Escuelas libres de violencia: la lucha pacífica de los docentes contra las pandillas en Honduras

Desde el otro lado de la pantalla, la sonrisa de Rodrigo Pineda (nombre ficticio para preservar su seguridad), director de un centro educativo público hondureño, corta la distancia y difunde calma hasta en el espacio virtual. Vive en Tegucigalpa y hace 20 años, cuando escogió escuchar la vocación docente, además de los retos educativos, asumió también el riesgo personal que esta profesión conlleva, por lo menos si hay que ejercerla en los asentamientos más pobres de la capital de Honduras, controlados por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Cada vez que el profesor Pineda entraba en su escuela, antes de que la pandemia obligara a la educación en línea, tenía que armarse de valor para enfrentarse a las dos maras que, desde algunos años, tienen la costumbre de asediar los centros educativos de los barrios marginales para almacenar drogas y armas, o reclutar forzosamente a niños y jóvenes en edad escolar.

Las dos bandas criminales rivales dictan ley en Honduras, sobre todo en Tegucigalpa y en la ciudad fronteriza de San Pedro Sula, alimentando un conflicto interno para el monopolio del tráfico de drogas y armas, de la extorsión y de la trata de personas.

Para asegurarse el crecimiento de la banda, los jefes de las pandillas solían acercarse a las rejas de las escuelas públicas de los barrios marginales, intentando convencer a los estudiantes entre 10 y 14 años a ingresar en la criminalidad organizada, por las buenas o por las malas. Esta estrategia de reclutamiento funcionó hasta marzo de 2020 y podría volver a ser realidad, ya que desde el 18 de abril de este año los alumnos y docentes hondureños han regresado a la escuela de forma presencial, después de dos años de clases virtuales.

“Un pandillero un día me dijo que las escuelas son sus semilleros. Estos criminales reclutan a los chicos más pobres, huérfanos o de hogares disgregados. Casi la mitad de mis estudiantes viven con un abuelo o un tío, porque los padres han muerto o han emigrado a Estados Unidos. Algunos niños ven a la pandilla como la única opción para salir adelante, pero los demás nos piden ayuda a gritos. Entonces salimos a la calle e intentamos persuadir a los jefes de las maras a dejar libres los estudiantes”, dice Rodrigo Pineda.

Un pandillero un día me dijo que las escuelas son sus semilleros

Muchos docentes han tratado de proteger a sus alumnos, especialmente a los más jóvenes y a las niñas, que a menudo son objeto de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, esta valentía ha costado la vida a más de cien maestros hasta hoy. Según los datos del Comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras, son 90 los docentes asesinados solamente entre 2010 y 2017.

Bien lo sabe el director Alberto Herrera (nombre ficticio), de 52 años y 32 de servicio docente, que en su vida escuchó la triste noticia del asesinato de un colega más de una vez. “Algunos estudiantes son hijos de los mareros y los padres de familia nos insultan, amenazan o asaltan si damos una mala calificación al chico. Hace unos años, un maestro intentó disciplinar un pleito entre dos jovencitas y el familiar de una de ella llegó a la escuela y le disparó”, comenta.

A los asesinados se suma el número de profesores que han dejado sus hogares debido a las amenazas. En los últimos cinco años, 269 docentes han sido víctimas de desplazamiento interno por la violencia de las pandillas, un fenómeno que ha afectado 247.090 hondureños entre 2014 y 2018, que corresponde al 2,7% de la población del país.

Según los datos del Comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras, son 90 los docentes asesinados solamente entre 2010 y 2017

“Los pandilleros ingresan de noche a las escuelas para esconder droga y armas de fuego, y en algunos casos los niños se han topado con casquillos de balas. A veces, escuchamos a los mareros dispararse en la calle frente a la escuela. Algunos profesores más jóvenes no aguantan y se van”, continúa Pineda.

Rodrigo Pineda y Alberto Herrera forma parte del Comité de Docentes, una organización de maestros y profesoras que luchan para promover la educación y erradicar la violencia en las escuelas. El Comité está apoyado por ACNUR y Save the Children, que en 2018 lanzaron un informe para denunciar la grave situación de violencia que afecta los centro educativos.

“Los profesores están entre los más perjudicados por la violencia de las pandillas, juntamente con transportistas y negociantes”, asegura Vanessa Paguada, coordinadora por Save the Children del proyecto de fortalecimiento de los entornos de niños y jóvenes en colaboración con ACNUR. “Son víctimas de extorsión, violencia física o sexual y las pandillas los ven como un obstáculo que hay que eliminar porque se oponen al reclutamiento de los jóvenes”, agrega.

Durante la pandemia, muchos docentes fueron víctimas de violencia cibernética y de extorsión en línea. “Los mareros nos pedían recargar sus tarjetas de crédito, pagar el internet a sus hijos”, afirma Pineda. “Pero para nosotros es inútil denunciar estos hechos porque sabemos que la policía está coludida [compinchada] con los mareros”.

La falta de confianza en las instituciones encuentra una razón más en la reciente detención del expresidente Juan Orlando Hernández, que el 21 de abril fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio por supuesto narcotráfico y posesión de armas en un tribunal de Nueva York. Durante su mandato, Hernández ordenó la militarización de numerosos centros educativos, después de algunos episodios de violencia. “El Estado dispone medidas paliativas, pero no ataca a la raíz del problema. La policía se queda un tiempo y después se va, dejando el campo libre a las maras, que regresan más fuertes; y la violencia hacia nosotros y los estudiantes se acrecienta”, explica Alberto Herrera.

Los niños y los jóvenes que rechazan el reclutamiento forzado desafían, sin querer, a los jefes de las maras, que castigan este atrevimiento con la muerte. Destino parecido toca a quienes escogen ingresar en una pandilla, que a menudo mueren en atracos y enfrentamientos con la policía. Con una tasa de 30 homicidios de menores de 18 años cada 100.000 habitantes, Honduras ostenta el récord mundial de asesinados de niños, según el informe Infancias Robadas de Save the Children.

Durante la pandemia, muchos docentes fueron víctimas de violencia cibernética y de extorsión en línea

Atrapados en una situación de violencia sin salida, muchos chicos hondureños dejan la escuela y sus hogares para huir a comunidades rurales o a Estados Unidos, ampliando el ya enorme número de menores de edad no acompañados que salen desde el norte de Centroamérica. Desde octubre hacia febrero 2022 han llegado a la frontera sur más de 58.000 chicos no acompañados y el 23% son hondureños, según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En los últimos dos años, la tasa de deserción escolar disparó y aproximadamente el 40% de los estudiantes abandonaron la escuela en 2020, debido a la inseguridad social y al aumento de la pobreza hasta el 70% por la pandemia y los efectos de los huracanes Eta e Iota.

Un buen número de alumnos de Pineda y Herrera dejaron las escuelas, otros se quedaron y algunos migraron, pero consiguieron conectarse a las clases en línea desde los campamentos de migrantes en México. “Los docentes intentamos hacer un buen trabajo en medio de un terreno minado. Da gusto cuando encontramos exalumnos que ya son profesionales o vemos que un niño que se va de Honduras participa en nuestras clases hasta desde la ruta migratoria. Por ellos seguimos asumiendo riesgos y luchamos para darles la mejor educación posible”, concluye Alberto Herrera.

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