Ley de amnistía, sin nada de ‘lawfare’
En España ha habido casos graves de utilización política de la justicia, pero es el poder judicial el único competente para investigar y sancionar a sus propios corruptos
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La inminente ley de amnistía ni puede ni debe mencionar el concepto de lawfare (o judicialización de la política), que sí figura en el apartado más impreciso del acuerdo de investidura PSOE-Junts. Un pacto sin embargo útil, pese a su estre...
La inminente ley de amnistía ni puede ni debe mencionar el concepto de lawfare (o judicialización de la política), que sí figura en el apartado más impreciso del acuerdo de investidura PSOE-Junts. Un pacto sin embargo útil, pese a su estreñida retórica: facilita el retorno de esta rama indepe a la política en el marco constitucional.
No debe por varias razones. Porque es un concepto históricamente impreciso, usado con complacencia por militares norteamericanos, y en contra por populismos latinoamericanos y juristas radical-liberales. Admite distintas versiones. Y no son equivalentes los dos términos mencionados. En España se emplea la expresión “judicialización de la política”, como el recurso de derivar a la justicia la solución de problemas que son políticos: en esta acepción es solo política, sin recorrido normativo.
Si la “guerra jurídica” alude al uso del sistema judicial con fines políticos o espurios —lo más frecuente— puede perpetrarse desde la judicatura, o intentarse desde fuera. En España ha habido casos graves de lawfare desde la Justicia. Como el del juez Salvador Alba contra la juez Victoria Rosell para frustrar su carrera de diputada en Podemos; y el del juez Javier Gómez de Liaño contra Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián en el asunto Sogecable, para laminar al grupo que edita este periódico.
Ambos fueron condenados por prevaricar: Alba, condenado a prisión; Liaño, inhabilitado como juez. Puede haber más, también en las causas catalanas. Pero es la Justicia, y solo ella, la competente para investigar y sancionar a sus propios corruptos, según el principio de su independencia y sujeción en exclusiva al “imperio de la ley”, pilar de la Constitución (artículo 117).
También hay casos de hipotético o probable uso indebido, o intento de torcer al poder judicial, desde fuera: desde la política o los grupos de interés, con denuncias o pruebas falsas y otros medios. El dirigente del PP Ignacio Cosidó explicó así a sus senadores, en 2018, un pacto para el poder judicial: “Controlaremos la Sala Segunda [del Supremo] desde detrás, es una jugada estupenda”. Y el exministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz aseguró en 2014 al jefe de la oficina catalana antifraude: “Esto la fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”. La veintena de querellas vacías a Podemos y las ocho acusaciones a Ada Colau ya archivadas quizá sean delictivas. Que las persiga la Justicia. O que el Parlamento agrave la legislación penal. Rien de plus.