La ayuda al desarrollo, atrapada en las crisis del Norte

La imposición de las agendas de los donantes, cada vez más preocupados por su seguridad que por el progreso del Sur, ahonda la crisis de desigualdad global, según el último informe de Oxfam Intermón. Frente a ello, la ONG propone que la política de cooperación tenga por principal objetivo la justicia social

Unos soldados ucranios saludan desde un vehículo militar a los residentes que esperan en una cola para recibir ayuda humanitaria, en la ciudad de Trostyanets, Ucrania, el 29 de marzo de 2022.ROMAN PILIPEY (EFE)

“La desigualdad no es un fenómeno neutro y aséptico de las dinámicas sociales, sino que es el resultado de unas decisiones, políticas, estructuras y procesos que establecen grupos que se benefician y otros que son excluidos de los beneficios de los sistemas económicos y políticos”, se lee en las primeras páginas de la edición 2022 del informe de Oxfam Intermón Cooperación Internacional para la justicia global, que se presentó este miércoles 30 de marzo, en un acto híbrido (presencial y virtual), celebrado en la sede del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Desde hace 28 años, la ONG elabora este estudio anual en el que recaba las cifras de la cooperación, tanto a escala internacional como nacional, sin dejar de plantearse nuevos interrogantes y propuestas que se recogen entre el activismo, los agentes institucionales y los investigadores sociales más relevantes en cada una de las áreas abordadas. En este caso, el texto se estructura en dos partes: la primera refiere al examen global de la cooperación; la segunda está dedicada a la aportación española ante un nuevo ciclo.

A lo largo de unas 120 páginas, el documento pone al día la situación de la ayuda al desarrollo en un momento del mundo en que “están sucediendo cambios muy profundos”, que han dejado al descubierto una indiscutible “crisis civilizatoria y sistémica”, según Ignacio Martínez, coordinador del equipo de investigación. Frente a este panorama de un mundo desigual con tensiones agregadas, como los coletazos de la pandemia y la emergencia de la guerra en territorio europeo, las políticas de cooperación siguen estancadas en las promesas de mejora de financiación, cuya reivindicación histórica es conseguir que se destine desde el Norte el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (actualmente, el promedio de ayuda oficial de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE se sitúa en el 0,32% de la RNB).

Y lo que, a criterio de Martínez, resulta más preocupante aún es el “giro privatizador” y el cariz orientado hacia “lo securitario” que han tomado las políticas para el desarrollo. Sin embargo, hay alguna luz en el camino, al menos en España, donde el presupuesto para las ayudas internacionales ha aumentado ligeramente en los ultimos años. En 2020, se invirtió un 0,24% de la RNB, tres décimas por encima del de 2019 (0,21%). Los cálculos de 2021 y las previsiones de 2022 apuntan a esa tendencia alcista que, de cumplir los prometido por el Gobierno, debería culminar en un 0,5% de la RNB en ayuda oficial al desarrollo en 2023. También celebra el documento que ya esté en marcha la elaboración de una nueva Ley de Cooperación, cuyo proyecto se encuentra actualmente en periodo de consultas públicas.

Si los países donantes hubieran cumplido con el compromiso del 0,7%, la AOD en 2020 hubiera sido de 190.000 millones más que en la actualidad

“El compromiso debe ir más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”, advierte Ignacio Martínez. En su opinión, hay que hablar de “poder en el sistema de cooperación internacional” y “abordar los instrumentos y los mecanismos”, incluso las métricas que, en muchos casos, han quedado obsoletas o se prestan a prácticas de escasa coherencia política.

Los números dan cuenta de esa insuficiencia: “En el año 2020, la AOD de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), incluidas las instituciones de la UE, fue de 161.200 millones de dólares”. Si los donantes hubieran cumplido con el compromiso de dedicar el 0,7% de la RNB a políticas de cooperación internacional, tal cantidad hubiera sido de 351.000 millones de euros ese año, es decir, 190.000 millones más que en la actualidad, según el informe. No obstante, hay otros condimentos sociales y geopolíticos que tornan más aguda esta crisis continuada en la que las desigualdades (entre países, de género y de consecuencias ambientales, por ejemplo) constituyen la marca inocultable.

Todas las desigualdades

“Uno de los avances más impactantes de las ciencias sociales de las últimas décadas es el hallazgo de datos empíricos que corroboran una idea que pertenecía más bien al campo de la filosofía moral: la desigualdad deteriora las sociedades, las hace no solo más injustas sino materialmente peores, realmente invivibles a medida que la estratificación se extiende como una metástasis y va pudriendo las relaciones cotidianas”, explica el sociólogo César Rendueles en la primera de las mesas de análisis, en el acto de presentación del informe. Esta carcoma que desborda lo meramente económico se da tanto dentro de las sociedades como a escala global y como los tiempos se aceleran, dice, ahora “empezamos a entender dramáticamente lo que significa que la desigualdad se nos meta en los huesos”.

“Buscamos atajos y salidas rápidas” que no hacen otra cosa que “seguir blindando los privilegios de las élites”, arguye el también investigador del CSIC. Rendueles cuetiona “los derechos del 20% que más tiene” y propone una mirada que contemple las prioridades del Sur Global, en lugar de imponer la agenda del Norte, incluso en materia de emergencias sanitarias que impactaron especialmente en los países ricos, como la de la Covid-19, porque en los países pobres la gente seguía muriendo de muchas otras enfermedades.

En su turno, Itziar Ruiz Jiménez, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, habló de una “cooperación transformadora”, ya que sí “hay otros mundos posibles”. A su juicio, esa transformación pasa por contar con un sólido basamento “en todo el catálogo de derechos humanos, que incluyen los civiles y políticos, para todas las personas”, lo que la convertiría en una cooperación “ecofeminista, decolonial, antirracista y pacifista”. Esas son, en sus palabras, las “utopías” que nos pueden ayudar a superar la deshumanización y a romper la frontera moral y política de las “líneas abismales”. Porque “al otro lado de las matrices de poder, la inmensa mayoría de la gente sigue caminando”. Lo que ha venido sucediendo, según Ruiz Jiménez, es que asuntos como la Covid-19 o la guerra en Ucrania “nos parecen excepcionales, simplemente porque están sucediendo a este lado de las líneas abismales”.

Buscamos atajos y salidas rápidas que no hacen otra cosa que seguir blindando los privilegios de las élites
César Rendueles, sociólogo

Esta idea se vio reforzada por la participación –a través de videollamada– de la activista afroboliviana Paola Yáñez, que cuestionó los recursos de los que dispone la guerra, contraponiéndolos con la escasa financiación para la paz. A su vez, puso sobre la mesa palabras sobreutilizadas para preguntarse: “¿Cómo miramos las necesidades de las personas? ?Quién tiene el poder de incluir o no a las mujeres pobres y racializadas?”.

El director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, reconoció que hay que enfrentar la realidad con “humildad y valentía”, ya que, en el ámbito de la cooperación, se prodicen las mismas asimetrías de poder que se critican en otros ámbitos de la Realpolitik. “Atacar de raíz esas causas que perpetúan desigualdades y modelos insostenibles nos lleva a interpelarnos en los cómo (por ejemplo, en los modelos de partenariado que, en general, son extractivistas) y reposicionarnos a través de la escucha, en donde la agenda y las luchas de los socios y las poblaciones marquen las prioridades”. Además, agregó la importancia de repensar las narrativas y el lenguaje “sin arrogancia intelectual”, así como considerar la necesidad de “politizar la cooperación”, porque las responsabilidades son diferenciadas en el caso de unos países y otros, sin ir más lejos, en materia de justicia climática. Esta corresponsabilidad en la reparación permitirá, a su juicio, reorientar los recursos, con “enjundia y ocurrencia” aplicadas a toda la acción pública, y no solo a las políticas de cooperación.

La impostergable reforma de la Cooperación española

“La progresiva interdependencia económica, unida al desmantelamiento de los sistemas de intervención de los Estados, ha provocado que las empresas trasnacionales y los mercados sean actores cada vez más preponderantes en el sistema y que detenten capacidades para modificar las decisiones públicas en función de sus intereses privados”, se lee en el documento presentado.

De ahí que la segunda mesa del encuentro estuviese dedicada a debatir esa encrucijada a nivel internacional, que ha acarreado pérdidas de derechos y democracias restringidas en numerosos países (según un reciente informe de CIVICUS, el 88,5 % de la población mundial vive en países cuyo espacio cívico ha sido calificado como cerrado, represivo u obstruido), y que impone una “improrrogable transformación del sistema de cooperación español”, en palabras de los responsables de Oxfam Intermón.

Los condicionamientos son evidentes, toda vez que a la solidaridad Norte-Sur se ha agregado un elemento de tensión Este-Oeste, que comporta el riesgo de volver a imponer el discurso “primero los de casa” o que la gran vía de la transformación verde se vea suplantada por las necesidades de seguridad energética en Europa. “España continúa a la cola de los donantes europeos, muy por debajo de lo esperable y de los compromisos europeos”, argumentaba Andrea Costafreda, desde la organización.

España continúa a la cola de los donantes europeos, muy por debajo de lo esperable y de los compromisos europeos
Andrea Costafreda, Oxfam Intermón

Según Miquel Carrillo, vocal de coeherencia de políticas de la Coordinadora de ONG para el desarrollo, “hay que reconocer el papel de la sociedad civil como garante contra la involución democrática”. Su advertencia nace de la idea de que “es más fácil transferir fondos a la UE o al Banco Mundial y renunciar a la capilarización y el trabajo fino con las personas”. Además, a su juicio, cabe preguntarse “qué tipo de economía estamos promoviendo en otros lugares del mundo”, ya que las acciones de la cooperación pueden inducir a “fortalecer a las empresas en lugar de incluir otras economías solidarias”.

Por su parte, Iliana Olivé, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), opina que el hecho de “abordar el cambio de la ayuda al desarrollo desde una ley lleva unos ritmos que tienen la ventaja de alejarnos de lo urgente, aunque llevan el debate de la reforma a un ámbito muy técnico y restringido”. Según su criterio, hace falta acercar otras voces para que la ayuda deje de ser solamente “la política de un sector”.

Desde el ámbito estatal, Eva del Hoyo, directora general de Políticas de Desarrollo Sostenible, sostuvo que se espera que este nuevo proyecto de ley pueda entrar, en junio, en tramitación parlamentaria, mientras continúa el proceso de consultas con participación de individuos, organizaciones, entidades locales y comunidades autónomas. Según la funcionaria, esta ley que sustituirá a la anterior, que ya ha cumplido 24 años, viene a “ordenar la casa por dentro” en un área como la cooperación española, que “es muy rica, con muchos actores, capaz de establecer alianzas y diálogo”.

Por último, Carrillo propone como vía “escapar del tiempo político en el que estamos enfangados y de la inmediatez de las redes sociales, que es incompatible con los cambios sistémicos de políticas públicas que deberíamos haber encarado hace 20 años”. Así, según proclaman desde Oxfam Intermón, la reforma podrá ser “de largo alcance, integral, estratégica y de política global”, para “pensar en grande” y poder aplicarla con coherencia.

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