Cómo acabar con la Constitución
Si uno de los problemas del PP es que no está claro cuál es su proyecto para España, en el caso del PSOE destaca su capacidad de adoptar las ideas de los demás. Primero las de Podemos, ahora las del independentismo
En los últimos años, a menudo para cerrar un debate, se decía: “No es constitucional”. La discusión política se transformaba en una discusión jurídica, técnica; el procedimiento permitía eludir responsabilidades. Ese desplazamiento hace que se cuestionen las reglas del juego: se discute sobre el marco de convivencia. Luego, como el principal argumento contra una medida era la inconstitucionalidad, cuando se encuentra el “encaje” la medida parece positiva y la crítica queda desactivada. El ejemplo más claro, pero no único, es...
En los últimos años, a menudo para cerrar un debate, se decía: “No es constitucional”. La discusión política se transformaba en una discusión jurídica, técnica; el procedimiento permitía eludir responsabilidades. Ese desplazamiento hace que se cuestionen las reglas del juego: se discute sobre el marco de convivencia. Luego, como el principal argumento contra una medida era la inconstitucionalidad, cuando se encuentra el “encaje” la medida parece positiva y la crítica queda desactivada. El ejemplo más claro, pero no único, es la ley de amnistía. También tiene implicaciones constitucionales una de las fricciones institucionales más graves: el bloqueo de la renovación del CGPJ, cuya reforma ha esbozado su presidente, Vicente Guilarte. Hay además una concepción más autoritaria de la democracia, con una noción patrimonialista de las instituciones, que no es exclusiva de nuestro país.
Si uno de los problemas del PP es que no está claro cuál es su proyecto para España, en el caso del PSOE de Pedro Sánchez destaca su capacidad de adoptar las ideas de los demás. Al principio asumió el lenguaje de Podemos; ahora su léxico es en buena medida el del independentismo. Lo más llamativo es la velocidad: cuando el 9 de noviembre Junts y el PSOE firmaron su acuerdo, decían que el término lawfare —usar los tribunales para la persecución política— no implicaba nada, que era un problema de redacción. Ahora el término ya está incorporado. El PSOE ha autorizado dos comisiones de investigación sobre el asunto. En Politico, Félix Bolaños ha dicho que las comisiones parlamentarias investigarán casos de supuesto lawfare, y que si encuentran indicios, el caso se transferirá a la Fiscalía. El presidente del Gobierno ha dicho que no solo hay lawfare, sino que además el caso más claro es “el secuestro” del CGPJ por parte del PP, y que se han instrumentalizado instituciones políticas en nuestro país (no sabemos si se refería al CIS o la Fiscalía). Si aceptan lo que decían que era inadmisible, qué no harán con lo que firmaron sin rechistar, como las mentiras sobre el procés.
No es fácil saber qué parte de la estrategia es diseño y qué parte es conveniencia. Pero no parece aventurado pensar en un referéndum. “Basta saber contar para saber que transformar nuestro sistema político al margen de la oposición pasa no solo por una mutación de nuestra cultura política, sino porque sucumba la propia Constitución”, ha escrito Víctor J. Vázquez. Vázquez considera que no es fácil, porque es una Constitución sólida y serían necesarias muchas grietas. Pero ya se sabe: Poco a poco, y luego de repente.