Por qué el sector privado es un aliado fundamental para la cooperación española

Tanto la agenda del desarrollo como la variedad de actores que la promueven a través de la cooperación internacional han evolucionado de una forma notable durante las últimas décadas. Como resultado, muchos de los países de nuestro entorno se han lanzado a reformar sus modelos de cooperación con el fin de adaptarlos a ese nuevo contexto y lograr que sean más eficaces a la hora de contribuir a compromisos como, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También lo ha hecho España. El nuevo Proyecto de Ley de Cooperación, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de mayo, nace con la voluntad de modernizar el sector. Sin embargo, pese a que indudablemente incorpora mejoras, sigue sin redimensionar suficientemente el sector como para cristalizar el considerable potencial con el que el país podría contribuir a los objetivos de desarrollo.

Esto tiene lugar en un contexto que conviene tener en cuenta. La reforma llega mucho más tarde que en el resto de países europeos, y mientras la estrategia perseguida por países como Alemania o Francia ha buscado cohesionar una gran variedad de actores nacionales para maximizar la consecución de objetivos y reposicionar al país en el nuevo mapa de la cooperación, España demuestra que sabe compartimentar mucho más que sumar y cohesionar esfuerzos.

Muestra de ello es el papel marginal que se otorga al sector privado. Esto es llamativo porque refleja cómo, a través de esta ley, España no opta por estar a la altura de lo que exige la cooperación de los próximos años, sino de someterse al continuismo de lo que vino antes. ¿Por qué es mucho más importante el sector privado en esta política exterior del presente y del futuro? Lo explicamos a través de dos ejemplos muy diferentes, de grandes magnitudes, pero que responden de una forma sencilla a esa pregunta e ilustran bien tanto la naturaleza de los retos como de las soluciones.

Para acompañar el proceso de generación de actividad económica y empleo, el sector privado está en una posición inmejorable

El primero hace referencia a África. Hoy, más del 60% de la población africana tiene menos de 25 años. La falta de trabajo, en particular entre los más jóvenes y las mujeres, sigue siendo una de las causas más evidentes de pobreza, inseguridad y migración. De todo ello se desprende una serie de necesidades que debemos atender porque aluden de manera directa a un marco de valores humanos en el que creemos y con el que estamos comprometidos. Pero hacerlo bien implica ir mucho más allá del papel que tantas veces ha jugado la ayuda. Supone saber identificar necesidades formativas congruentes con el mercado laboral; promover las condiciones para generar empleos dignos; propiciar iniciativas empresariales; formalizar el diálogo social, y desarrollar planes para incentivar empresas y asociaciones.

Para acompañar ese proceso de generación de actividad económica y empleo, el sector privado está en una posición inmejorable. Esa es la lógica que, además, comparte la Comisión Europea, que dice: “El sector privado es un motor importante del crecimiento, de la creación de empleo y de la reducción de la pobreza en los países socios, razón por la cual lo involucramos cada vez más en nuestros esfuerzos de desarrollo”.

El segundo ejemplo mira al Global Gateway, la gran apuesta europea presentada en diciembre del 2021 para promover una acción exterior genuinamente transformadora, a través de la inversión de hasta 300.000 millones de euros en ámbitos como el digital, el transporte y la energía, la salud, la educación y la investigación en todo el mundo. Esta iniciativa es coherente tanto con la agenda global como con el de dotar de un mayor protagonismo a la UE, incluyendo a sus países miembros. Este mecanismo propone un esfuerzo de cableado mundial sin precedentes para hacer frente a retos que van desde el cambio climático hasta la seguridad en las cadenas de suministro.

Ambos ejemplos ilustran bien por qué el papel del sector privado en la cooperación para el desarrollo no es una ocurrencia ni una moda, sino una necesidad real que deriva de la propia evolución de la agenda de desarrollo e incluye temas en los que su conocimiento y la experiencia es simplemente irremplazable.

Esto, además, es crítico para hacer frente a dos de las grandes debilidades del modelo de cooperación español: su falta de estructura y la limitada capacidad de gestionar fondos. ¿Cómo podría aportar valor el sector privado?

Respecto a la primera sabemos dos cosas. Que no vamos a convertirnos en Alemania o Francia en cuanto a disponibilidad de recursos y experiencia institucional acumulada a lo largo de más de 60 años de cooperación al desarrollo, pero que al menos deberíamos tener una mayor presencia a nivel global, europeo y, sin duda, en los países socios. Pese a que este es un aspecto central reconocido por la nueva ley, buscando reforzar, a través de un nuevo Estatuto, las funciones y capacidades de coordinación, programación y diálogo de la AECID para convertirla en una institución mucho más eficaz, ganaríamos aún más aprovechando el conocimiento de consultoras españolas especializadas en este sector con una larga experiencia. Ellas podrían tener un gran impacto multiplicador, por ejemplo, a través de tareas de fortalecimiento de capacidades y agilización de procesos, dando respuestas técnicas, apoyando en la armonización con los estándares y herramientas de la UE, generando soluciones y promoviendo mejores prácticas del modelo español en países socios.

Sería enormemente útil incluir un representante del sector privado en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global

Respecto a la segunda –la gestión de fondos–, España también debería tener un mayor protagonismo. La cooperación delegada europea es un buen ejemplo. Aunque el país ha incrementado la utilización de este tipo de fondos, sigue estando lejísimos de otras agencias europeas (principalmente Francia y Alemania). Este ejemplo, a priori poco relevante, es enormemente aclaratorio respecto al potencial (desperdiciado) de lo que debería ser un gran ecosistema en el que participase la acción exterior española, con capacidad de gestionar financiación, identificar áreas y proyectos específicos, y contribuir de una forma mucho más proactiva y eficaz al desarrollo.

Por eso sería enormemente útil incluir un representante del sector privado en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, capaz de orientar sobre aspectos concretos en los que esté especialmente bien capacitado. No olvidemos que el grueso de capacidad tecnológica, técnica y experiencia en los ámbitos en los que terceros países podrían beneficiarse de nuestra cooperación al desarrollo (energía renovable, gestión de aguas, desarrollo agrícola), reside en el sector privado, altamente profesionalizado y eficiente.

Nos preocupa que España se aleje de los modelos reformados de cooperación europea y no juegue el papel global que consideramos que debe jugar en ese nuevo mapa al que hacíamos referencia al principio de este artículo. Más aún, que la nueva ley quede huérfana de la ambición necesaria para fomentar una gran solidaridad de hecho, no solo de palabra.

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