Ganadería contra salud pública en Ourense

Siete vecinos de la pequeña población orensana de As Conchas, una asociación vecinal y una federación de consumidores han presentado una demanda ante el Tribunal Superior gallego que, por vez primera, plantea evaluar la contaminación producida por las macrogranjas desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la vida. Los demandantes, apoyados por dos grupos ecologistas, acusan a la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y cinco ayuntamientos de no haber hecho nada para evitar o remediar la grave contaminación de la cuenca del río Limia y, en particular, del embalse de As Conchas, provocada por cientos de explotaciones ganaderas intensivas, fundamentalmente de cerdos y aves, que han proliferado en dos comarcas de Ourense desde los noventa.

Los informes epidemiológicos y de calidad ambiental que adjunta la demanda dan rigor científico a lo que vecinos y ecologistas llevan años denunciando, incluso ante las instituciones europeas: el elevado riesgo para su salud y el progresivo deterioro de sus condiciones de vida tras décadas de sobreexplotación ganadera. Las granjas industriales han convertido As Conchas en uno de los embalses más contaminados de España; casi un vertedero, con entre 32 y 97 millones de bacterias muy peligrosas por litro de agua.

La Fiscalía, que apoya la estimación de la demanda, recuerda que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para proteger el medio ambiente, y las administraciones, de hacerlas efectivas. No puede haber lugares de España donde el Estado no llegue como garante de los derechos de los ciudadanos, y eso puede haber ocurrido en Ourense durante demasiados años por la inacción de los demandados. Las administraciones no solo no ejercieron ningún control de las granjas ya autorizadas, sino que han seguido autorizando explotaciones de ganadería intensiva y permitiendo agrandar las existentes, recalca la Fiscalía. Desde 2008, los científicos de la Sociedade Galega de Historia Natural han presentado 69 denuncias contra las nuevas granjas o las ampliaciones de las que ya funcionan. Ninguna ha tenido respuesta.

Esta demanda revive las sospechas sobre las macrogranjas —de las que ni siquiera hay una definición oficial—, un modelo de producción industrial de carne que despierta crecientes recelos en Europa. El debate de fondo sigue siendo el mismo que hace tres años, cuando unas declaraciones del entonces ministro Alberto Garzón contra estas explotaciones levantaron una tormenta política con mucha más demagogia que argumentos. Las explotaciones ganaderas deben ser compatibles con la sostenibilidad social y ambiental y la salud. Ningún interés económico o político puede justificar que unos ciudadanos se vean obligados a acudir a los tribunales porque se ven, como denuncian, ante “una seria, real e inminente amenaza” a sus vidas.