Cuando la política debilita la salud colectiva

Durante décadas, la salud pública fue uno de los pocos espacios donde la cooperación internacional logró imponerse a la lógica de bloques. La vigilancia epidemiológica, la investigación biomédica y la respuesta ante emergencias se construyeron sobre una premisa simple: los riesgos no reconocen fronteras. Cuando esa lógica se subordina a proyectos políticos nacionales, las consecuencias rara vez se detienen en un solo país.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha ido trasladando de forma progresiva al ámbito sanitario la misma matriz ideológica que definió su proyecto político desde 2015. Bajo el lema Make America Healthy Again (MAHA), formulado como extensión natural del conocido Make America Great Again (MAGA), la nueva administración ha articulado un discurso que combina nacionalismo sanitario, desconfianza hacia las instituciones y una lectura ideológica de la ciencia, la prevención y la asistencia sanitaria.

No se ha tratado de una reforma técnica del sistema, sino de un desplazamiento conceptual. La salud ha dejado de entenderse como un bien público sustentado en evidencia y cooperación para convertirse en un terreno más de confrontación cultural y política. Con el paso de los meses, los efectos de ese giro se han hecho visibles en el interior del país y comienzan a proyectarse sobre una arquitectura sanitaria global cada vez más interdependiente y frágil.

De la ideología a las instituciones y a la consulta

La llegada de Robert F. Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) marcó el inicio de una reconfiguración profunda del aparato sanitario federal. Bajo una retórica centrada en la salud natural, la autonomía individual y el cuestionamiento del conocimiento experto, uno de los mayores departamentos del Gobierno estadounidense fue sometido a una reestructuración acelerada.

Decenas de miles de profesionales fueron despedidos o forzados a jubilarse anticipadamente y numerosas divisiones se integraron en nuevas estructuras con menor autonomía técnica. El impacto no fue meramente administrativo. Se perdieron capacidades clave en vigilancia epidemiológica, salud ambiental, bioestadística, laboratorios de referencia y prevención comunitaria.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha ido trasladando de forma progresiva al ámbito sanitario la misma matriz ideológica que definió su proyecto político desde 2015

Instituciones históricas como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) vieron erosionado su papel como autoridad científica independiente. Al mismo tiempo, áreas con impacto directo en la práctica clínica como los programas de vacunación, la prevención del VIH, la salud maternoinfantil o la planificación familiar quedaron debilitadas por recortes presupuestarios y cambios normativos.

Vistas en conjunto, estas decisiones no describen una reforma puntual, sino una transformación sostenida del papel del Estado en salud, cuyos efectos comienzan a ser evaluables en términos de capacidad institucional, confianza profesional y respuesta asistencial.

El ámbito de la vacunación se convirtió en el símbolo más visible de este cambio de rumbo. En pocos meses, los CDC modificaron recomendaciones consolidadas, se disolvieron comités asesores independientes y se introdujo un lenguaje institucional ambiguo en torno a la seguridad vacunal.

Donde antes se afirmaba con claridad que no existía relación entre vacunas y autismo, pasó a hablarse de evidencia insuficiente para descartarla

Donde antes se afirmaba con claridad que no existía relación entre vacunas y autismo, pasó a hablarse de evidencia insuficiente para descartarla. Este desplazamiento semántico, lejos de ser inocuo, tuvo efectos inmediatos en la práctica asistencial. Aumentó la incertidumbre en las consultas, se multiplicaron las discrepancias entre profesionales, surgieron dificultades para aseguradoras y se reforzó la desconfianza entre pacientes y familias.

Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles, con repuntes de enfermedades prevenibles y una presión creciente sobre un sistema asistencial ya tensionado. No se trata de efectos colaterales imprevistos, sino de resultados previsibles cuando la autoridad científica se erosiona desde el propio gobierno.

Decisiones nacionales en un sistema interdependiente

Esta lógica de repliegue interno se ha visto reforzada por la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, una decisión impulsada directamente por Donald Trump y justificada en términos de soberanía y rechazo a las élites internacionales. La salida del principal contribuyente individual ha debilitado programas de vigilancia, respuesta a emergencias y cooperación técnica, especialmente en países de renta baja.

En un contexto marcado por brotes recurrentes de enfermedades prevenibles, crisis climáticas y amenazas zoonóticas emergentes, la desconexión de uno de los principales nodos del sistema sanitario global introduce un factor de inestabilidad que trasciende con mucho las fronteras estadounidenses.

En paralelo, la administración ha impulsado la reforma del precio de los medicamentos mediante el sistema de most favoured nation pricing. La iniciativa conecta con un malestar social real frente al elevado coste de los tratamientos y ha sido bien recibida por amplios sectores de la población. Sin embargo, su aplicación unilateral introduce una lógica de desplazamiento del problema más que de resolución estructural. La presión sobre los precios en el mayor mercado farmacéutico del mundo tiende a trasladarse a otros países, encareciendo medicamentos o limitando su disponibilidad en sistemas con menor capacidad negociadora y menor margen regulatorio.

El endurecimiento de los requisitos de acceso a Medicaid y a la cobertura creada bajo la Affordable Care Act ha añadido una dimensión claramente asistencial a este proceso. Renovaciones más frecuentes, exigencias de empleo y recortes en la financiación estatal amenazan con dejar fuera del sistema a cientos de miles de personas, especialmente en comunidades vulnerables.

No es casual que The Lancet, una de las publicaciones científicas más influyentes del mundo, haya calificado 2025 como un annus horribilis para la salud en Estados Unidos. La expresión no responde a una exageración retórica, sino a la acumulación de recortes históricos en investigación, debilitamiento institucional, interferencia política en la comunicación científica y ruptura con los marcos de cooperación internacional.

A estas alturas, el sistema sanitario estadounidense es más frágil, más desigual y menos capaz de cumplir una función que, en un mundo interconectado, nunca ha sido exclusivamente nacional. La salud pública y la asistencia sanitaria forman parte del mismo entramado de confianza, evidencia y cooperación. Cuando ese entramado se subordina a una agenda ideológica de corto plazo, deja de ser un escudo colectivo y se convierte en una fuente de riesgo compartido.

Las consecuencias rara vez son inmediatas, pero en salud nunca son abstractas. Se acumulan, se desplazan y acaban apareciendo allí donde los sistemas son más vulnerables. A estas alturas, sus efectos ya no son una hipótesis ni una advertencia, sino parte del nuevo paisaje sanitario con el que convive Estados Unidos y, por extensión, un mundo cada vez más interdependiente.