Glovo, otro modelo laboral es posible
La decisión de contratar a miles de ‘riders’ es una victoria de la ley sobre un modelo económico que se basaba en la explotación
La empresa de reparto Glovo anunció este lunes su intención de cambiar el modelo de negocio y empezar a operar con flotas de repartidores asalariados y no con falsos autónomos, como ha venido haciendo desde su fundación en 2015. Ese modelo, por el que acumula millones de euros en sanciones y en cotizaciones impagadas, es el que ha llevado a su consejero delegado, Oscar Pierre, a comparecer ante el juez este mismo martes, investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Se trata, sin duda, de un cambio histórico y de una victoria de la ley sobre un modelo económico supuestamente innovador que sustancia su ventaja competitiva en la explotación y el incumplimiento de las regulaciones vigentes. En contra de lo que venía afirmando hasta ahora, la plataforma asegura que el cambio no afectará al desarrollo o la calidad del servicio. Reconoce de esta manera que los derechos laborales a los que tanto se resistía no solo deben sino que pueden ser compatibles con los beneficios.
El camino para proteger a los trabajadores de estas plataformas ha sido arduo y ha contado con el empeño particular de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Tribunal Supremo dictaminó en 2020 que la relación entre estas empresas y sus repartidores debía estar regida por un contrato de trabajo y no por uno mercantil, en el que el operario prestaba el servicio como si fuera un trabajador por cuenta propia. En 2021, el Ministerio de Trabajo impulsó la conocida como ley rider para aclarar esa relación, una regulación que Glovo ha venido desafiando desde entonces pese a las multas impuestas por la Inspección de Trabajo, que entre cuotas no abonadas y sanciones superan los 250 millones de euros. La plataforma digital, la principal marca del sector en España, llegó a amenazar con abandonar el país, como hizo la británica Deliveroo, pero en este tiempo la UE ha impulsado cambios legislativos en la misma dirección que el Gobierno español.
Hasta abril la Inspección de Trabajo había regularizado a 41.000 repartidores de Glovo, y la compañía asegura que el anuncio de este lunes afectará a otros 15.000 trabajadores de distintas áreas de la empresa, “el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por una inspección”, en palabras de la vicepresidenta Díaz. Lo cierto es que la propietaria de Glovo, Delivery Hero, parece querer anticiparse a posibles reclasificaciones forzosas que podrían ser mucho más caras para la compañía.
Los sindicatos advierten de que los trabajadores desconocen cómo se implementará este cambio y si realmente mejorará las condiciones de los repartidores en términos de salarios, jornada y otros beneficios. Con todo, y pese a que sus próximos movimientos deban vigilarse de cerca, la decisión de Glovo demuestra que otro modelo laboral es posible.