Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
Poco antes de declararse insolvente en España, Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón, abría una sociedad opaca en un refugio fiscal. Idéntico destino tuvieron las 12 que abrió el financiero español Francisco Abellán, al que un tribunal de EE UU calificó de “sofisticado, artero y avaricioso” y que estafó a miles de clientes antes de acabar en la cárcel. Lo mismo ocurrió con las compañías de los empresarios Adrián de la Joya y Joaquín Barceló, que, en calidad de testaferros, aparecen en grandes sumarios judic...
Poco antes de declararse insolvente en España, Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón, abría una sociedad opaca en un refugio fiscal. Idéntico destino tuvieron las 12 que abrió el financiero español Francisco Abellán, al que un tribunal de EE UU calificó de “sofisticado, artero y avaricioso” y que estafó a miles de clientes antes de acabar en la cárcel. Lo mismo ocurrió con las compañías de los empresarios Adrián de la Joya y Joaquín Barceló, que, en calidad de testaferros, aparecen en grandes sumarios judiciales como los casos Villarejo y Erial. Los hilos que estos hombres de negocios han intentado mover en jurisdicciones opacas han acabado, de una forma u otra, en manos de la justicia. Y su rastro se deja ver en los Papeles de Pandora, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participan EL PAÍS y La Sexta en España.
Este periódico ha podido rastrear en los 11,9 millones de documentos de la filtración al menos 53 personas que han tenido alguna causa judicial abierta en España. Entre ellos está también Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, productor musical que fue imputado por la trama de la rueda de las televisiones. También figura en estos documentos información sobre David Martínez y Jordi Tamargo, antiguos propietarios del portal Series Yonkis, que además de ser juzgados por los contenidos a los que enlazaba esta página se vieron envueltos en una estafa millonaria relacionada con servicios de telefonía móvil.
Usar una sociedad radicada en un paraíso fiscal es legal. Estas compañías se benefician de la baja tributación y del secretismo de las jurisdicciones donde están registradas. El problema es qué se hace con ellas y lo que implica su uso: se calcula que los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos mundiales entre 400.000 y 800.000 millones de euros en impuestos cada año, dependiendo de las estimaciones.
“Crecimiento agresivo” para las inversiones del Rey del Carbón
Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón o el Rey de la Mina, es un nombre que resurge en los titulares cada cierto tiempo a propósito de sus problemas con la justicia. Por 500.000 toneladas de carbón desaparecidas, por una explotación ilegal, por la destrucción de un yacimiento arqueológico, o por guardar 600.000 mascarillas en un almacén en plena crisis del coronavirus. A mediados de los años noventa se cuestionaba la calidad de su carbón, el origen de los fondos con que había comprado la mayor mina privada del país y la veracidad de sus declaraciones del IRPF. En septiembre de 1996 se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde. Herriard, que comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, siguió activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta 2018.
En 2004, poco antes de que una de sus minas en Asturias se paralizase de forma cautelar por “un problema de seguridad importante”, se constituía la panameña Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que integran el Grupo Alonso.
La incursión panameña más reciente del empresario fue a través de la sociedad Neilmar Investments, creada el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abre en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”. De acuerdo con el formulario de registro, el patrimonio total de la sociedad ascendía a entre 25 y 30 millones de dólares. La suma y los objetivos de inversión —”crecimiento agresivo”— contrastan con la declaración de insolvencia que presentó Alonso un año más tarde en la causa por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves (Huesca). Él siempre se consideró “un chivo expiatorio” en ese caso.
Según explica Pablo Malo, abogado de Ecologistas en Acción, a lo largo de la instrucción del caso ya aparecieron muchas empresas en las que se intuía una vinculación con Alonso, pero no fue posible acreditarla: “Cuando le preguntamos por esto en el juicio, pudo llegar a reconocer que en alguna ellas sí había estado, pero gratis”. Mientras tanto, un entramado societario plagado de testaferros diluía los potenciales lazos con Alonso. “La insolvencia se decreta en un momento dado, pero si existe algún dato que indique que ha mejorado la fortuna de esta persona, esa insolvencia se elimina y se le podrían ejecutar las cantidades a las que fue condenado en sentencia”, añade Malo. Alonso, por su parte, no ha contestado a las peticiones de comentarios y a las llamadas de EL PAÍS y La Sexta.
Un español que engañó a Wall Street
Francisco Abellán Villena lleva más de una década bajo la lupa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El organismo subrayó en un escrito la naturaleza “sofisticada, artera y avariciosa” de este financiero español y quienes participaron en sus estafas le conocían como Oracle, oráculo en inglés. Fue detenido en Ibiza en enero de 2020 por su participación en la venta fraudulenta de acciones de Biozoom Inc. Supuestamente, la compañía estaba desarrollando un escáner de piel portátil que algún día sería capaz de medir el colesterol y el azúcar en sangre. Según la SEC, la trama generó unos 34 millones de euros en beneficios ilícitos por las ventas de acciones de Biozoom a precios inflados a base de campañas de publicidad que llegaron hasta las páginas de The New York Times.
Los Papeles de Pandora muestran los cimientos de su sofisticado esquema de manipulación. El comisionista español está vinculado con todo un ramo de sociedades gestionadas por Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal): entre 2005 y 2007 aparece en documentos de al menos 12 entidades distintas, la mayoría, panameñas. Vegastar Capital, Equity Holdings y Klo Financial Services ya fueron identificadas en 2009, cuando la SEC denunció la manipulación de las acciones de GHL Technologies. En aquel entonces, un tribunal de Tacoma (Washington) ordenó la congelación de las cuentas de Abellán y estimó que la artimaña le había reportado unos beneficios de 13,5 millones de dólares. El proceso se saldó con una multa de 419.000 dólares.
Según detallan los documentos judiciales estadounidenses, Abellán estuvo residiendo, entre su primer juicio y el segundo, en la casa donde residen ahora el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira. La venta de esa mansión, en el barrio barcelonés de Pedralbes, se realizó “de manera muy rápida, y por un precio inferior a su valor de mercado, debido al interés del vendedor en agilizar la operación”, detalló la agencia que se encargó del trámite.
Testaferros y grandes sumarios
La presencia de Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco entre los Papeles de Pandora sorprende menos. El nombre de este empresario español ha aparecido en los casos Villarejo, Lezo y Púnica vinculado a sociedades en paraísos fiscales desde hace más de una década. En este caso, sin embargo, desempeña un nuevo rol. Una factura del bufete de abogados de Belice GDC le sitúa como pieza clave en la compra de Intelco, una compañía de telecomunicaciones beliceña, por parte de la tecnológica española Avanzit, donde De La Joya ostentaba entonces el cargo de vicepresidente. La factura menciona también a Alfredo Oranges, panameño implicado en un caso de lavado de dinero. Según se publicó en los medios locales, el artífice de la venta fue Glenn Godfrey, presidente de Intelco y fundador del mismo despacho CDG. De la Joya dimitió de su puesto tres meses más tarde.
Además, Oranges y Avanzit aparecen en un documento anterior a la transacción que parece relacionado con lo que describe la factura. Se trata de una carta de invitación de GDG enviada a Oranges el 20 de diciembre de 2011 para una oferta privada de bonos no asegurados de Intelco. A los compradores de estos bonos se les pedía que lograran que una compañía establecida internacionalmente —”por ejemplo, Avanzit”, sugería la misiva—, comprase o adquiriese un interés sustancial en la compañía. Como agradecimiento, recibirían un porcentaje de los beneficios de la transacción.
La filtración ratifica además una vinculación a la que ya se había apuntado en las pesquisas del caso Erial, donde se encontró documentación que mencionaba la sociedad panameña Merson Overseas, que según una testigo de la investigación, tenía a De la Joya como “representante”. En 2015, Alcogal redactó un documento que autorizaba al empresario a firmar un acuerdo de servicio con la compañía East River LTD en nombre de Merson. El empresario ha rehusado hacer declaraciones sobre su relación con esta sociedad y su papel en la compra de Intelco.
Otro actor del caso Erial presente en los papeles es Joaquín Barceló, conocido por su papel como testaferro de Eduardo Zaplana. A este exdirectivo de Terra Mítica también se le había vinculado ya a la sociedad panameña Merceron Investments. El 19 de abril de 2006, Alcogal expide un poder general a su nombre para la administración de la compañía, que llegó a tener 3,4 millones de euros en sus cuentas de Andorra. La novedad es la cuenta que se abrió ese mismo día para la empresa en el banco suizo Crédit Agricole.
Otro implicado en el caso de Eduardo Zaplana es el abogado uruguayo Fernando Belhot. El letrado, especializado en la creación de redes de sociedades figura en la libreta de contactos del despacho Asiaciti, con sede en Singapur, al menos hasta 2019. Las minutas de una reunión en los archivos del despacho detallan además un encuentro, de años antes, donde Belhot se mostraba preocupado ante el dueño del despacho por un cambio legislativo. “Tienen en este momento un banco offshore en las Islas Cook”, anotan los empleados de Asiaciti, “y están preocupados por las noticias sobre la nueva legislación estadounidense”.
Belhot, al igual que De La Joya y Barceló, no han contestado a las preguntas de EL PAÍS y La Sexta.
Una cuenta en Andorra y sociedades en Hong Kong
En 2017, el empresario musical Rafael Tena fue condenado a prisión bajo fianza por su implicación en la trama de fraude bautizada entonces como ‘la rueda de las televisiones’, basada en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en este medio durante la franja nocturna. Según la causa, entre 2006 y 2011 los implicados se embolsaron más de 100 millones de euros registrando falsos arreglos en obras de dominio público a nombre de testaferros y empresas y asegurando su emisión a altas horas.
Años antes de esta sentencia, el hermano de Manolo Tena aparece vinculado al nacimiento de un archipiélago de empresas panameñas, que según la documentación filtrada fueron registradas por Alemán, Cordero, Galindo y Lee con la mediación de un despacho de abogados andorrano. Una de las sociedades, la Fundación Edale, le otorgó un poder en 2015 para actuar como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) fechada en mayo de ese año. Ante las preguntas relativas a estas sociedades, Tena afirma que su patrimonio “está declarado y cuenta con la venia de Hacienda”.
Jordi Tamargo y David Martínez trabajaron con otra firma de los Papeles de Pandora, SFM. Conocidos por haber fundado el portal de enlaces y descargas de series Series Yonkis, usaron los servicios de este despacho en el marco de la macroestafa de telefonía móvil en la que participaron con su empresa española Billy Mobile. En 2012 fundaron Crazy Networks, sociedad que fue precisamente el germen de la red que creaba aplicaciones móviles para realizar llamadas automáticas a números de tarificación adicional o activaban suscripciones a servicios de mensajería premium, cuya recepción implica un coste adicional. Según explica Tamargo, la elección del territorio fue puramente estratégica: “En el año 2013 tanto yo como David Martínez estábamos residiendo en Estados Unidos. Fue una decisión personal, un proyecto vital, ir a la Costa Oeste para entender mejor modelos de negocio basados en las últimas tendencias en el marketing mobile. El proyecto de vida era tener una pata en California y otra en Hong Kong, capitales tecnológicas donde coexiste la sinergia de la creación con la inversión”.
Entre los Papeles de Pandora están los contratos de Crazy Networks con las empresas que les ayudaron a hacer realidad el sistema, algunas ya aparecidas en las causas judiciales, como Air Ebites o Monsan. Y otras nuevas, como la malagueña Premium SMS Luna Advertising, la estonia Fortumo, y la colombiana JPA Comunicaciones. Tamargo asegura que estos son algunos de los proveedores con los que trabajaron entre muchos otros: “Es habitual en las empresas del sector usar una red de proveedores y partners internacionales”.
En 2015 se cerró Crazy Networks y fue cuando surgió Billy Mobile. Según el antiguo copropietario de Series Yonkis, fue el resultado de su vuelta a España, un año antes. “En este momento, debido al cambio, decidimos de manera voluntaria presentar en la Agencia Tributaria en España una regularización tanto de IVA como del impuesto de sociedades en relación con los impuestos de Crazy Networks de nuestra etapa americana”, precisa, antes de insistir en que no medió investigación alguna de la Agencia Tributaria y que el trámite supuso un desembolso “notable”.