Diana Martínez y la violencia sin fin en Colombia

Mientras prepara unos huevos pericos y apenas sin haber dormido, Diana Martínez revisa el teléfono que ha estado vibrando toda la noche. Escucha una y otra vez los audios de sus compañeros de organización, que le confirman el asesinato de otro líder social en Colombia. José Pascual Quevedo Velásquez es el número 50 en la lista de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en lo que va de 2022. Y ya van más de 50. Quevedo era compañero de lucha en la misma región que ella. No hubo despedidas, ni podrá acompañar a la familia en el duelo. Hace cuatro meses que la defensora está en Barcelona acogida por un programa de protección temporal.

Martínez es lideresa y comunicadora social para medios alternativos rurales en el departamento del Meta, Colombia. Aunque comenzó su labor como defensora desde hace más de ocho años, el liderazgo la ha acompañado durante toda su vida y es algo que lleva en la sangre. Su madre, Doris Rivera, también es una reconocida lideresa de la región. Los primeros recuerdos que tiene de niña son los de su familia apoyando el trabajo comunitario, pero también de las amenazas y los desplazamientos forzados.

Nos llegó un panfleto a casa que decía que nos iban a violar a todas, que no iban a dejar semilla viva

Diana Martínez

“A raíz del trabajo de mi mamá hemos sufrido amenazas, desplazamientos y estigmatizaciones por parte de múltiples actores armados. A uno de mis hermanos le hicieron un atentado, a otro lo detuvieron de manera ilegal, a mí me han amenazado en varias ocasiones. Incluso nos llegó un panfleto a casa que decía que nos iban a violar a todas, que no iban a dejar semilla viva. Son muchas las vulneraciones de nuestros derechos que hemos soportado en la familia, pero no por culpa de mi mamá, sino por la responsabilidad de un Estado”.

Ella misma se define como una mujer luchadora en el país más peligroso para defender los derechos humanos, donde las amenazas causan que defensoras como ella tengan que abandonarlo de manera temporal, ya sea para denunciar lo que ocurre o para salir de las dinámicas de presión. Actualmente, Martínez se encuentra acogida en el Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, del que también formó parte su madre hace más de una década. “Estuve en el Programa del 2010 al 2011. De hecho, fui una de las que estrenó este programa”, afirma Rivera vía telefónica. “Salir una temporada del país y alejarme de las amenazas supuso un descanso para aterrizar bien mis ideas. Aquella época del conflicto armado fue muy dura, en pleno apogeo de los falsos positivos [ejecuciones, por parte del Ejército, de personas civiles a las que hacían pasar por guerrilleras caídas en combate]”.

Así, la lideresa, con más de veinte años de trabajo a sus espaldas, confiesa que para ella su salida fue una importante ayuda psicológica y, aunque las circunstancias de la vida no le permitieron darle a Diana y al resto de sus cinco hijos la educación que le hubiera gustado, está orgullosa de que su hija siga el mismo camino que ella. “La persecución a la que estábamos sometidas nunca nos permitió tener una residencia y un trabajo digno para vivir económicamente tranquilas”.

Aunque Martínez nunca pensó que se vería en la misma situación que su madre, cree en la importancia de su labor de incidencia, para hacer llegar el mensaje a la ciudadanía europea de que Colombia no está en paz. “No voy a negar que me ha costado mucho salir de mi país, aunque sea para unos meses. Es duro dejar a la familia atrás y todo el trabajo comunitario, pero esta es una buena oportunidad para visibilizar todas las vulneraciones que siguen ocurriendo en Colombia. Especialmente ahora en esta época electoral”. De hecho, la Misión de Observación Electoral de Colombia destaca que, con respecto a los comicios de 2018, las agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales han aumentado un 109%.

Este 29 de mayo Colombia celebra unas elecciones presidenciales marcadas por las protestas del Paro Nacional y también por la postulación de la activista medioambiental Francia Márquez a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, así como el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

Desde 2018, las agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales han aumentado un 109%

“Está claro que Colombia necesita un cambio. Se ha intentado opacar con los Acuerdos de Paz. Y este incumplimiento sistemático durante años es lo que también denunciamos desde las organizaciones sociales”. Martínez vive nerviosa este momento y responderá a su cita para votar en el consulado de Barcelona. Sin embargo, aunque apela a este cambio, sabe que es un proceso difícil: “Un gobierno no llega al poder y hace magia para solucionar los problemas”.

La defensa del medio ambiente

Natural del Tolima, el conflicto obligó a la defensora y su familia a desplazarse al Meta, donde desempeña su labor como lideresa y comunicadora social en la Asociación Campesina de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de la región del río Cafre (AGROCAFRE) y el medio alternativo Rema Acpp. Desde el municipio de Puerto Rico, cerca de la frontera con el departamento de Guaviare, fue una de las voceras en las marchas de las protestas del Paro Nacional, liderando el proceso y exigiendo, entre otras cosas, el respeto y la defensa del medio ambiente.

“La riqueza natural que hay en nuestra región es muy grande. Sin embargo, la ganadería extensiva, el incremento de la tala y la quema de bosques están haciendo insostenible la vida allí”, destaca Martínez, resaltando la responsabilidad de empresas multinacionales y grandes terratenientes en estas prácticas. “El Gobierno acusa a las comunidades que viven allí de la deforestación, pero no es así”.

La lideresa recuerda como en los años más duros del conflicto llegaban centenares de personas a colonizar las selvas de esta región amazónica. Muchas familias que ya tenían sus tierras en otros departamentos huyeron de la violencia y colonizaron terrenos que ahora son áreas protegidas. Lo que supone también una disputa entre las comunidades que viven allí y el Estado.

Una de las soluciones propuestas por el ejecutivo de Iván Duque para paliar la deforestación en el país ha sido la militarización de la política ambiental, a través de la incursión de fuerzas militares en las zonas protegidas

Una de las soluciones propuestas por el ejecutivo de Iván Duque para paliar la deforestación en el país ha sido la militarización de la política ambiental, a través de la incursión de fuerzas militares en las zonas protegidas. El Gobierno bautizó esta estrategia como la Campaña Artemisa. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe Fuerzas Militares y la protección del ambiente resalta que, aunque la experiencia internacional muestra que el involucramiento de las Fuerzas Militares en la protección del ambiente puede ser positiva, también tiene un alto riesgo, ya que se tiende a criminalizar al campesinado y las comunidades vulnerables de la deforestación.

“Las operaciones desplegadas también han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza, así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales. Si las acciones represivas recaen exclusivamente o se concentran en los campesinos y las poblaciones vulnerables, se genera un ambiente de malestar social y resistencia a las instituciones, especialmente cuando no están acompañadas por medidas sociales y alternativas económicas”, constata el informe de la FIP. Sin embargo, a pesar del compromiso internacional del Gobierno de reducir a cero la deforestación en el Amazonas, esta aumentó un 8% en 2020.

Martínez concluye que su mayor reclamo es la tenencia y la utilización de la tierra, en un país sin reforma agraria en el que los grandes terratenientes, que representan el 1%, son propietarios de más del 80% de la tierra. Con este dato sobre la mesa, no es casual, según Global Witness, que además Colombia sea el lugar del mundo donde hay más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.

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