La Casa Orsola encarna el derecho a la ciudad

La amenaza de desahucio de los vecinos de Casa Orsola, en Barcelona, ha desbordado cualquier previsión de atención mediática. No debe sorprendernos. Más allá de su realidad intrínseca, se ha convertido en un símbolo y representa a la perfección a nivel micro lo que está ocurriendo, con grandes movimientos tectónicos profundos, en las medianas y grandes ciudades europeas más atractivas. En ...

La amenaza de desahucio de los vecinos de Casa Orsola, en Barcelona, ha desbordado cualquier previsión de atención mediática. No debe sorprendernos. Más allá de su realidad intrínseca, se ha convertido en un símbolo y representa a la perfección a nivel micro lo que está ocurriendo, con grandes movimientos tectónicos profundos, en las medianas y grandes ciudades europeas más atractivas. En el edificio barcelonés confluyen todos los elementos inmobiliarios, financieros, demográficos y sociológicos que determinan hoy el funcionamiento de nuestras ciudades.

Son cuestiones como el movimiento mundial de capitales en busca de rentabilidades cada vez más elevadas, que hallan en el patrimonio inmobiliario una preciosa mina; la extensión del trabajo telemático, que propicia un movimiento mundial de personas a la búsqueda de residencias temporales en emplazamientos altamente sugerentes —por seguridad, por calidad de vida— a precios para ellas irrisorios; el aumento de una demanda inmediata de viviendas por parte de migrantes que vienen a cubrir el débil crecimiento demográfico vegetativo de nuestras sociedades occidentales; la necesidad de más viviendas por la reducción paulatina del tamaño medio de nuestros hogares; la persistencia de edificios de propiedad vertical con alquileres antiguos, indefinidos, o más recientes pero moderados que no cubren las necesidades de inversión en mantenimiento y mucho menos en rehabilitación para su puesta al día en cuestiones de estructura, accesibilidad o eficiencia energética; los planes de mejora y renovación urbana que revalorizan extraordinariamente sus entornos sin ningún mecanismo de redistribución de las plusvalías que revierta en los edificios.

La coincidencia de todos estos elementos resulta absolutamente explosiva y explota de la forma más preocupante, la que sintetiza la palabra gentrificación: la expulsión a la periferia, por el elevado precio, de los residentes habituales de la ciudad —enfermeras, profesores, panaderos, bomberos, policías, profesionales, jubilados, servidores públicos…—, en beneficio de usuarios de corta duración de las viviendas, que están de paso o que pueden permitirse el lujo de disponer de ellas sin utilizarlas de forma permanente, pagando cifras totalmente alejadas de la capacidad adquisitiva de nuestra sociedad. Explota, pues, despoblando la ciudad y arruinando la cohesión social, la integración y la convivencia entre diferentes, los que son nuestros valores históricos más preciados.

Ante estas realidades, ante esa Casa Orsola multiplicada por mil, la pregunta es qué modelo de ciudad deseamos para el futuro de nuestros hijos y nietos. Tenemos dos ejemplos en Europa que nos permiten reflexionar al ser casos extremos: Venecia y Viena. Ambas se hallan totalmente alejadas de nuestra realidad actual, pero sus modelos nos advierten de lo que puede ser nuestro futuro. Venecia se ha quedado ya prácticamente vacía de sus residentes habituales, convertida en una ciudad sin vida propia, reducida a simple parque temático. Viena tiene una población fuertemente arraigada que pasa de padres a hijos las viviendas en todo el amplio centro histórico; con amplia presencia de viviendas sociales y asequibles en todos los nuevos desarrollos, invita al turismo, pero manteniendo un equilibrio razonable entre los dos objetivos.

La opción por uno u otro modelo de ciudad debería estar en la base de nuestros debates como ciudadanos, ya que este va a ser el legado que dejaremos a nuestros descendientes. No cabe neutralidad en este terreno.

Existe la opción de dejar que los grandes flujos antes descritos actúen sin límite y nos vayan conduciendo hacia una Venecia idílica, pero que ya no será de nuestros ciudadanos, sino de otros; que ya no será “ciudad”. Eso sí, habrá que ser conscientes que no se consigue gratis, sino con elevadísimos costes humanos, sociales y políticos. Pero también cabe la posibilidad de intentar mitigar el impacto de esos grandes flujos con controles por parte de las administraciones. No debemos ser ingenuos y pensar que esos controles podrán hacer frente a la inmensa presión que se recibe; somos un David débil y temeroso de los peligros enfrentado a un Goliat muy potente, profuso y desdibujado y, por tanto, difícil de aprehender. Sin embargo, son muchos los contrafuertes que estamos a tiempo de construir para preservar aquellos valores que nos configuran, de los que nos sentimos orgullosos y que, paradójicamente, constituyen nuestro principal atractivo.

Al ver la que se nos venía encima, ya en 2007 introdujimos en Cataluña en la Ley del Derecho a la Vivienda dos instrumentos para abrir cortafuegos ante estas amenazas: la posibilidad de que las ciudades obliguen a dedicar una parte de las nuevas viviendas a vivienda protegida, y que se puedan someter las transacciones inmobiliarias residenciales al derecho de tanteo y retracto de la Administración. El objetivo de ambos instrumentos es conseguir que en la ciudad ya construida no disminuya el porcentaje de viviendas a precios asequibles, sino que se preserve y crezca como garantía de seguir contando con la deseable cohesión social. Ambas medidas han recibido muchísimas críticas, pero Viena, París y Londres cuentan con ellas. Sus políticos —de muy distinto color a lo largo de los años— las han considerado no sólo necesarias, sino imprescindibles.

Barcelona ha echado mano de los dos instrumentos de manera extraordinariamente valiente, a juzgar por lo muy criticada que ha sido por ello. La obligación de someter a tanteo las operaciones inmobiliarias ofrece una información de primer orden a la Administración para conocer lo que va a ocurrir en este mercado y, en consecuencia, poder actuar de forma preventiva, adquiriendo inmuebles por motivos de precio, localización o protección social. Y siempre con el doble objetivo de aumentar el parque público y social de pisos y de proteger a los más vulnerables. En París, mediante el tanteo o la compra directa de inmuebles, en lo que va de siglo el parque social ha aumentado en 70.000 viviendas, hasta llegar al 25% de las viviendas de la ciudad.

La operación de la Casa Orsola, finalmente adquirida por el Ayuntamiento, no se ha realizado por el sistema de tanteo. Los residentes no eran vulnerables en el sentido económico del término y quizás ello desaconsejaba la adquisición. Pero cuando la no renovación de los contratos de alquiler —aun siendo legal— no es puntual, sino que tiene una dimensión masiva, ¿no supone un detonante del riesgo de conversión de todos los inquilinos en vulnerables residenciales? ¿No deberían encenderse todas las alarmas cuando la compra privada de un edificio lleva consigo la clara voluntad de sustituir a sus residentes lo más rápidamente posible?

Lo deseable es actuar de forma preventiva en lugar de reactiva —como ha sido ahora el caso— para evitar el fuerte desgaste social y racionalizar el uso de recursos públicos. Y para ello —y este corolario que ya se está convirtiendo en cansino estribillo— resulta imprescindible incrementar los presupuestos públicos para las políticas de vivienda. De lo contrario, aunque contamos con una buena legislación, será papel mojado o, a lo sumo, su aplicación se volverá casi testimonial.

Sólo con mayores recursos podremos dar a David la fuerza necesaria para que no tenga que salir corriendo ante la terrorífica presencia de Goliat. Porque lo que nos estamos jugando con todas las Casas Orsola es no únicamente el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la ciudad. De nosotros depende que acabemos todos o no como vulnerables en ella.