Cuando la infancia paga los recortes

Cada septiembre, los Estados miembros de Naciones Unidas se reúnen en Nueva York para debatir los grandes retos internacionales. Este año, además, la organización celebra su 80 aniversario bajo el lema Mejor juntos: 80 años de más paz, desarrollo y derechos humanos, en un contexto en el que el futuro del multilateralismo, atacado con dureza, es incierto. Los cambios geopolíticos y las tensiones globales ponen en riesgo el avance de los acuerdos internacionales de desarrollo y climáticos, justo cuando más falta hace sostener los compromisos.

Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que el multilateralismo siga siendo crucial para proteger a la infancia. Poner a los niños y niñas en el centro de esas decisiones es la única manera de evitar que el futuro de la humanidad se construya dejando a millones de vidas atrás. Porque cada recorte tiene un nombre y un rostro.

Esta semana he conocido la historia de Kuhla, un bebé etíope que vive en Afar, una de las regiones más golpeadas por la desnutrición, donde casi la mitad de los niños y niñas crecen con retraso en su desarrollo. Su familia es nómada y depende de que una clínica móvil llegue hasta su aldea para que pueda recibir una vacuna o alimento terapéutico. De las 30 unidades que recorrían la zona, apenas siete siguen operativas. Las demás han dejado de funcionar porque no hay fondos suficientes.

Es difícil imaginar lo que significa para una madre escuchar que la clínica a la que llevaba a su hijo ya no volverá a pasar por su aldea. No son estadísticas, son vidas frágiles que se ponen en riesgo porque algunos gobiernos han decidido que la cooperación podía recortarse.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no puede entenderse solo como una partida presupuestaria: es un sistema de protección de bienes de la humanidad y de derechos fundamentales

En los últimos meses, países como Estados Unidos, Alemania, Francia o el Reino Unido han reducido de manera significativa sus presupuestos de ayuda al desarrollo. Solo en 2024, la cooperación internacional cayó un 7% y las proyecciones apuntan a una disminución de hasta un 17% en 2025. Ese retroceso amenaza con dejar a más de 15 millones de niños y niñas sin apoyo nutricional y a más de 20 millones sin servicios básicos de salud, borrando en pocos años avances que costaron décadas conseguir.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no puede entenderse solo como una partida presupuestaria: es un sistema de protección de bienes de la humanidad y de derechos fundamentales, como la salud, la nutrición, el agua o el medioambiente, que beneficia al conjunto de la sociedad. La AOD cataliza cambios positivos, respalda a instituciones y organizaciones sociales, y juega un papel crítico en la supervivencia y el desarrollo del potencial de la infancia.

España laminó su ya limitada AOD tras la crisis financiera. Sin embargo, los últimos años se ha producido un incremento de los presupuestos, impulsado por una renovada apuesta por la cooperación internacional, que se ha plasmado en una nueva Ley aprobada por una muy amplia mayoría del Parlamento.

Dicho esto, España sigue teniendo por delante un reto importante. En 2023 destinamos 3.588 millones de euros a la AOD, lo que equivale al 0,24% de nuestra Renta Nacional Bruta (RNB), cuando el objetivo recogido también en la nueva Ley es alcanzar el 0,7% en 2030, con incrementos graduales que deben comenzar en 2026. El crecimiento de años anteriores y el firme compromiso legislativo, junto con otras medidas de reforma, son pasos en la dirección correcta que, de mantenerse, permitirán reforzar de manera decisiva la cooperación internacional española.

La buena noticia es que la ciudadanía respalda esa ayuda. Más del 76% de las y los españoles cree que debemos cooperar internacionalmente, incluso si supone costes. Y cuando se explica que equivale a unos 4 o 5 euros anuales por contribuyente, casi la mitad opina que debería incrementarse. La solidaridad está ahí y se tiene que cuidar, explicando bien los logros, lo que la AOD consigue y trasladando ese apoyo social a políticas y presupuestos.

Un papel relevante en España lo juega también la Cooperación Descentralizada. (327,5 millones de euros en 2024). De ellos, canalizó 11,5 millones de euros a través de Unicef, que permitieron, por ejemplo, desarrollar proyectos de salud materno-infantil en Cuba o Perú; prevenir y tratar la desnutrición en Guatemala o Mauritania; mejorar el acceso a agua y saneamiento, con adaptación al cambio climático, en Malawi, Guinea-Bisáu, Burkina Faso, Perú o Bolivia; generar oportunidades educativas y para el empleo de jóvenes vulnerables (especialmente mujeres), en Somalia, Burundi, Brasil, Perú o México, o avanzar contra el matrimonio infantil en Mozambique o República Dominicana. Son aportaciones que hacen posible sostener programas que responden a retos concretos y que de otra manera quedarían en riesgo.

Está demostrado que cada año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos futuros de un niño en hasta un 10%, una prueba clara de que invertir en infancia siempre tiene retorno

La inversión en la infancia nunca se pierde. Cada vacuna puesta, cada aula que permanece abierta, cada niña que logra retrasar un matrimonio forzado gracias a seguir en la escuela, es una ganancia para ella, para su comunidad y para un mundo más seguro y próspero. Está demostrado que cada año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos futuros de un niño en hasta un 10%, una prueba clara de que invertir en infancia siempre tiene retorno.

España debe seguir marcando la diferencia, como hizo al albergar la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla, e impulsar decenas de iniciativas positivas en el marco de la misma. En un momento en que algunos grandes donantes han reducido su apoyo, nuestro país puede demostrar que cumplir con los compromisos de cooperación no es una cuestión de generosidad, sino de responsabilidad global.

En muchos lugares he visto cómo, allí donde se sostuvo la cooperación, la infancia tuvo más oportunidades y se respetaron más sus derechos. Liderar en este terreno significa apostar por un multilateralismo fuerte y renovado, capaz de proteger a la infancia en cualquier rincón del planeta, y de recordar que la solidaridad internacional es también una forma de proteger nuestro propio futuro.

No podemos permitirnos el retroceso más imperdonable: dejar que millones de niños y niñas vean su futuro cancelado, sus vidas en peligro, por un ajuste contable derivado de una falta de prioridad política. Eso no lo entenderá nunca ninguna madre, ningún padre… ni tampoco nos lo perdonarán las generaciones futuras.