Pacto fáustico en Valencia
Carlos Mazón intenta comprar tiempo político, abrazando la xenofobia y el negacionismo de Vox, para la reconstrucción
En su momento de mayor debilidad política, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, anunció este lunes un principio de acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos que asume acríticamente cuestiones básicas del ideario ultra. Mazón regresa así a junio de 2023, cuando pactó con la extrema derecha para convertirse en presidente regional y precipitó los acuerdos locales del PP con los ultras, una clave para la movilización electoral que frustró las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo de llegar a La Moncloa. Si Mazón priorizó entonces llegar al poder cuanto antes, al margen de su jefe de filas, esta vez hace otro desesperado esfuerzo por mantenerse en el cargo cuatro meses y medio después de su aún inexplicada gestión ante una catástrofe natural que ha causado más de 220 muertos en la comunidad que preside.
Mazón quiere llevar el jueves a la reunión de su Gobierno el proyecto, ocasión en que se podrán analizar las medidas concretas que incluye. Pero sus palabras de este lunes y las declaraciones de dirigentes de Vox en Madrid y en Valencia bañan de xenofobia militante y de negacionismo climático las cuentas que deben servir para la reconstrucción de la comunidad en su peor y más trascendental momento de las últimas décadas.
Sorprende la frivolidad con la que Mazón se ha abrazado a los postulados ultras en materia migratoria, en particular respecto los menores extranjeros, la cuestión que en julio pasado dinamitó los pactos de gobierno de las derechas en cinco comunidades, entre ellas la valenciana. Igual de frívolo que calificar de “dogmatismo climático” y “postulados extremistas” el Pacto Verde, suscrito por el PP y sus socios europeos. La dana no sólo reveló la vulnerabilidad de España ante fenómenos extremos acelerados por el cambio climático. Entre los afectados figuran unos 25.000 inmigrantes en situación irregular con los mismos problemas que sus convecinos nacionales. Convendría, por ejemplo, saber qué les ofrece ahora la Generalitat valenciana. De momento, la propuesta de Vox habla de establecer una “prioridad nacional en el acceso a las ayudas” y eliminar subvenciones a organizaciones propalestinas.
Aunque tenga Presupuestos, sobre Mazón seguirá pesando su palmaria incompetencia ante la emergencia del 29 de octubre, agravada por la ocultación de lo que hizo durante las horas críticas en que su comunidad se inundaba. Inexplicablemente, cuatro meses después, no se sabe qué hizo exactamente el presidente durante muchas horas de la tarde fatídica. Cada avance de la investigación judicial lanza más sombras sobre su actuación, algo que el acuerdo presupuestario no varía un ápice. Vox, por su parte, decide hacerse corresponsable de la reconstrucción de la comunidad, para la que solo ofrece sus habituales recetas extremistas, aliñadas ahora con el lenguaje de recortes y desconfianza en lo público que llega de la Casa Blanca.
El pacto es también un indisimulado intento de Mazón de mantener el pulso con la dirección de su partido y con el propio Feijóo, quien en los últimos días ha cambiado la versión inicial de vincular la continuidad de Mazón a la reconstrucción a ligarla al desarrollo de la investigación. La cúpula popular, sin embargo, avaló este lunes las negociaciones con Vox, cuyo desarrollo dijo conocer, y abrió la puerta a negociaciones similares en las otras cinco comunidades cuyas cuentas dependen de los ultras. Pese a las piruetas del PP para sostener que el acuerdo valenciano no supone un giro, Feijóo está de nuevo en la obligación de aclarar a los españoles su postura sobre el paquete ideológico reaccionario y las políticas que comporta.
Cuando Mazón compareció el 15 de noviembre en las Cortes autonómicas para explicar su gestión de la tragedia eludió escandalosamente su responsabilidad. Este periódico dijo en ese momento que no podía seguir en el cargo. Todo lo conocido desde entonces ha ido reforzando esa exigencia, incluido lo que ha trascendido de la investigación judicial. Y aún es más imperiosa con este pacto con el que intenta comprar tiempo político a costa de vincular institucionalmente, una vez más, a su partido con Vox.
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