Un infame centro de detención que se ha convertido en una fortaleza de los derechos humanos

Edificado muy cerca del puerto, pero de espaldas al mar, en Bissau Velho, el barrio colonial de Bisáu, capital de Guinea-Bisáu, se encuentra un pequeño edificio, aparentemente de una planta. Está ubicado frente a los muros de protección del fuerte de San José de Amura, la fortaleza militar del mausoleo del padre de la patria, Amílcar Cabral. Esa estructura modesta, sin embargo, marcó durante décadas las pesadillas de miles de habitantes de la antigua colonia portuguesa. Primero fue la sede de la temida policía, después fue comisaría, centro de detención y prisión hasta que el lugar fue clausurado en 2011. Un año después, un grupo de organizaciones de defensa de los derechos humanos convirtieron aquel testimonio de la infamia en la Casa dos Direitos, un auténtico baluarte de las libertades ciudadanas. Hoy, pocos podrían imaginar el dolor que ha llegado a albergar, al ver su actual aspecto simpático y acogedor.

Bubacar Turé es vicepresidente de la Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), una de las organizaciones que impulsó la reconversión de este espacio. “Para las organizaciones de la sociedad civil, la Casa es una embajada de los derechos humanos en Guinea-Bisáu”, asegura. Este sitio acoge a entidades con diferentes cometidos, desde la que defienden los derechos humanos en general, como la propia Liga, hasta las que se centran en una parcela concreta, como los derechos de las mujeres o de la infancia, la salud sexual y reproductiva, la protección del medio ambiente o la libertad de expresión, entre otras. La convivencia de todas estas iniciativas es una estrategia de refuerzo mutuo. “El hecho de estar juntas nos hace más fuertes y nos permite pronunciarnos a través de una sola voz respetada y escuchada”, defiende Turé.

Actualmente, ocho organizaciones tienen su sede permanente en este espacio, pero a lo largo del año, acoge las actividades de un sinfín de colectivos de activistas más informales. “En la quincena de los derechos, por ejemplo, que es una propuesta impulsada por la Casa dos Direitos que se celebra cada diciembre, participan 40 organizaciones. Fue una forma de apertura al resto de la sociedad civil y, después de la primera edición, siempre se ha celebrado, con golpes de Estado o sin ellos, con la covid o sin ella”, apunta Fátima Proença, la directora de la ONG portuguesa Associação para a Cooperação Entre os Povos (ACEP).

Desde 1945 hasta 2012, esta insignificante construcción, en la actual calle Guerra Mendes de Bisáu, representó la esencia del terror político y de la represión. En sus inicios, albergó la 1ª Esquadra, la primera policía compuesta instrumentalmente por los propios colonizados. Fue centro de detención y de castigo para quienes disentían del poder portugués en África. Allí fueron a parar, por ejemplo, los detenidos en la revuelta de los estibadores del puerto de Pindjiguiti en 1959, que acabó en masacre, un episodio que, como en otros territorios del continente, empezaban a anunciar un cambio de época. En la larga y cruenta guerra de liberación (1963-1974), la PIDE —la siniestra policía política de la dictadura portuguesa— mantuvo en el edificio celdas subterráneas, sin ventilación ni luz natural, y extremadamente húmedas.

La propuesta de ley sobre los derechos de los niños ha sido concebida en la Casa dos Direitos y el poder político la ha asumido

Ni siquiera el final de la época colonial pudo liberar al edificio de toda la carga de horror que impregnaba sus paredes. El gobierno independiente mantuvo inicialmente las funciones de comisaría, centro de detención y prisión. Hubo un periodo de 13 años (1986 y 1999) en los que fue destinado a otras funciones, pero la destrucción de otra prisión en la ciudad durante la guerra civil, llevó de nuevo a los presos a las celdas de Bissau Velho.

De hecho, cuando el proyecto de la Casa dos Direitos comenzó a cocinarse, aún había prisioneros en el edificio. La aprobación de esta iniciativa fue la que propició, en 2011, el traslado a otras cárceles de los últimos 30 reclusos. Proença, directora de ACEP, recuerda cómo se gestó este proyecto para la revitalización de la sociedad civil, que solicitaron que la prisión fuera la sede por su carga simbólica y que fue impulsado por media docena de organizaciones del país con el apoyo de la cooperación portuguesa. Su propuesta llegó en el momento idóneo, pues en poco más de medio año, las autoridades clausuraron el lugar para cedérselo a la coalición de entidades. “Tardaron un poco más en darnos las llaves, porque creo que les daba vergüenza mostrar el estado de la prisión”, rememora Proença.

Esta veterana activista recuerda el día de la inauguración, en marzo de 2012, como un auténtico acontecimiento. “Todo Bisáu tenía ganas de ver la prisión convertida en la Casa dos Direitos”, bromea. Pero recupera el tono serio para destacar que se produjo una especie de catarsis colectiva. “Todas las personas que tenían alguna historia relacionada con aquella prisión estaban presentes. Un periodista cuyo padre había muerto allí, otra persona que había tenido a su padre preso, en realidad había gente de los sectores más diversos que, en diferentes épocas, habían tenido algún contacto con la cárcel. Se compartían las experiencias y muchos no podían aguantar las lágrimas”, comenta emocionada. La ceremonia sirvió, en cierto modo, para liberar a los fantasmas que contenían las celdas.

Desde ese momento, los gestores de la Casa han recuperado parte de la memoria histórica y en el espacio donde estaban las celdas subterráneas se pueden leer las explicaciones de lo que fue este lugar. Otro calabozo es hoy una biblioteca y un centro de documentación, sobre temas relacionados con derechos humanos, desarrollo y sociedad civil, una especie de revancha a todos aquellos atropellos.

Para Proença, la Casa “es un espacio de protección”. El pasado febrero, los golpistas que intentaron hacerse con el poder por la fuerza, sin éxito, ya que no se atrevieron a irrumpir en la Casa, a pesar de que buscaban a activistas vinculados con la iniciativa. En otras protestas, los manifestantes se han refugiado detrás de su simbólica valla, que no llega al metro de altura. “También es un espacio de promoción de los derechos humanos, de sensibilización, de educación”, añade la directora de ACEP.

Turé agrega que otro de los trabajos de la Casa es la recogida y análisis de datos sobre indicadores diversos relacionados con el acceso a los derechos. Lo hace el Observatorio dos Direitos. “Desde la distancia que tienen que recorrer los niños para llegar a una escuela hasta los precios de medicamentos o las condiciones de vida de la población en las prisiones”, enumera. Y destaca la capacidad de influencia efectiva gracias a las estadísticas. “Hemos conseguido participar en la elaboración de algunas políticas públicas, como la propuesta de ley sobre los derechos de los niños, que han sido concebidas aquí y asumidas por el poder político”, asegura.

La cooperación internacional entiende el papel fundamental de la Casa dos Direitos, pero apoyarla económicamente no entra dentro de sus prioridades

Ambos coinciden en la extraña protección de que goza la iniciativa. “La Casa ofrece una especie de inmunidad ficticia a las organizaciones”, comenta Turé. “Les protege en sus acciones. No es real, sino que algo simbólica. Es un espacio respetado por todos, incluso, por el propio poder político, a pesar de que es un centro de denuncias de ataques a los derechos humanos, incluidos los del Gobierno o los militares”. Proença aclara que se han encontrado con situaciones en las que parece que hay una “protección casi mística”. “Es como si la Casa estuviese sacralizada”. Atribuye esta aura especial a una combinación de la propia historia del lugar, el prestigio y ciertos apoyos internacionales.

Sin embargo, esa seguridad es cada vez más precaria. Las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas por la deriva del poder en Guinea-Bisáu, que ven cada vez más concentrado, y por el clima social que encuentran cada vez más crispado. “Las conquistas de los derechos humanos están ahora en una situación de retroceso”, denuncia Turé. Advierte que hay un aumento de los ataques a la libertad de prensa, intentos de limitar el espacio de las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y las voces discordantes. A su vez, la directora de ACEP considera que, en el país, “se está degradando la confianza y la capacidad de diálogo, como nunca antes”.

En este contexto de crecientes turbulencias, la institución adolece de una falta de financiación. En este sentido, Proença apela a los grandes actores de la cooperación internacional. “Entienden la teoría: el papel fundamental que la Casa tiene en el panorama político nacional, en la promoción de los derechos humanos y en la protección de sus defensores. Pero después no hay un reflejo práctico, porque apoyarla no entra dentro de sus prioridades”.

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