“¿Por qué nos castigan?”. La prohibición del carbón vegetal en Uganda enciende el debate sobre la transición energética

A principios de este año, Hamidu Ssenyondo, un comerciante de carbón vegetal del norte de Uganda, se mostraba esperanzado después de conseguir un préstamo con el que esperaba hacer que creciera su próspero negocio. A lo largo de las dos últimas décadas, este hombre de 54 años se había forjado una reputación de vendedor de carbón vegetal de calidad, hasta el punto de que entre sus clientes llegó a ser conocido como “Hajji Magumu”, un apodo cariñoso que jugaba con la idea de “carbón duradero”. Ssenyondo decidió que había llegado el momento de ampliar sus actividades para poder abastecer a más comunidades de Uganda, y quizá incluso más allá de sus fronteras.

Pero el plan no salió como esperaba. Apenas una semana después de invertir su préstamo, fue detenido por la policía. Junto con otros siete comerciantes, fue acusado de contravenir una orden presidencial, emitida dos meses antes, en mayo, que prohibía el comercio de carbón vegetal. Un tribunal ordenó a los ocho empresarios a pagar fuertes multas o a enfrentarse a penas de tres años de cárcel. Las autoridades confiscaron 1.900 sacos de carbón vegetal, 200 de ellos de Ssenyondo, y los sacaron a subasta. “Tuvimos que aceptar lo que fuera para recuperar nuestra libertad”, se lamenta este padre de 10 hijos.

La orden ejecutiva del presidente Yoweri Museveni pretendía proteger el medio ambiente de Uganda. En parte, debido a la industria del carbón vegetal, la cubierta forestal del país se redujo del 24% en 1990 a solo el 9% en 2018, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se han talado especies arbóreas en peligro de extinción, como el karité y la afzelia africana. Y la deforestación ha contribuido a alterar los patrones climáticos locales y la producción agrícola, con lluvias cada vez más irregulares y periodos de sequía cada vez más largos.

La prohibición del carbón vegetal comercial, cuya combustión también libera altos niveles de carbono y otros contaminantes, ha sido bien acogida por los ecologistas. Sin embargo, la política también ha puesto de relieve las complejidades de la transición de energías sucias a fuentes más limpias, un reto al que se enfrentan prácticamente todas las comunidades y países del mundo.

La política ha alterado, por ejemplo, la forma de ganarse la vida de muchas personas, desde los productores directos y comerciantes como Ssenyondo hasta los conductores de boda-boda (moto-taxis) que transportan el producto. En los últimos meses, al menos 28 comerciantes han sido acusados ante los tribunales y se han confiscado miles de sacos de carbón vegetal, lo que representa una enorme pérdida de ingresos e inversiones. Un sector en auge en el norte de Uganda desde 2008 está ahora patas arriba.

Los comerciantes se quejan de que la aplicación de la prohibición ha sido demasiado repentina. Sostienen que el Gobierno debería haberles dado un periodo de gracia que les permitiera vender sus existencias y abandonar el sector. Muchos creen que solo se les ha penalizado y no se les ha ayudado a cambiar de actividad. Irene Nabantanzi, de 34 años, por ejemplo, perdió 200 sacos de carbón vegetal que había invertido en producir, fue multada por los tribunales y tuvo que pagar los honorarios de sus abogados. Asegura que ha contraído deudas y no puede pagar a los trabajadores que contrató para quemar el carbón, que están atrapados en el bosque sin dinero para regresar a sus distritos de origen. “¿Por qué siguen castigándonos?”, pregunta al Gobierno. “Hicimos todo lo que nos pidieron”. Nabantanzi y otras personas a las que se les ha confiscado el carbón suplican a la Autoridad Forestal Nacional (NFA por sus siglas en inglés) que no lo subaste, sino que se lo revenda a ellos a un precio más bajo para que puedan recuperar parte del dinero invertido, pero ha sido en vano.

A falta de alternativas, algunos comerciantes creen que no tienen más remedio que seguir produciendo carbón de forma ilegal. Es un negocio arriesgado, pero muy lucrativo, especialmente porque los precios se han disparado desde la prohibición, y porque la demanda tanto en Uganda como en la vecina Kenia, que prohibió la producción de carbón vegetal en 2018, sigue creciendo. Esto ha dado lugar a un juego del gato y el ratón entre comerciantes y autoridades. Algunos productores ahora queman madera para producir carbón vegetal por la noche y pasar de contrabando sus mercancías en camiones de alimentos, tanques de agua y autobuses públicos. En respuesta, las autoridades han recurrido a la colaboración de “voluntarios de la comunidad” para vigilar los puntos calientes, según el Comisario Residente del Distrito de Amuru, Stephen Okello.

También existe otra opción para evitar la detención. “La única forma es sobornar a la policía en los puestos de control: cuanto más dinero das, más carbón te dejan pasar”, afirma el comerciante Ismail Nsanja, de 42 años. “Así funcionan las cosas en los tiempos que corren”. La portavoz de la Autoridad Forestal Nacional, Juliet Mubi, niega saber nada de esas acusaciones, pero un funcionario del organismo que prefiere mantenerse en el anonimato se hace eco de ellas. Afirma que “prohibir por completo el comercio de carbón vegetal sería difícil” en el norte de Uganda debido a la red de “poderosos soldados, funcionarios del Gobierno y personas adineradas” con intereses creados en la industria.

La orden ejecutiva del presidente Museveni también hace referencia a los vínculos corruptos entre la industria del carbón vegetal y los “grupos de seguridad y organismos gubernamentales” del Estado. “Al parecer, gente armada escolta este carbón”, señala, y añade que “los lugareños sienten ahora un gran desprecio por la gente encargada de la seguridad”. Estas supuestas conexiones se esgrimen como justificación básica de la prohibición. “Para salvar el medio ambiente y la reputación del Movimiento Nacional de Resistencia en el poder, por la presente prohíbo la tala de árboles para la quema de carbón”, concluye.

La prohibición ejecutiva de Museveni también ha planteado problemas a los compradores de carbón vegetal. En Uganda, se calcula que el 90% de la población sigue dependiendo de la biomasa para obtener energía y dispone de pocas alternativas.

El diputado Emely Kugonza, exvicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirma que el Gobierno debería haber encontrado soluciones viables antes de decretar la prohibición, y pide que la política se revise para “encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la mejora de los medios de subsistencia”, dando prioridad a la ayuda para la compra y recarga de bombonas de gas. Dickens Kemigisha, director ejecutivo del Instituto Africano para la Gobernanza Energética, opina que la prioridad debería ser desarrollar la energía hidroeléctrica como “la alternativa más ecológica” para evitar la quema de combustibles fósiles. La energía hidroeléctrica aporta ya el 78% de la producción energética del país, según la Autoridad Reguladora de la Electricidad. Uganda también exporta energía hidroeléctrica a los países vecinos, pero hasta 2020 solo el 45% de los ugandeses estaban conectados a la red doméstica.

En Uganda, se calcula que el 90% de la población sigue dependiendo de la biomasa para obtener energía y dispone de pocas alternativas

France Atube, agrónomo de la Universidad de Gulu, propone que se impulse el mercado, aún poco desarrollado, del “carbón verde”, una especie de briqueta fabricada a base de residuos agrícolas. En su opinión, este método más limpio “salvaría los árboles” y beneficiaría a las comunidades rurales que no pueden permitirse otras alternativas ni conectarse a la red. Mubi, de la NFA, afirma que la Autoridad promueve actualmente el cultivo del bambú como fuente alternativa de combustible por su versatilidad y rápido crecimiento.

En principio, existen varias alternativas prometedoras al carbón vegetal, pero el desarrollo de políticas, infraestructuras o mercados que las hagan ampliamente disponibles y accesibles no puede forjarse de la noche a la mañana. Mientras los debates prosiguen, tanto los antiguos vendedores como los compradores de carbón desearían que estas conversaciones hubieran tenido lugar antes de la prohibición. Reconocen la importancia de combatir la deforestación y poner fin a la utilización de energías no limpias, pero tienen la sensación de haber sido sacrificados por un bien mayor. “No estamos en contra de la prohibición, pero nos vimos obligados a talar árboles para sobrevivir”, afirma Ssenyondo. Suplica alguna ayuda o clemencia del Gobierno para poder recuperar parte de sus pérdidas y empezar de nuevo. “Así podré volver a mi pueblo y buscar algo que hacer para cuidar de mi familia”.

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