Guerras privadas en África
La competencia entre una empresa estadounidense y el grupo ruso Wagner abre la posibilidad de una privatización de los conflictos bélicos al margen de las leyes internacionales
República Centroafricana se ha convertido en el laboratorio de un preocupante experimento político-militar que no solo afecta a ese país, sino que amenaza con convertirse en un modelo que traerá mayor inestabilidad a la región dado que sus responsables se mueven impunemente fuera de las convenciones internacionales de la guerra. A la presencia permanente —con la aprobación del Gobierno local— del grupo ruso Wagner se suma ahora...
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República Centroafricana se ha convertido en el laboratorio de un preocupante experimento político-militar que no solo afecta a ese país, sino que amenaza con convertirse en un modelo que traerá mayor inestabilidad a la región dado que sus responsables se mueven impunemente fuera de las convenciones internacionales de la guerra. A la presencia permanente —con la aprobación del Gobierno local— del grupo ruso Wagner se suma ahora la entrada en escena de la empresa estadounidense Bancroft Global Development, que cuenta con una importante experiencia de entrenamiento a ejércitos de otros países, entre los que destaca Somalia, sacudido por más de 30 años de conflicto armado. Se trata de facto de una privatización de la política de defensa que nos traslada a épocas anteriores a la creación de los Estados modernos.
Milicias cristianas e islamistas protagonizan enfrentamientos desde hace años en República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente pese a su importante reserva de recursos naturales. Bancroft mantiene conversaciones con el Gobierno presidido por Faustin-Archange Touadéra con el objetivo de desarrollar “posibles actividades futuras”. El Ejecutivo, por su parte, ha reconocido que está “diversificando” sus relaciones en materia de seguridad.
Bajo la apariencia eufemística de este lenguaje de negocios se está hablando en realidad de una guerra ejecutada por ejércitos privados. Ciertamente, la creación de ejércitos ciudadanos no hizo desaparecer a los mercenarios. Lo que ha cambiado es que detrás de estos están ahora abiertamente los Estados y en este caso dos superpotencias. Es de sobra conocida la vinculación de Wagner con el régimen de Vladímir Putin, que lo ha empleado como fuerza de choque en Ucrania y desplegado en diversos países del África subsahariana como parte de una estrategia de intervención en un área tradicional de influencia europea, en concreto de Francia. Por su parte, Bancroft —nacida hace 24 años con otro nombre y como empresa supuestamente dedicada a la limpieza de minas antipersona— tiene hoy como su principal contribuyente al Departamento de Estado de EE UU.
Wagner está acusado por la ONU de ser el responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos. En paralelo a su actividad militar, este ejército irregular no descuida el frente de la imagen y es el principal promotor de las manifestaciones callejeras celebradas en Bangui, la capital centroafricana, contra las conversaciones del Gobierno con Bancroft.
La pugna entre ambos grupos trasciende evidentemente el negocio mercenario en sí. De diferentes maneras, Moscú y Washington están tomando posiciones en un posible escenario de enfrentamiento indirecto entre ambas potencias. La gran perjudicada será sin duda una población civil convertida en el mero peón de una partida que se juega a una escala mucho mayor.