El delito no tiene nacionalidad

La Ertzaintza ha modificado un criterio que llevaba décadas manteniendo y ha comenzado a precisar en sus notas informativas el origen de los autores de delitos concretos, distinguiendo entre españoles y extranjeros; y clasificando a estos últimos por distintas zonas geográficas. El Gobierno vasco y el PNV, que controla la Consejería de Seguridad, han defendido la decisión en aras de la transparencia y para combatir los bulos y la difusión de datos sesgados, con críticas directas tanto al PP como a Vox.

En una sociedad como la actual —hiperconectada y saturada de información pero madura— cualquier iniciativa que sirva para desmontar el relato de la extrema derecha, que vincula inmigración y delincuencia —algo que los números desmienten una y otra vez— tiene que ser saludado, pero también analizado con rigor. El discurso ultra ha ido creciendo, entre otras razones, por el inmovilismo, el exceso de paternalismo y la falta de pedagogía por parte de las instituciones democráticas sobre los beneficios y desafíos que supone la inmigración. Precisamente por eso, ahora deben ser muy cuidadosas para que la información que se facilite no contribuya a perpetuar aquello que se pretende combatir y termine por estigmatizar a colectivos enteros reforzando estereotipos racistas y xenófobos.

No existe una razón policial o de seguridad que justifique la decisión tomada por el Gobierno vasco. De hecho, el Ministerio del Interior mantiene desde hace años estadísticas que incluso desagregan los detenidos e investigados por nacionalidad. La razón es, según la Ertzaintza, la lucha por la verdad en un contexto en el que se manipulan los datos para justificar el endurecimiento de los discursos contra la inmigración. Es desde ese propósito desde donde habrá que valorar la eficacia de la medida.

Más de 9,8 millones de personas que viven en España nacieron en el extranjero, de las que 7,1 millones mantienen su nacionalidad de origen. La creciente inmigración de los últimos años no solo ha hecho a España más diversa, sino también más rica. La actual bonanza macroeconómica resulta indisociable de su aportación. Pese al mayor número de extranjeros, la tasa de criminalidad, medida en infracciones penales por cada mil habitantes, ha ido descendiendo en la última década hasta situarse hoy —excluido el cibercrimen— en 40,6 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica y una de las más bajas del mundo, según Interior.

Los delitos no tienen nacionalidad ni raza ni religión. No hay culturas especialmente propensas a cometerlos. Detrás de cada acusación racista y xenófoba late una cuestión económica, un problema de pobreza y exclusión. La cohesión social solo puede ir de la mano de una decidida apuesta por los pilares públicos del cada vez más desatendido Estado de bienestar (educación, sanidad, asistencia y seguridad social). Entender su importancia y dotarlos en consecuencia para responder a una sociedad con necesidades cambiantes serviría para prevenir potenciales conflictos. Mantener la seguridad, sin la que no hay libertad, es una de las responsabilidades de las administraciones. No garantizarla afecta a la calidad de vida de los ciudadanos tanto como a la calidad de la propia democracia. Pero reforzarla no pasa solo por mejorar la respuesta —o la información— policial, sino también por evitar el abandono de los servicios sociales. Si España no quiere que la antipolítica envenene su convivencia, debe ser una sociedad de acogida digna y ordenada, no una que enfrente a los vulnerables nacionales con extranjeros igualmente vulnerables.