citación a 700 alcaldes para inducir su “reflexión” sobre el 1-O, cuando ya se había abierto un procedimiento judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a raíz precisamente de una querella elaborada por la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado; y, segundo, tras la apuntada desarticulación de la junta electoral del referéndum por el TC, el pasado lunes 25 de septiembre, Maza amenaza: “La opción de pedir prisión para Puigdemont está abierta”.
Maza no parece ser muy consciente de que es el Fiscal General del Estado. ¿Por qué? Porque al bravuconear con la prisión de Puigdemont —o se pide o no se pide, ya que hay una querella que instruye la magistrada Mercedes Armas en el TSJC— ha afirmado algo que deja boquiabiertos a los miembros de la carrera fiscal: “Nos esforzamos —razonó— por no ir más allá de la ley”.
En las próximas horas se escribirá un nuevo capítulo de la novela del referéndum. No será el capítulo final. Porque se trata de la novela río por excelencia. Los partidos de Junts pel Sí y la CUP ya saben que desarticuladas las apariencias legales, la tarea consiste en convertir el 1-O en acto de participación ciudadana. Es, en verdad, de lo que iba, desde el comienzo, la novela de referéndum: colas interminables de gentes deseosas de votar aun cuando las fuerzas de seguridad cierren con siete llaves los colegios.
Rajoy ha cantado victoria con el vaticinio de que “se ha impedido el referéndum”. Pero todavía está pendiente el desenlace de aquello que de verdad yacía debajo del disfraz de baile del referéndum formal del 1-O y, que, finalmente, ha aflorado con fuerza, no sin poca ayuda de la acción represiva: la movilización. El volcán seguirá activo, reavivado por las querellas y la criminalización. Y apagarlo requerirá descender a sus profundidades.
Quizá no estaría de más, más pronto que tarde, superar la página de sucesos del referéndum y pensar en el concepto que el historiador Pierre Vilar llamó recular. Es decir, tomar distancia. “Está claro —escribió Vilar— que recular no significa indiferencia y es dudoso que alguna vez haya significado objetividad”. Recular significa aquí y ahora examinar lo que ha pasado entre el Gobierno de España y Cataluña en los últimos años. Implica reflexionar sobre la historia de las escaramuzas dentro del TC en los años 2006-2010, la sentencia de inconstitucionalidad promovida por el Partido Popular, las campañas contra Cataluña y la hábil explotación hecha de ellas por el nacionalismo.
Y volver a empezar.