Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dana
Los afectados por la catástrofe se merecen más agilidad en las ayudas para la reconstrucción y un presidente de la Generalitat digno de su cargo
El próximo miércoles se cumplirá un año desde que un término propio del léxico meteorológico —depresión aislada en niveles altos: dana— se instaló dramáticamente en el vocabulario de los españoles, pero sobre todo en el de los valencianos. Desde el 29 de octubre de 2024, las heridas personales, económicas y políticas siguen abiertas en miles de familias que vieron quebrada su vida para siempre y en todo un país que asiste, entre indignado y atónito, a las artimañas del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para eludir su papel como responsable último del operativo encargado de gestionar la emergencia aquella tarde fatídica.
Doce meses después de la dana que causó la muerte de 229 personas en Valencia y unas pérdidas económicas estimadas en más de 17.000 millones de euros, el esfuerzo inversor para la reconstrucción es ingente: hasta julio pasado, se han movilizado 9.240 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado, de los que el 88% (que incluye seguros y Seguridad Social) corresponde al Ejecutivo central y el resto, a la Generalitat.
Sin embargo, y sin olvidar la gigantesca dimensión del siniestro, la ejecución de la que ya es la mayor movilización de fondos jamás activada en España para atender una catástrofe va a un ritmo más lento del deseable por la insuficiente agilidad administrativa, agravada por la falta de funcionarios, que a veces deben gestionar partidas que multiplican por 10 el presupuesto de un ayuntamiento. Con todo, hay datos que ponen de relieve que el proceso de recuperación avanza gracias a la resiliencia ciudadana y a las ayudas públicas: el 85% de las empresas industriales y el 70% de los negocios urbanos de los principales municipios afectados han recuperado su actividad, según un reciente informe de la Cámara de Comercio.
En el plano político, el choque entre la Generalitat de Carlos Mazón (PP) y el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) no ha hecho más que recrudecerse en este año. En su estrategia para liberarse de cualquier responsabilidad en la gestión de la emergencia de las inundaciones, el jefe del Consell sigue manteniendo que las agencias estatales (la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar) no informaron de la debacle que se avecinaba.
El relato de la Generalitat, no obstante, está siendo desmontado auto tras auto por la jueza que instruye la causa penal, Nuria Ruiz Tobarra, por las revelaciones del material audiovisual que el Consell había ocultado o cuyo sonido se desconocía. La situación judicial del president se ha complicado además esta semana con la citación a declarar próximamente como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, que compartió con el presidente autonómico una comida que duró casi cuatro horas mientras los pueblos se anegaban y se multiplicaban las llamadas de auxilio al 112.
Como muestra el análisis de datos llevado a cabo por EL PAÍS que se publica este domingo, cuando esa comida estaba acabando ya habían fallecido al menos 56 personas en la provincia de Valencia. Por otro lado, las incógnitas sobre lo que hizo aquella tarde Carlos Mazón no hacen sino aumentar. Según una investigación de este diario que contradice lo manifestado por el president, no llegó a su despacho inmediatamente después de comer en el restaurante El Ventorro, sino poco antes de las ocho de la tarde.
No haber modificado su agenda entonces —pese a contar desde temprano con un informe encargado por él mismo que advertía de la magnitud de la gota fría— y seguir defendiendo hoy su inacción en la jornada más trágica que recuerda la Comunidad Valenciana convierte a Mazón es un presidente insostenible al que su partido hace tiempo que debería haber obligado a dimitir, un político que solo busca su salvación personal acumulando versiones contradictorias sobre sus pasos el día de la dana. Todo para intentar justificar lo injustificable: que no estaba donde debía en razón de su cargo. Así lo entienden más del 70% de los valencianos, según las encuestas. Incluida la mayoría de los votantes del PP. Y muchas víctimas, que han manifestado su rechazo a que el presidente de la Generalitat asista al funeral de Estado que el rey Felipe VI presidirá este miércoles.
Lejos de la bronca política, ese acto debe servir para que todo un país reconozca el sufrimiento de los familiares de los damnificados en Valencia, así como en Castilla-La Mancha (siete fallecidos) y Andalucía (uno). No hay consuelo suficiente ante la muerte violenta, repentina, de una madre que estaba en su casa del pueblo, o de un hermano que había bajado al garaje a sacar el coche cuando —sin que nadie hubiera activado la alerta ciudadana— un tsunami de agua y barro acabó con sus vidas. Solo se puede estar respetuosamente al lado de las víctimas y trabajar para que, sin demora, se haga justicia y encuentren reparación. Y para que nunca se olvide lo sucedido.