Por un acuerdo en vivienda

No hace falta pasión por el consenso político —casi inexistente hoy— para encontrar puntos de contacto entre el Gobierno y la oposición sobre la vivienda. Al menos para debatir y, en su caso, acordar con urgencia una política pública que afronte el apremiante problema del acceso a un hogar. Para ello será necesario el acuerdo de todas las administraciones con competencias en el ramo: Ejecutivo central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sean del color que sean. Por eso es una buena noticia que el principal problema de la sociedad española haya sido objeto en los últimos días de sendas propuestas —aunque distintas y hasta contradictorias— por parte del Gobierno progresista y del Partido Popular.

La conexión entre ambas se limita al diagnóstico del drama y a exigencias genéricas para resolverlo: ampliar la oferta de vivienda, acelerar la política de rehabilitación, movilizar suelo construible, agilizar los trámites administrativos o arbitrar apoyos económicos y jurídicos oficiales. Todo ello supone intensificar la actuación pública para corregir los errores de un mercado imprescindible pero desbocado. Por más que Alberto Núñez Feijóo demonice todo control de la política sobre la economía calificándolo de “intervencionismo”.

Pese a todo, tanto el énfasis del presidente del Gobierno en la colaboración público-privada como el reconocimiento conservador —eso sí, implícito— de que no basta con el juego espontáneo de la oferta y la demanda para encauzar la tragedia social de la vivienda podrían guiar la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, mediante una reforma de la ley del Suelo que evite que cualquier denuncia parcial a un proyecto lo paralice enteramente, tal y como asume la Declaración de Asturias del PP. Lo paradójico es que los populares rechazaron en mayo el proyecto de ley que incluía esa reforma. O bien mediante la reducción del plazo de trámites informativos, que el PP propone ahora en la estela del reciente plan de la Generalitat lanzado por el socialista Salvador Illa. Sin olvidar el desarrollo de avales públicos en caso de impago como salvaguarda para inquilinos y propietarios.

El programa (casi) integral que Pedro Sánchez esbozó ayer parte con una ventaja inicial, la de poner el foco en el núcleo del problema: el segmento social de menores ingresos (el 40% de los españoles), que dispone con dificultad o aspira a disponer de una vivienda en alquiler (el 17% de la población), especialmente los jóvenes de 18 a 35 años que habitan en las grandes conurbaciones metropolitanas. Es notable el consenso de los expertos sobre la evidencia de que ahí fermenta el drama.

El plan del Gobierno mejora sus aproximaciones anteriores merced a su vocación integral: la acción pública y la colaboración con el sector privado, la política de oferta (empezando por el suelo edificable) y el apoyo a la demanda, el crédito y la subvención o la planificación urbana. La movilización de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial sobre los que construir una potente oferta de alquiler a través de la nueva Empresa Pública Empresarial del Suelo (Sepes) tiene más sentido que la recurrencia a las 30.000 viviendas de la Sareb para garantizar que los pisos protegidos lo sigan siendo. Se evitaría así la privatización del parque público de vivienda, a veces en beneficio de fondos buitre como los favorecidos en su día por la alcaldesa madrileña Ana Botella.

Otro pilar del plan es la colaboración público-privada mediante los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) inaugurados en otros sectores con los fondos Next Generation de la UE. Nuevos sistemas de construcción industrializados, avales públicos a inquilinos y propietarios, apoyos a quienes activen su vivienda si está vacía o un audaz gravamen a la compra por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes (para priorizar el acceso de los residentes en España) son algunas de las medidas de estímulo más novedosas. Sin olvidar la regulación fiscal de los pisos turísticos, uno de los factores del sobrecalentamiento de la demanda. El aprecio por las familias ahorradoras también es un buen paso, aunque perviva cierta confusión entre especulación e inversión: no toda la inversión en vivienda es especulativa. Y sobre todo, no debe serlo.

El programa del PP, que gobierna en 12 Comunidades Autónomas, pasa por alto el núcleo del problema y se centra en un discutible derecho no ya a la vivienda sino a esta “en propiedad”, de ahí que la subraye frente al alquiler. Además, replica la especialidad del partido: proponer rebajas impositivas. Algunas podrían ser de utilidad en este ámbito concreto, pero otras apuntan a favorecer a quienes ya disponen de una situación holgada para adquirir una casa, lo que no haría más que ahondar en el déficit autonómico al tiempo que se promueve la desigualdad, que en la sociedad española tiene una de sus mayores fuentes en la vivienda.

El problema habitacional es tan grave en España que se corre el riesgo de quedarse en propuestas —como las del PP— que, en el mejor de los casos, resultan meramente paliativas y en el peor, recuerdan a las que alimentaron la burbuja inmobiliaria. Las del Gobierno, más ajustadas a la realidad de la evolución del mercado en 2025, podrían resultar eficaces en un lustro. Hay que agilizar las medidas que puedan tener repercusión inmediata porque España necesita medidas que también funcionen a corto plazo, con una ambición a la altura del reto al que se enfrentan. Con todo, hay que dar la bienvenida a este, de momento, tímido intento de hacer política a través de propuestas contrastadas en vez del ruido cotidiano. Ojalá dure más de 48 horas.