Una nueva caza de brujas

El execrable asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk el pasado día 10 en Utah es otro episodio de la violencia con armas de fuego que cada año mata a más personas en Estados Unidos que en el resto de los países del G-7 juntos. Aunque muchos se apresuraron a buscarle motivaciones políticas al asesino, la investigación todavía no ha encontrado pruebas concluyentes. Sin embargo, ello no ha impedido al trumpismo radicalizar su discurso en contra de la oposición y de cualquier organización progresista hasta poner contra las cuerdas un derecho consagrado nada menos que en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense: la libertad de expresión.

El lunes, el vicepresidente J. D. Vance, quien presentó el podcast semanal de Kirk en lugar de su amigo asesinado, incitó a la ciudadanía a denunciar a todos aquellos que, a su entender, “celebrasen” su muerte. En el mismo programa, el asesor presidencial Stephen Miller prometió poner “todos los recursos” a su disposición “en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y en todo el Gobierno” para eliminar una supuesta “extrema izquierda” a la que, sin mayores precisiones, considera “terrorista” y, en parte, responsable del asesinato de Kirk.

Este jueves, la cadena ABC canceló el popular programa nocturno del humorista Jimmy Kimmel. En su caso, el comentario que supuestamente ha llevado a la cancelación no criticaba a Kirk sino al movimiento MAGA. A través de su red social, Trump celebró el despido y enumeró a otros presentadores críticos con su Gobierno, que serían “los siguientes”.

La cancelación del programa de Kimmel es un episodio más de la ofensiva para extorsionar a los medios y presentadores que, según Trump, le han “tratado injustamente” durante su carrera: no solo la política, también la empresarial. Para autorizar su fusión con Skydance Media, el presidente exigió (y obtuvo) de Paramount el despido de uno de sus presentadores estrella, Stephen Colbert, y el ajuste de la línea editorial de los informativos de la cadena CBS, que aceptó abandonar las políticas de diversidad, equidad e inclusión proscritas en la Administración. También aceptó nombrar un “defensor del televidente” para estudiar las denuncias de sesgo ideológico, esto es, de los puntos de vista críticos con el Gobierno. La reciente demanda de 15.000 millones de dólares (12.820 millones de euros) contra The New York Times ha de verse bajo esa misma perspectiva: el mandatario republicano acusa al diario de “mentir durante décadas” sobre él, su familia, sus negocios y el movimiento MAGA, y de actuar como altavoz demócrata.

Que la Casa Blanca ponga toda la maquinaria represiva del Estado a perseguir cualquier disidencia ideológica —ya lo hizo con las universidades y con los bufetes de abogados que presentaban demandas contra sus políticas— resulta preocupante en grado sumo. En su historia, Estados Unidos ya ha vivido otros episodios de pánico oficial para amordazar la libertad de expresión. El más sonado, la caza de brujas del macartismo, en plena Guerra Fría, que prohibió organizaciones políticas, censuró opiniones y condenó injustamente a inocentes. Es imprescindible que no vuelva a ocurrir. Las instituciones y la ciudadanía se rebelaron entonces contra tales excesos. Esa es, también hoy, la esperanza que queda.