Formación Profesional: educación y negocio

La Formación Profesional (FP) vive en España un continuo crecimiento después de demasiado tiempo de postergación educativa y social. En los últimos dos cursos con datos oficiales (2021-2022 y 2022-2023) ha superado el millón de alumnos, con un aumento del 32% en un lustro. Supone una buena noticia para un país que sigue lamentablemente encabezando las tasas de paro juvenil en la UE (un 27,7% entre los menores de 25 años, casi 13 puntos por encima del conjunto de la Unión). La enseñanza privada ha sabido responder a este auge en la demanda de formación mejor que la pública.

Los centros públicos matriculan aún al 65,7% de los estudiantes de FP, pero en la última década su alumnado ha crecido un 31,1% mientras que el de los centros privados lo hacía un 136,6%, porcentaje que se dispara hasta un 467,5% si se tiene en cuenta solo a los centros privados no subvencionados, según los datos de un informe de CaixaBank Dualiza y Orkestra. En ello ha influido tanto la falta de plazas públicas, especialmente en las modalidades más demandadas y con mejores perspectivas laborables, como una mucha mejor adecuación de los centros privados a la enseñanza a distancia, en claro auge.

Los resultados académicos en cualquier nivel de enseñanza quedan definidos en buena medida por el contexto socioeconómico familiar del alumno. Por eso, una de las primeras responsabilidades de cualquier Administración educativa, un ámbito en que las competencias son de las autonomías, es plantear una oferta suficiente y competitiva en la enseñanza pública. Eso, junto a una mejor política de becas, contribuiría a no frustrar las posibilidades de los alumnos con menores recursos, quienes además son quienes más sufren el abandono escolar temprano. Este es el gran problema de la FP y resulta muy superior en los centros públicos que en los concertados y privados.

La red privada, parte de la cual ha pasado en los últimos años a manos de fondos de inversión, se ha centrado en la FP de grado medio y, sobre todo, superior, y en familias profesionales que cuentan con gran demanda, como Sanidad o Imagen y Sonido, lo que favorece su potencial rentabilidad para los centros no concertados. Los centros públicos y los privados concertados son también más inclusivos con los colectivos que tienen mayor riesgo de exclusión, como los extranjeros o aquellos que tienen necesidades especiales.

Cualquier iniciativa empresarial es respetable, también en la educación, pero de las administraciones depende que la lógica del mercado no se imponga a la equidad y que el nivel económico no se convierta en un factor determinante cuando lo que está en juego es la formación de las nuevas generaciones y su entrada en el mercado laboral en un país que tiene ahí uno de sus retos de futuro de mayor trascendencia.