Supervivientes de la explotación sexual en República Dominicana: “Te destrozan la vida porque solo piensan en su placer”

“Eran las cinco y seis minutos de la tarde”, recuerda con exactitud Flor de Lis, una dominicana de 23 años. Han pasado siete años desde que llegó engañada por una amiga a la paradisiaca playa de Barahona, pero lo recuerda “como si fuera ayer”. Ese día de 2015, a esa hora precisa, su “infancia feliz” se convirtió en un infierno. Lo que iba a ser una jornada de baño como tantas otras en la localidad dominicana de Boca Chica, a poco más de media hora de Santo Domingo, fue en realidad medio año de abusos, violaciones, golpes y otros malos tratos que describe sin paliativos. Su amiga, una captadora de una red de trata, la abandonó frente a un bar y una desconocida le hizo saber qué hacía allí verdaderamente. “A ti te trajeron para acá para que tú te acuestes con hombres por dinero y para que les brindes bebida”, le dijo a las cinco y seis minutos de la tarde.

Sin embargo, el rostro de Flor de Lis no será la imagen que vea un turista cuando busque en internet la República Dominicana como destino vacacional. Aparecerán playas paradisíacas y resorts todo incluido. Pero ella y muchas otras son un reclamo para numerosos visitantes, de fuera y dentro del país: niñas y chicas jóvenes con las que mantener sexo por dinero. Porque Flor de Lis no estaba allí sola, ni aquel bar con un hotel detrás es una rareza en el país. Allí donde ella fue explotada, un burdel propiedad de un político, había otras 10 menores y seis adultas en igual situación, al servicio de nacionales y extranjeros, “abogados, funcionarios, personas serias que las ves por ahí o en una reunión sin tú saber todo el daño que han hecho”.

La explotación sexual de menores está presente en cada rincón de la República Dominicana

Alba Rodríguez, directora de Save the Children

“El Gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está llevando a cabo esfuerzos significativos”, reza el último informe anual de referencia sobre este problema, elaborado por la embajada de Estados Unidos en el país caribeño. “De manera inconsistente con el derecho internacional, la ley [de Contrabando y Trata de Personas de 2003] requería una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños y, por lo tanto, no criminalizaba todas las formas” de este crimen, analizan los autores. La norma está en revisión desde 2019, pero el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes fue retirado el pasado febrero del proceso de aprobación en el Congreso Nacional porque, según sus detractores, abría la puerta a la entrada indiscriminada de inmigrantes irregulares haitianos, al reconocer el derecho de los extranjeros supervivientes de trata a no ser deportados y “gestionar la permanencia regular en el país”, así como a la la reunificación familiar.

La entrada en vigor del nuevo texto supondría avances en el reconocimiento y protección de las supervivientes. “Elimina la obligatoriedad de que los menores tengan que demostrar coerción para ser reconocidas como víctimas de trata”, detalla Alba Rodríguez, directora de Save the Children en el país. El consentimiento tampoco será “considerado como válido, y no constituirá en ningún caso motivo de exención de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores o cómplices”, recoge la norma paralizada, que desarrolla más pormenorizadamente que la anterior los mecanismos de prevención y apoyo institucional a las supervivientes. Mientras tanto, con un arma legal de hace dos décadas, las redes de captación y explotación con fines sexuales evolucionan al ritmo de las nuevas tecnologías para evitar ser detectadas, por ejemplo, usando plataformas en línea de alquiler vacacional para ofertar su menú de chicas. Ya ni siquiera necesitan un local que la policía podría vigilar, basta un teléfono móvil para conectar con los clientes y llevarles las niñas a domicilio.

Flor de Lis era una adolescente, “muy jovencita”, separada de su familia y no sabía dónde se encontraba. “Y lo tuve que hacer. Estaba lejos de mi casa, me maltrataban mucho. Yo no quería estar con los clientes y me daban golpes; y cuando tenía relaciones con algún cliente, me quitaban el dinero, no me dejaban hacer una llamada, no me dejaban salir. Hay veces que ni siquiera me daban de comer porque no quería acostarme con hombres”. En su narrar, no puede ni quiere contener las lágrimas al rememorar “eso”. Y eso es ser obligada a acostarse con unos ocho hombres al día, palizas si se negaba a practicar una felación, si no lograba excitar al señor de turno, violaciones con objetos, golpes con tubos hasta casi matarla, forzada a beber y consumir drogas para aguantar toda esa violencia cada jornada. “Te destrozaban la vida porque ellos nomás pensaban en coger su placer. Te decían que si tú no le hacías algo bien, o no te le subías bien arriba, ellos te iba a meter un palo, te iban a joder o te iban a hacer algo peor. Hay veces que te llevaban a los montes y te tiraban, y te daban golpes y te violaban allí sin decirle nada al señor del bar, porque ellos solamente así lo querían”.

“La explotación sexual de menores está presente en cada rincón de la República Dominicana”, asevera Rodríguez, de Save the Children. “En Sosúa, Boca Chica, detrás de cualquier colmado en Santo Domingo, en las zonas industriales...”, enumera. El análisis de la embajada estadounidense en el país arroja la misma conclusión: “Se produce en las calles, en los parques y en las playas. Los traficantes usan catálogos para vender a las víctimas a clientes potenciales, utilizando casas privadas, apartamentos alquilados u hoteles de estancia prolongada para alojar a las víctimas”.

“Las relaciones sexuales con menores están normalizadas en la sociedad, pero se mantienen invisibles en las comunidades, los barrios, las familias”, comenta Rodríguez. “Hay una apreciación generalizada de que las niñas y adolescentes provocan esas situaciones y buscan esas relaciones con adultos. Se desdibuja la protección del menor que, por el hecho de serlo, nunca puede dar consentimiento”. Tales argumentos explican que apenas haya denuncias por explotación sexual de niñas, agrega el mayor Julio Balbuena Valenzuela, subcomandante del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la policía nacional dominicana. “Se piensa que están en rebeldía”.

No fue el caso de Flor de Lis: su padre denunció su desaparición ―el único de los de las 11 menores prostituidas en el mismo local―. Cuando ella cameló a un cliente y pariente del dueño del burdel para que le dejase hacer una llamada a su tía, solo pudo decir que estaba bien y le costó que “el señor” la encerrara en una habitación, pero sirvió para que los investigadores rastrearan el teléfono.

“Llegaron unos clientes españoles y dominicanos, y no me daban de tomar, solamente me hacían preguntas, hablaban por teléfono y se hacían como señas, se miraban”, recuerda. Hasta que un día, en un instante en el que el propietario la agarró del brazo, uno de aquellos hombres se levantó y dijo: “No se mueva. Flor de Lis no te muevas, tu papá te mandó rescatar”. Al escuchar su verdadero nombre, uno que también le habían robado, supo que aquellos “señores vestidos de clientes” conocían su identidad, quién era ella. “Casi me desmayo. Solamente pensé: ‘Gracias a Dios, es un policía”. Todas fueron trasladadas a los servicios sociales y el prostíbulo clausurado para disgusto de muchos vecinos que protestaron violentamente frente al bar, quejándose por el señalamiento (injusto en su opinión) del respetado político local, tal como recogió la prensa local.

La corrupción y la complicidad de los funcionarios en los delitos de tráfico de personas siguieron siendo motivo de preocupación, lo que impidió la actuación de las fuerzas de seguridad

Informe anual sobre trata de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana

Lo que Flor de Lis narra con la emoción agarrada a la garganta es un operativo de agentes bajo reservas, un avance en la lucha contra este delito, explica el mayor Valenzuela. Esta figura permite a la policía investigar desde dentro la trata, rescatar a las víctimas y, en caso de no existir denuncia o ser retirada ―a veces por amenazas, otras porque los traficantes pagan a las familias para que desistan―, tener pruebas suficientes para sostener el caso y procesar a los perpetradores. “Hay condenas, pero no son ejemplarizantes”, lamenta. No lo fue tampoco en el caso de Flor de Lis, que denuncia que su amiga captadora y sus explotadores (el dueño y “la que cobraba”) están en libertad “y siguen haciendo lo mismo”. “Es gente poderosa. Aquí todo se compra”, lanza.

“La corrupción y la complicidad de los funcionarios en los delitos de tráfico de personas siguieron siendo motivo de preocupación, lo que impidió la actuación de las fuerzas de seguridad durante el año”, anota el informe de la embajada estadounidense. “El Gobierno no informó de la situación de un caso de tráfico sexual del 2017 en el que estaban implicados agentes de policía y miembros del ejército”, agrega.

En 2021, se registraron oficialmente 29 víctimas de trata sexual, seis adultas, 21 niñas y dos chicos menores de edad

En 2021 se registraron oficialmente 29 víctimas de trata sexual, seis adultas, 21 niñas y dos chicos menores de edad. La mayoría (24) eran dominicanas, tres haitianas y dos colombianas. En cuanto a las pesquisas y procesos judiciales, el estudio anual publicado en 2022 (el último disponible) revela que en el año anterior se efectuaron 68 investigaciones sobre casos de trata, que incluían a 89 implicados. “Asimismo, fueron enjuiciadas un total de 98 personas en relación con un total de 55 casos por trata sexual, trabajo forzado y proxenetismo”, detalla el documento. Ese mismo 2021, se emitieron seis sentencias condenatorias, cuatro por trata sexual y dos por proxenetismo.

Heridas que sanan, pero dejan cicatriz

A falta de una nueva ley, el Gobierno, con apoyo de Unicef, elaboró una guía de actuación para casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que afectan a niños, niñas y adolescentes. Pero por muchos protocolos y declaraciones de intenciones que se hagan, Flor de Lis ya no confía casi en nadie. Una amiga la engañó, un político la prostituyó y violó, como hicieron tantos hombres respetados durante seis meses. Y, cuando salió de aquel infierno, fue llevada a un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia donde recibió ayuda, pero necesitó del apoyo adicional de la ONG Misión Internacional de Justicia (MIJ), que ya no trabaja en el país. “Me llevaron al médico, me hicieron análisis, me dieron medicamentos. Gracias a Dios no tuve ninguna enfermedad” de transmisión sexual, explica. Fue entonces cuando conoció a la psicóloga Luz del Alba Antonio Rojas, que entonces trabajaba en MIJ y hoy es coordinadora de proyectos en Save the Children. “Un ángel”, afirma.

La psicóloga asegura que Flor de Lis ya ha superado las fases de recuperación por la que pasan las supervivientes. El primer paso es la aceptación y reconocimiento de que han sido víctimas de trata. “Muchas ni siquiera son conscientes”. La terapia contribuye a que cesen las pesadillas, que aprendan a confiar en otros y entablar “relaciones normalizadas con otras personas”. Cuando salen de la explotación “son migajas de ser humano”. “Por años se tiene que trabajar su autoestima y posiblemente nunca la lleguen a recuperar completamente”. Para ello, precisan de tratamiento profesional que no siempre encuentran y depende, en gran medida, de las ONG.

Ese es el proceso de sanación que está iniciando Flor de Mayo (nombre supuesto), de 40 años, otra superviviente que fue engañada con una oferta laboral de camarera en su ciudad, pero que en realidad fue secuestrada, violada en al menos una ocasión y testigo de explotación de niñas. Eso fue en 2009, cuando ya era adulta y madre de cuatro. Pero ha sido recientemente cuando ha comprendido que aquello que le pasó a ella y a las menores a las que rescató cuando decidió huir y se las llevó consigo, es un delito de trata. Ella no ha recibido terapia y todavía le cuesta expresar su historia, plagada de silencios, de vulnerabilidad, malos tratos, necesidad y desesperación. Teme ser reconocida como víctima y pide anonimato.

Capaz ahora de compartir su historia, a Flor de Lis le quedaron también secuelas físicas. “Por el destrozo que me hicieron ahí”, se señala la tripa. Tras dar a luz a su niña, hoy de cinco años ―fruto de una relación que ya terminó―, por medio de cesárea y no poder darle el pecho “porque tenía una bacteria en los senos”, le han dicho que ya no podrá tener más hijos. Asegura no sentir rencor, solo quiere una vida feliz. Quiere trabajar “de lo que salga” para mantener a su pequeña, pero reclama más apoyo público a las supervivientes. “Nos prometen, pero no cumplen”. Apenas hay una casa de acogida de 24 plazas específica para ellas y las menores no siempre son atendidas el tiempo necesario en los servicios sociales porque, en una sociedad conservadora y católica, se considera que estas niñas sexualizadas van a ser una mala influencia para el resto de chavales, detalla la directora de Save the Children.

Red de apoyo

La directora de la ONG añade la necesidad de profundizar en la labor de prevención. Flor de Lis y otros supervivientes, también chicos, están organizados en una red en la que no solo se apoyan entre ellos, sino que ayudan a las organizaciones en labores de sensibilización en las comunidades para que las niñas no caigan en las mentiras de los captadores, que se aprovechan de la vulnerabilidad de adolescentes y adultas en situaciones desesperadas.

Con el propósito de fortalecer la estabilidad socioeconómica de estas niñas, mujeres y sus familias, así como involucrar en esta lucha a las instituciones, las fuerzas de seguridad y el sector hotelero dominicanos, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo ―que ha facilitado la logística para la elaboración de este reportaje― destinará 600.000 euros en el periodo 2018-2025, más otros 437.500 euros entre 2020 y 2023 que aportan las comunidades autónomas y ayuntamientos.

En todo el país, solo hay una casa de acogida de 24 plazas específica para supervivientes de trata explotadas sexualmente

Save the Children en el país será una de las entidades que canalice una parte de esos fondos para un proyecto de “protección integral de niñas, adolescentes y mujeres frente a la trata en zonas turísticas de República Dominicana”, explica la directora. Además de trabajar con chicas en riesgo, “para el desarrollo de competencias de autoprotección, acceso a denuncia y restitución de derechos”, también incluirán a varones. “Temas de nuevas masculinidades e igualdad. Porque no se puede cambiar la realidad si no la enfrentas desde la raíz”, apunta Rodríguez.

Su programa contempla seguir su línea de actuación con el sector hotelero, que representa el 25% del PIB de República Dominicana. “El turista sexual viene porque la oferta ya existe en el país”, matiza Rodríguez. Y a su vez el turismo sexual contribuye a la continuidad de esta práctica delictiva. David Llibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del país (Asonahores), subraya el compromiso de sus miembros contra este flagelo. Una de las normas que aplican estrictamente es que ningún niño puede ser registrado en un hotel por otra persona que no sean sus padres. “Pero las plataformas digitales carecen de este tipo de control” para evitar que los huéspedes entren con niñas para abusar de ellas, anota.

“En los casos de explotación sexual de menores, se utilizan los chats de WhatsApp y las redes sociales para atraer a los niños”, añade la embajada estadounidense en su análisis. Rodríguez, de Save the Children, suma otra triquiñuela a la lista de innovaciones del crimen: “Sabemos que pagan a las familias para que se alojen en los hoteles y hacer, ya salvado el escollo del registro, un intercambio de habitaciones para acostarse con las menores”. Pero el problema no es principalmente el “gran hotel o resort”, dice, sino todos los servicios que se ofrecen alrededor: excursiones, transporte, ocio... y sexo con niñas.

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